PolíticaAlegato del fiscal Diego Velasco
El fiscal general Diego Velasco solicitó una pena de seis años de prisión para el exministro de Planificación Julio De Vido, el exsecretario de Obras Públicas José López, el exsubsecretario Abel Fatala y los hermanos Sergio y Pablo Schoklender (antiguos apoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo).
La solicitud se realizó ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°5, en el marco del juicio oral que investiga el desvío de 206 millones de pesos (monto de la época que se exigió decomisar y actualizar por inflación) destinados originalmente a la construcción de viviendas sociales entre 2007 y 2011.
Para la fiscalía, los exfuncionarios operaron como coautores de defraudación por administración fraudulenta, mientras que los Schoklender fueron partícipes necesarios.
La estructura de la maniobra: ¿Cómo funcionaba el esquema?
De acuerdo con la reconstrucción presentada por el Ministerio Público Fiscal tras más de diez horas de alegato, el fraude se sostuvo sobre tres pilares principales:
Evadir las licitaciones (El "Programa 50"): El Estado Nacional desvió más de 748 millones de pesos de manera directa a la Fundación. Para evitar los controles de los planes de vivienda tradicionales, utilizaron el "Programa 50", un marco normativo que no estaba destinado a la construcción de casas pero que permitía la adjudicación directa. La Fundación acaparó el 70% de los fondos de este programa.
Controles "flexibles" y dobles funciones: En 2008 se modificaron las normativas para reducir las exigencias a la Fundación. Además, se detectó que los imputados Carlos Castellano y Daniel Freidin, encargados estatales de auditar los expedientes de las obras, trabajaban al mismo tiempo para la propia Fundación.
Asociaciones civiles como pantalla: Entre 2007 y 2009, los convenios incluían a asociaciones barriales supuestamente encargadas de elegir a la constructora. Sin embargo, la fiscalía demostró que estas entidades eran una fachada y que la Fundación era impuesta de antemano con sobreprecios de hasta el 100%.
"Se creó un sistema de corrupción institucional a través de la manipulación y contratación (...) Se amoldaron programas, se sacaron los controles estatales y se hizo caso omiso a las reglamentaciones", afirmó la fiscalía, señalando que un fin noble terminó en obras abandonadas en todo el país.
El rol de los principales acusados
Acusado Rol según la Fiscalía
Julio De Vido
Diseñador y garante de la maniobra. Firmó los convenios y flexibilizó las resoluciones de control.
José LópezResponsable de dar el visto bueno para la preparación de los convenios y coordinar la fiscalización (que fue omitida).
Abel FatalaInterventor directo. Omitió sistemáticamente verificar el estado real y el avance de las obras.
Sergio SchoklenderGestor del día a día de la Fundación. Firmó los contratos y obtuvo beneficios personales como la compra de inmuebles.
Pablo SchoklenderEncargado de compras con manejo de cuentas. Registró gastos de lujo incompatibles con sus ingresos e intentó vaciar documentación en 2011.
Otras solicitudes y próximos pasos
La fiscalía también solicitó cuatro años de prisión como partícipes secundarios para los exfuncionarios santiagueños Daniel y Karina Nasif, y para los auditores Castellano y Freidin, acusados de recibir retribuciones económicas en el marco de las obras.
El debate oral, encabezado por los jueces Adriana Palliotti, Horacio Obligado y Adrián Grunberg, continuará el próximo 5 de agosto con el alegato de la querella de la Unidad de Información Financiera (UIF).