PolíticaReforma ambiental en debate
La Cámara de Diputados comenzó este martes el tratamiento de la reforma de la Ley de Glaciares, pero el debate no avanzará al ritmo que pretendía el Gobierno. La oposición logró postergar al menos un mes la votación, luego de que el oficialismo aceptara convocar a audiencias públicas antes de firmar dictamen.
El plan inicial proyectaba llevar al recinto el próximo 12 de marzo la iniciativa que ya cuenta con media sanción del Senado. Sin embargo, en el plenario conjunto de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y Asuntos Constitucionales, se resolvió no avanzar con una sesión exprés y abrir una instancia de participación ciudadana.
La presión de distintos bloques opositores surtió efecto: se fijaron dos jornadas consecutivas de audiencias públicas para el 25 y 26 de marzo, lo que, por calendario parlamentario, empujaría la eventual votación a principios de abril.
Audiencias públicas y debate federal
Las audiencias tendrán carácter abierto y federal y se desarrollarán de 10 a 19 en el Anexo C de la Cámara baja, con posibilidad de extenderse si la cantidad de expositores supera lo previsto. Participarán referentes técnicos, académicos, representantes provinciales, ambientalistas y actores del sector productivo, tanto a favor como en contra de la reforma.
Dado que el 25 y 26 de marzo caen miércoles y jueves, y luego se intercalan feriados nacionales el 2 y 3 de abril, la firma del dictamen recién podría concretarse entre el 6 y el 10 de abril.
Difícilmente los presidentes de las comisiones intervinientes, José Peluc (Recursos Naturales) y Nicolás Mayoraz (Asuntos Constitucionales), hayan aceptado el esquema sin la luz verde del Gobierno nacional.
Una carta política en manos del Ejecutivo
La modificación de la Ley de Glaciares es uno de los objetivos del presidente Javier Milei, quien incluso planea destacar la media sanción del Senado en el marco de la “Argentina Week” que se realizará en Nueva York para atraer inversores.
No obstante, la decisión de no acelerar el tratamiento evidencia que no existe un apremio inmediato. El Gobierno podría reservar la sanción definitiva como herramienta de negociación con los gobernadores de provincias cordilleranas, principales impulsores de la reforma, que ven en el nuevo marco regulatorio una oportunidad para potenciar la minería y la explotación de minerales críticos e hidrocarburos.
Los argumentos de la oposición
Durante el debate en comisión, el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro sostuvo que una audiencia amplia y participativa es indispensable “no solo en cumplimiento del artículo 41 de la Constitución Nacional y el Acuerdo de Escazú, sino también de la Ley General de Ambiente”.
Advirtió que no solo están en juego las provincias con desarrollo minero, sino también aquellas que integran cuencas alimentadas por deshielos glaciares. “El 36% de la superficie continental argentina se encuentra dentro de cuencas alimentadas por el deshielo glaciar, abarcando 20 provincias y más de 7 millones de habitantes”, remarcó.
En la misma línea, la diputada de Unión por la Patria Sabrina Selva reclamó una audiencia “pública, transparente y federal”, mientras que Juan Grabois pidió garantizar la participación de comunidades originarias afectadas por actividades en zonas periglaciares.
La diputada del Frente de Izquierda Romina del Plá fue más tajante: “Es una tarea fundamental impedir que se haga semejante desastre avanzando en permitir la destrucción de los glaciares”. Y sentenció: “Los glaciares no se tocan”.
Por su parte, el diputado Eduardo Valdés subrayó que el debate de fondo es si se preservará el acceso al agua dulce. “Glaciar es agua y agua es vida”, afirmó, y recordó que en el país existen cerca de 17 mil glaciares, con fuerte concentración en provincias como San Juan y Santa Cruz.
Qué cambia con la reforma
El proyecto modifica la Ley 26.639, sancionada en 2010, que establece presupuestos mínimos para la protección de glaciares y ambiente periglacial.
La reforma busca redefinir el alcance de las zonas protegidas y eliminar la prohibición automática de actividades extractivas en áreas periglaciares. Bajo el nuevo esquema, podrían autorizarse proyectos económicos siempre que cuenten con evaluación de impacto ambiental aprobada.
La iniciativa introduce el concepto de “formas periglaciares”, distinguiendo entre aquellas que cumplen funciones de reservas estratégicas de recursos hídricos y aquellas que no tendrían una función hídrica comprobable. Solo las primeras quedarían plenamente protegidas.
Además, se otorgan mayores facultades a las provincias para definir qué zonas preservar, reduciendo la injerencia de la administración central.
Se mantiene la prohibición de actividades económicas en glaciares propiamente dichos, pero se abre la posibilidad de avanzar en determinadas áreas periglaciares. Entre las actividades expresamente prohibidas figuran la exploración minera e hidrocarburífera, obras de infraestructura y aquellas que impliquen liberación de sustancias contaminantes en glaciares protegidos.
En cambio, seguirán permitidas las investigaciones científicas, tareas de rescate y deportes no motorizados como el andinismo.
Con el cronograma redefinido, la discusión sobre la Ley de Glaciares gana tiempo y volumen político. El debate ya no será exprés: ahora se jugará en audiencias públicas y en la puja entre desarrollo económico y protección ambiental, con el agua dulce como eje central de la disputa.