Con el comienzo del último mes del año, también inicia un nuevo paro universitario y preuniversitario en la Universidad Nacional de Salta, el cual se extenderá del 1 al 6 de diciembre, en cumplimiento de lo resuelto en el Plenario de Secretarios Generales del 18 de noviembre.
Así lo confirmó el secretario general de ADIUNSA, Diego Maita, quien lamentó que los reclamos que vienen realizando por la falta de financiación para las universidades públicas y precarización laboral, no sean acompañadas por el rector de la UNSa, Miguel Nina, a quien apuntó por los ajustes “brutales” y el silencio “sepulcral” que ejerce puertas adentro.

En este sentido, mencionó que el rector salteño fue el único en todo el país que no acompañó ni firmó el amparo que lleva la rúbrica de otros 49 directivos de casas de altos estudios.
“Nina no firmó el amparo presentado por 49 universidades para que el gobierno de Javier Milei cumpla con la ley”, aseveró Maita y agregó: “Es un gesto poco solidario para casi cincuenta universidades”.
Por otra parte, Maita señaló que ven muy difícil el comienzo del año lectivo 2026 en este contexto económico tan adverso, donde el Gobierno nacional se mantiene firme en no ejecutar la Ley de Presupuesto Universitario: “tenemos una ley aprobada, vetada, ratificada, que sigue sin cumplirse. Eso da un indicador de lo que quiere el gobierno”.

Cómo será la medida de fuerza
La medida se desarrollará sin asistencia a los lugares de trabajo, lo que podría afectar mesas de examen en caso de coincidir con los calendarios académicos de cada facultad.
Entre los reclamos, el gremio exige:
- Implementación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario.
- Convocatoria urgente a paritarias.
- Un presupuesto 2026 que respete los recursos previstos en la ley suspendida.
La Comisión Directiva también advirtió que la unidad del sector es “imprescindible” para enfrentar el proyecto de reformas laboral, jubilatoria, tributaria y educativa impulsado por el Gobierno nacional.
El Gobierno nacional se declaró en rebeldía
Recordemos que aunque las instituciones de educación superior ya disponen de la norma que asegura los fondos para continuar con sus actividades, el oficialismo insiste en no cumplirla, pese a haberla promulgado. Con el espaldarazo que, además, le dio el triunfo en las elecciones legislativas al partido violeta, la motosierra desobedece el mandato del parlamento tal y como viene haciendo desde que asumió el poder. Sin embargo, las universidades no se rinden y presentaron un amparo para que el dinero que les corresponde por ley finalmente les llegue.
El Ejecutivo sigue un modus operandi calcado: luego del rechazo de los vetos, promulga las leyes, pero avisa que no las cumplirá. Es por ello que, los rectores de las universidades nacionales presentaron un amparo, bajo la premisa de que un decreto, el que promulga la ley de financiamiento, pero al mismo tiempo suspende su ejecución por falta de fondos, no puede ser suficiente para dejar sin efecto a una ley sancionada de manera reciente por el Congreso.
Las máximas autoridades del sistema universitario advierten, además, que “la ley no establece gastos nuevos, sino que actualiza los ya existentes” y que, “el presidente sancionó decenas de decretos modificando la ley de presupuesto de 2023 (prorrogada para 2024 y 2025) y utilizando partidas presupuestarias discrecionalmente”. Esto es: para los rectores, el gobierno alude al déficit cero, pero es un argumento que solo utiliza como pretexto para no invertir en aquellas áreas en las que no cree.
Para Maita, con la situación tal como está, el panorama es muy desalentador en 2026, puesto que agobiados por la situación económica, los docentes prefieren salir del sistema para buscar otro trabajo, esos puestos quedan vacantes y las universidades no convocan a nuevos concursos, por lo que cada vez hay menos profesionales al frente de las cátedras.
De mal en peor
Desde que Milei asumió, en diciembre de 2023, se calcula que docentes y no docentes perdieron alrededor de un 45% de su poder adquisitivo, señaló el secretario de la ADIUNSa. Tanto que, según se estima, 10 mil docentes dejaron sus cargos en busca de mejores oportunidades fuera de la academia. Como si fuera poco, se suspendieron becas para los estudiantes con mayores necesidades, se paralizaron obras de infraestructura y se congelaron líneas de investigación. Tres aspectos que valen como muestra del largo rosario de demandas que hilvanan las universidades ante la falta de respuesta oficial.
