Política¿En qué consiste la ley y cómo impacta en el Presupuesto 2026?
Un fallo judicial obliga al Poder Ejecutivo a implementar la Ley de Financiamiento Universitario, tras la insistencia del Congreso. El juez federal Martín Cormick argumenta que el "deterioro salarial impacta no solo en los trabajadores universitarios, sino también en el derecho a enseñar y aprender", catalogando la conducta del Gobierno como "arbitraria y contraria" a la Constitución Nacional.
Después del fallido intento del Gobierno nacional de derogar la ley dentro del Presupuesto 2026, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 11 ordenó al Poder Ejecutivo Nacional ejecutar de manera inmediata la Ley de Financiamiento Universitario. Tras la insistencia del Congreso (dos tercios en ambas cámaras) sobre la normativa, el Gobierno nacional promulgó la ley sin ejecución presupuestaria.
El profesor de Finanzas Públicas y Derecho Tributario de la UBA, Juan Manuel Álvarez Echagüe, analiza la Ley de Financiamiento Universitario
La decisión fue tomada el martes por el juez federal Martín Cormick en respuesta al amparo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otras entidades del sistema universitario. El magistrado consideró el decreto 759/2025, que comunicaba la no aplicación de la ley insistida, como "conducta arbitraria y contraria" a la Constitución Nacional.
Esta normativa ha generado controversia para el Poder Ejecutivo Nacional. Intentó derogarla, junto a la Emergencia en Discapacidad, en el Capítulo XI del proyecto de ley de Presupuesto 2026. Sin embargo, la oposición y algunos aliados de La Libertad Avanza votaron en contra, rechazando el capítulo en la Cámara de Diputados.
El juez rechazó la postura del Gabinete nacional, afirmando que “el deterioro salarial impacta no solo en los trabajadores universitarios, sino también en el derecho a enseñar y aprender”. Añadió que el potencial ahorro fiscal sería mínimo, alrededor del 0,23 % del PBI.
La ley fue vetada el 10 de septiembre por el presidente Javier Milei, e insistida en la Cámara de Diputados el 17 de ese mes con 174 votos a favor, 67 en contra y 2 abstenciones. Posteriormente, el 2 de octubre, el Senado rechazó el veto presidencial con 58 votos afirmativos, 7 negativos y 4 abstenciones. Cormick consideró legítima la insistencia y no admitiría una variante suspensiva para la aplicación.
Después de ser vetada en 2024, el Congreso de la Nación impuso la normativa en 2025. Esta obliga al Gobierno nacional a actualizar, desde el 1º de enero de 2025, los montos destinados al funcionamiento de las universidades públicas. La actualización se realizará conforme a la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC, entre el 1º de mayo y el 31 de diciembre de 2024.
Además, se establece una actualización bimestral de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas durante 2025. La medida, que regirá del 1º de enero al 31 de diciembre, se aplicará según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC. También obliga al Poder Ejecutivo a actualizar los salarios del personal docente y no docente de las universidades públicas por el período comprendido entre el 1º de diciembre de 2023 y la sanción de la ley, en un porcentaje no inferior al IPC del mismo lapso.