El caso que incomoda la Gobierno
La situación judicial y patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volvió a quedar en el centro de la escena política luego de que se conociera que su esposa, Bettina Julieta Angeletti, solicitó adherirse al régimen de regularización tributaria impulsado por el Gobierno nacional y conocido popularmente como "inocencia fiscal". La noticia desató una ola de cuestionamientos de dirigentes y legisladores opositores, quienes exigieron que el funcionario presente sin demoras su declaración jurada patrimonial y dé explicaciones sobre las inconsistencias detectadas en su patrimonio.
El caso adquiere especial relevancia porque la adhesión de Angeletti al régimen se produjo apenas días antes de que Adorni deba presentar ante los organismos de control la documentación correspondiente a su evolución patrimonial. Según registros de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la esposa del funcionario solicitó ingresar al esquema el pasado 31 de mayo para el período fiscal 2025.
La constancia oficial, vigente hasta el próximo 9 de julio, indica que Angeletti se acogió a los beneficios previstos en la Ley 27.799, un mecanismo que permite regularizar ingresos y activos que no hubieran sido declarados previamente, sin afrontar sanciones penales tributarias ni antecedentes fiscales. Este dato cobra relevancia porque tanto ella como Adorni son objeto de una investigación en los tribunales federales de Comodoro Py por presunto enriquecimiento ilícito.
El movimiento adquiere, sin embargo, particular relevancia por la posición que ocupa Manuel Adorni. El jefe de Gabinete ha sido vocero central de la administración Milei en materia de políticas de transparencia estatal, control del gasto público y lucha contra la corrupción. Como portavoz oficial, fue el encargado de enfatizar el mensaje de austeridad y probidad. En ese contexto político, la regularización tributaria tardía de su cónyuge genera una tensión narrativa evidente entre el discurso y la situación patrimonial del funcionario.
En ese sentido, el desfase temporal entre el registro como autónoma y la formalización tributaria es sustancial. Angeletti figura registrada en actividad como trabajadora autónoma desde abril de 2017, bajo el rubro “actividades profesionales, científicas y técnicas”, y se desempeñó durante años como monotributista.
Sin embargo, la esposa de Adorni no formalizó su inscripción en IVA ni en el impuesto a las ganancias hasta octubre de 2025, casi ocho años después, cuando Adorni ya era funcionario público de primera línea, y ambos ya integraban la nómina de “Personas Políticamente Expuestas” (PEP).
Para los investigadores judiciales, la decisión de Angeletti de acogerse al régimen de “inocencia fiscal” abre nuevos interrogantes sobre sus ingresos y movimientos de dinero, en tanto que esperan la presentación de la declaración jurada del jefe de Gabinete.
De acuerdo con la ARCA, Angeletti se encuentra categorizada como autónoma T2 −con ingresos desde $20.001 anuales− y presentó la solicitud de adhesión al régimen de inocencia fiscal el 31 de mayo pasado. Pero la constancia no detalla montos de regularización ni especifica qué activos fueron declarados bajo la Ley 27.799. Esa información permanece bajo secreto fiscal y no es accesible públicamente.
Lo que permanece desconocido es sustancial. No existe registro público sobre la magnitud de los fondos regularizados, el origen de esos ingresos, ni las razones específicas por las cuales Angeletti decidió sincerar sus números de 2025, año electoral de alto escrutinio sobre el patrimonio de los funcionarios. Tampoco se conoce si la adhesión respondió a una revisión voluntaria de conciencia, a asesoramiento fiscal reciente, a presiones mediáticas o institucionales, o a consideraciones de riesgo reputacional por su vínculo con Adorni.
Uno de los primeros en pronunciarse fue el diputado nacional Esteban Paulón, de Hacemos Nuestro País, quien cuestionó duramente la decisión de la familia Adorni y anunció la presentación de un proyecto para impedir que funcionarios públicos y sus familiares directos puedan acceder a este tipo de beneficios fiscales.
"El régimen de inocencia fiscal no puede ser la vía por la cual se laven fondos obtenidos a través de delitos contra la administración pública", sostuvo el legislador. Además, propuso excluir de estos mecanismos a quienes ejerzan cargos públicos y a sus familiares durante los dos años previos a su ingreso al Estado.
En la misma línea se expresó el exministro de Educación Nicolás Trotta, quien consideró que la adhesión al régimen no resuelve los interrogantes judiciales que pesan sobre el jefe de Gabinete.
"La inocencia fiscal promovida por el Gobierno no resuelve la inocencia penal de Adorni", afirmó. También calificó como "llamativo" que uno de los principales defensores del sistema sea precisamente quien hoy debe responder por presuntas inconsistencias patrimoniales.
Las críticas también llegaron desde el diputado de Unión por la Patria Itaí Hagman, quien ironizó sobre una de las consignas más repetidas por el oficialismo respecto al manejo de los dólares no declarados.
"‘Tus dólares, tu decisión’. El tipo hablaba para el living de su casa", lanzó en sus redes sociales.
Los bienes y gastos que se conocen
La causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra a Manuel Adorni y a su esposa, Bettina Angeletti, analiza una serie de operaciones inmobiliarias, gastos y movimientos financieros que generan dudas sobre la evolución de su patrimonio. Entre ellos, la compra de un departamento en Caballito por US$30.000 en efectivo y una hipoteca de US$200.000 sin intereses, además de una casa en el country Indio Cua adquirida mediante un pago inicial de US$20.000 y una hipoteca de US$100.000.
La Justicia también investiga una refacción en esa vivienda que, según declaró el contratista, fue abonada con US$245.000 en efectivo, además de gastos por viajes al exterior y dentro del país que superan los US$33.000. A esto se suma una deuda de US$65.000 vinculada a una operación inmobiliaria y consumos con tarjetas de crédito por más de $85 millones durante 2025. Todos estos movimientos son analizados por el fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo para determinar si guardan relación con los ingresos declarados por la pareja.