PolíticaTodavía tiene un largo peregrinar por comisiones
Un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados de Salta propone prohibir el ingreso, la tenencia y el uso de teléfonos celulares y cualquier otro dispositivo con conectividad por parte de las personas privadas de la libertad en todos los establecimientos dependientes del Servicio Penitenciario Provincial.
La iniciativa fue impulsada por legisladores del bloque La Libertad Avanza y surge como respuesta al creciente uso de dispositivos tecnológicos dentro de las unidades penitenciarias, una situación que, según los autores, representa un serio riesgo para la seguridad pública y el orden interno de los penales.
En los fundamentos del proyecto se sostiene que la utilización de teléfonos móviles por parte de internos ha facilitado la comisión y coordinación de distintos delitos desde el interior de las cárceles. Entre ellos se mencionan extorsiones, secuestros virtuales, estafas telefónicas y la administración de redes vinculadas al narcotráfico.
Los legisladores consideran que existe una “laguna legal” que debe ser subsanada mediante una prohibición expresa, con el objetivo de impedir que los reclusos mantengan comunicación operativa con organizaciones delictivas que actúan fuera de los establecimientos penitenciarios.
La propuesta apunta a fortalecer los mecanismos de control dentro de las cárceles y a reducir las posibilidades de que se planifiquen actividades ilícitas desde el interior de los penales. Asimismo, busca brindar mayores herramientas al Servicio Penitenciario para garantizar la seguridad institucional y la prevención del delito.
El expediente aún no cuenta con los dictámenes de las comisiones de Seguridad y Participación Ciudadana; Comunicaciones y Libertad de Expresión; Hacienda y Presupuesto; y Legislación General, por lo que deberá superar esa instancia antes de ser tratado en el recinto.
Antecedentes provinciales respaldan restricciones que de poco llegan al Congreso
El debate sobre la prohibición de teléfonos celulares en las cárceles volvió a instalarse en la agenda legislativa nacional con un proyecto que busca incorporar la restricción de manera expresa a la Ley de Ejecución Penal. Sin embargo, la discusión no es nueva: varias provincias ya avanzaron en los últimos años con medidas destinadas a limitar o eliminar el uso de dispositivos móviles dentro de los establecimientos penitenciarios.
La iniciativa impulsada a nivel nacional por la diputada Silvana Giudici propone prohibir de forma definitiva la tenencia, utilización y comercialización de celulares, tarjetas SIM, módems y cualquier otro dispositivo apto para transmitir voz o datos por parte de las personas privadas de libertad. El objetivo es impedir que desde los penales se organicen estafas telefónicas, extorsiones, secuestros virtuales y otras actividades delictivas.
En la provincia de Buenos Aires, distintos fallos judiciales y decisiones administrativas generaron durante los últimos años un intenso debate. Durante la pandemia se habilitó el uso de celulares para compensar la suspensión de visitas presenciales, pero posteriormente se impulsaron medidas para reforzar controles y restringir las comunicaciones no autorizadas. La provincia concentra algunos de los casos más resonantes de delitos coordinados desde cárceles, incluidos episodios vinculados a bandas criminales y extorsiones virtuales.
Río Negro, por su parte, avanzó con normativas y protocolos que limitan el uso de dispositivos móviles por parte de internos, privilegiando sistemas de comunicación controlados por el servicio penitenciario. Las autoridades provinciales han sostenido que la utilización irrestricta de celulares representa un riesgo para la seguridad pública y dificulta el control penitenciario.
En Chubut también se promovieron iniciativas para endurecer las restricciones. En distintas unidades penitenciarias se implementaron controles específicos y mecanismos para impedir el ingreso de teléfonos móviles, especialmente tras detectarse maniobras delictivas organizadas desde el interior de los establecimientos.
La tendencia, tanto a nivel provincial como nacional, apunta a fortalecer los mecanismos de control tecnológico dentro de las cárceles. Mientras algunas jurisdicciones optan por sistemas de comunicación supervisados y con acceso limitado, otras impulsan directamente la prohibición total de celulares y dispositivos con conectividad.
Con distintos matices, el debate se repite en todo el país, cómo equilibrar el derecho a la comunicación de las personas privadas de libertad con la necesidad de impedir que las cárceles sean utilizadas para planificar delitos que afectan a la sociedad.