El nombre de Gustavo Sáenz volvió a escena en medio de una nueva declaración judicial de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien aludió indirectamente a su figura al reconstruir un episodio vinculado a la causa por extorsión que tuvo como protagonista a Marcelo D’Alessio.
Durante su exposición ante el Tribunal Oral Federal 7, la exmandataria hizo referencia a un encuentro ocurrido en Pinamar en el que, según su relato, participaron el empresario Pedro Etchebest, el fiscal Carlos Stornelli y D’Alessio, además de una “tercera persona” identificada solo como “Gustavo”. Aunque evitó nombrarlo directamente, las descripciones coinciden con versiones previas que situaron a Sáenz en ese lugar.

El episodio en cuestión forma parte de la causa que investigó una red de extorsión y espionaje ilegal, por la cual D’Alessio fue posteriormente condenado. En ese expediente, el empresario Etchebest denunció haber sido presionado para pagar dinero a cambio de no ser involucrado en la llamada causa de los cuadernos.
Según reconstrucciones judiciales y material difundido en su momento, el encuentro en Pinamar incluyó registros fotográficos y audiovisuales. En ese contexto, D’Alessio habría mencionado a un dirigente político presente en el lugar como supuesto intermediario o “cajero”, afirmaciones que no fueron acreditadas judicialmente en relación a Sáenz.
El actual gobernador de Salta aparecía en imágenes tomadas en ese balneario en 2019, cuando aún se desempeñaba como intendente de la capital provincial. Su presencia en el lugar fue confirmada, aunque no se probó participación en las maniobras investigadas.
La sentencia contra D’Alessio, que lo condenó por liderar una asociación ilícita entre 2016 y 2019, describió un entramado que involucraba tareas de inteligencia ilegal, extorsión a empresarios y vínculos con distintos actores del ámbito judicial y mediático. Sin embargo, en ese fallo no se establecieron responsabilidades penales para Sáenz.
Las menciones recientes reactivaron el debate político. Dirigentes del oficialismo, como la intendenta de Quilmes (Buenos Aires), Mayra Mendoza, señalaron públicamente la existencia de imágenes del encuentro y cuestionaron el rol de distintos actores en aquellas maniobras. También apuntaron contra el posicionamiento político actual del mandatario salteño.
En paralelo, desde el entorno de Sáenz no hubo declaraciones oficiales inmediatas tras la nueva alusión. El gobernador ha evitado históricamente profundizar sobre el episodio, remitiéndose a la falta de imputaciones en su contra dentro de la causa judicial.
El caso vuelve a poner en foco cómo hechos ocurridos en el marco de investigaciones complejas continúan teniendo impacto en la arena política años después. En particular, evidencia cómo la causa D’Alessio —más allá de las condenas dictadas— sigue proyectando derivaciones sobre figuras públicas que, aunque no fueron imputadas, aparecen mencionadas en reconstrucciones y testimonios.
En un escenario de alta polarización, la reaparición de estos episodios refuerza la disputa por la interpretación de los hechos y el uso político de las causas judiciales, con nombres propios que vuelven a ocupar el centro de la escena.

