PolíticaLey de Inviolabilidad de la Propiedad Privada
Mientras el Senado vuelve a debatir la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, organizaciones sociales, dirigentes opositores y especialistas en integración urbana mantienen sus cuestionamientos a distintos aspectos del proyecto. Sin embargo, respecto del texto original, se produjo un cambio considerado clave por las organizaciones sociales: el Capítulo III, que modificaba la Ley 27.453 de Integración Socio Urbana y eliminaba la prohibición de desalojos en barrios populares registrados en el RENABAP, fue retirado de la iniciativa.
La modificación fue celebrada por TECHO, que había advertido durante el debate en comisiones sobre el impacto que tendría esa reforma para miles de familias.
Durante su exposición en el plenario de comisiones del Senado, Juan Maquieyra, representante de la organización, había señalado que el entonces Capítulo III eliminaba la protección contra desalojos vigente para los barrios incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP).
Según explicó en esa oportunidad, esa protección permitió durante los últimos años brindar estabilidad a las familias mientras avanzaban las obras de urbanización.
"Hay cinco millones de personas viviendo sin acceso a servicios básicos. Hay 1,7 millones de chicos y casi dos millones de niños menores de 12 años que viven en 6.500 barrios populares y que, con esta ley, quedarían en una situación de mayor vulnerabilidad", sostuvo.
Maquieyra remarcó además que la integración socio urbana requiere continuidad de las políticas públicas y reclamó un trabajo conjunto entre el Estado nacional, las provincias, los municipios y las organizaciones sociales.
"Necesitamos municipios, provincias y Nación a la altura de las circunstancias. Hay cinco millones de argentinos que todavía no tienen acceso a agua, cloacas y electricidad. No hay manera de que una persona sea realmente libre si cuando abre la canilla no tiene agua", afirmó.
TECHO: "Es un hito enorme"
Tras conocerse la nueva versión del proyecto, Luciana "Luchi" Rossi, directora de TECHO Salta, destacó para Gente de Salta que la eliminación del Capítulo III representa un logro de las organizaciones sociales y de los propios vecinos.
"Claro que se está tratando nuevamente el proyecto, pero sin el Capítulo III, en el cual se planteaban modificaciones a la Ley de Barrios Populares. Realmente es un hito enorme, resultado directo del trabajo que los vecinos y las organizaciones venimos sosteniendo desde la creación de la ley, con un rol clave de todo el equipo de TECHO", expresó.
No obstante, aclaró que el desafío continúa y que la organización seguirá impulsando la plena implementación de la norma.
"Seguiremos empujando para que se vuelva a financiar la Ley de Barrios Populares como debería estar actualmente", afirmó.
Desde TECHO recordaron que llevan más de dos décadas trabajando en barrios populares y consideraron que la derogación de la prohibición de desalojos pone en riesgo la continuidad de los procesos de urbanización y el resguardo de más de un millón de familias.
La otra polémica: la compra de tierras por extranjeros
Otro de los puntos más cuestionados del proyecto es la reforma de la Ley de Tierras Rurales.
El exdiputado nacional Ricardo Alfonsín calificó la iniciativa como "una vergüenza" y advirtió que eliminaría los límites vigentes para la compra de tierras por parte de personas y empresas extranjeras.
"Solo un desfachatado puede decir que la ley vigente criminaliza la compra de tierras por extranjeros. Eso es totalmente falso. Solo pone límites, que están muy lejos de haberse alcanzado", expresó.
Alfonsín recordó que la legislación actual fija un tope del 15% de tierras rurales en manos extranjeras y sostuvo que esos límites existen en numerosos países por razones de soberanía y seguridad nacional.
También vinculó la iniciativa con la política del presidente Javier Milei y cuestionó que se avance en una mayor apertura sobre recursos estratégicos.
La defensa del oficialismo
Desde el Gobierno, en cambio, sostienen que la iniciativa busca fortalecer el derecho de propiedad y brindar mayor seguridad jurídica.
Según explicó el vocero presidencial Adrián Ravier, el objetivo es evitar abusos en los procesos de expropiación estatal, agilizar los desalojos de inmuebles ocupados ilegalmente y eliminar restricciones que, a juicio del oficialismo, desalientan las inversiones.
El proyecto mantiene la prohibición para que Estados extranjeros adquieran tierras en Argentina, pero elimina los límites que actualmente rigen para personas físicas y empresas privadas extranjeras.
Un debate que trasciende la propiedad privada
La discusión en el Senado quedó atravesada por dos ejes centrales: por un lado, la protección de la propiedad privada y la seguridad jurídica que defiende el Gobierno; por otro, las advertencias de organizaciones sociales y referentes políticos que consideran que la iniciativa incrementa la vulnerabilidad de millones de habitantes de barrios populares y elimina herramientas destinadas a limitar la concentración de tierras rurales en manos extranjeras.
Con posiciones enfrentadas, el proyecto promete convertirse en uno de los debates más sensibles del año por su impacto sobre el acceso al suelo, la vivienda, la urbanización de barrios populares y la soberanía sobre los recursos estratégicos del país.