El pacto entre el kirchnerismo y la Libertad, avanza
La escena se repitió, casi como un déjà vu político. A menos de una semana del maratónico debate en la Cámara de Diputados, donde la madrugada del jueves vio a kirchneristas y libertarios unidos en un sorpresivo acuerdo, el mediodía de hoy presenció otro capítulo de esta inusual alianza.
Esta vez, el objetivo era acelerar la asunción de los tres representantes designados por la Cámara ante la estratégica Auditoría General de la Nación (AGN). El eco de aquella votación aún resonaba en los pasillos del Congreso, mientras los nuevos auditores tomaban sus puestos.
Impugnación en la AGN
Sin embargo, la aparente armonía se vio interrumpida por una voz disonante. El diputado del PRO, Cristian Ritondo, no tardó en alzar la suya, presentando una formal impugnación ante la AGN. Su objetivo: cuestionar las designaciones de Rita Mónica Almada, Juan Ignacio Forlón y Cintia Pamela Calletti, argumentando que estas están fundamentalmente viciadas de inconstitucionalidad e ilegitimidad.
La sombra de la controversia se extiende sobre la AGN, amenazando con empañar el inicio de su gestión.
El escrito, cuidadosamente redactado y dirigido al presidente de la AGN, Juan Manuel Olmos, detalla los motivos de la impugnación. La Agencia Noticias Argentinas tuvo acceso al documento, que revela que las designaciones, formalizadas a través de la Resolución 7018-D-2025, ya enfrentan un desafío legal.
Una acción de amparo, actualmente en trámite ante el fuero federal, pone en tela de juicio la validez de todo el proceso. La batalla legal, apenas comenzaba.
Ritondo, en su presentación, subraya que la causa – caratulada “Ritondo Cristian Adrián c/ Honorable Cámara de Diputados de la Nación s/ Amparo” – se encuentra radicada en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°10. Según el diputado, esta situación vuelve "improcedente la consolidación de los efectos institucionales de los actos impugnados hasta que exista una resolución judicial".
El legislador del PRO no se detiene ahí. En su presentación, advierte que las designaciones adolecen de una grave falta de competencia funcional, una flagrante vulneración del debido proceso parlamentario y un desprecio por el principio de legalidad. En consecuencia, argumenta, todos los actos derivados de estas designaciones deben ser considerados nulos. La acusación es contundente, y pone en jaque la legitimidad de los nuevos auditores.
Un detalle no menor, resaltado por Ritondo, añade aún más leña al fuego. La resolución impugnada lleva fecha del 17 de diciembre, mientras que la votación en la Cámara tuvo lugar en la madrugada del 18, a las 02:55. Para el diputado, esta incongruencia temporal es una prueba irrefutable de la ilegalidad del procedimiento, una probable mancha imborrable en el expediente.
El diputado del PRO fundamenta su posición en una interpretación sistemática de la Constitución Nacional, la Ley 24.156 y los reglamentos parlamentarios. Advierte que convalidar estas designaciones representa un grave golpe al equilibrio institucional y socava el rol fundamental de los órganos de control. La advertencia es clara: la salud de la democracia está en juego.
En su solicitud final, Ritondo insta a la AGN a abstenerse de consolidar los efectos de las designaciones cuestionadas y a adoptar todas las medidas necesarias para preservar la legalidad institucional. Todo ello, subraya, sin perjuicio de lo que finalmente determine el Poder Judicial. La pelota, ahora, está en la cancha de la Auditoría General y de los tribunales.