Del delito a tareas sanitarias
La reforma de la Ley de Secuestros de Salta comenzó a tomar impulso legislativo luego de que diputados provinciales presentaran un proyecto de modificación que ya cuenta con estado parlamentario. La iniciativa, respaldada por el procurador general de la la Provincia, Pedro García Castiella, apunta a modernizar el régimen vigente y establecer mecanismos más eficientes para el uso y destino de vehículos secuestrados en causas penales y administrativas.
Durante una reunión realizada en la sede de la Procuración General, legisladores integrantes de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados y autoridades del Ministerio Público Fiscal coincidieron en la necesidad de adecuar la normativa a los lineamientos establecidos por el nuevo Código Procesal Penal y generar herramientas que permitan optimizar la administración de bienes secuestrados.
"Es altamente auspicioso que este tema se ponga en la agenda legislativa", expresó García Castiella, quien señaló que la Procuración venía trabajando desde hace meses en una propuesta de reforma. "Si no lo hacían ellos, lo hacíamos nosotros", afirmó al referirse al proyecto impulsado por los diputados provinciales.
El procurador explicó que la legislación actual responde a modelos procesales antiguos, diseñados para sistemas inquisitivos o acusatorios de primera generación, por lo que consideró indispensable actualizarla para acompañar las transformaciones introducidas por las recientes reformas procesales.
Vehículos secuestrados en Salta: el objetivo es agilizar su utilización
Uno de los principales ejes de la iniciativa busca resolver una problemática histórica en Salta como lo es la acumulación de vehículos secuestrados en depósitos judiciales y dependencias policiales. Miles de autos, motos y camionetas permanecen durante años a la intemperie, deteriorándose sin brindar utilidad al sistema judicial ni generar beneficios para la comunidad.
El diputado provincial Juan Pablo Cuéllar, uno de los autores del proyecto, explicó que la propuesta pretende dotar al Estado de herramientas que permitan un aprovechamiento racional de estos bienes, garantizando siempre el derecho de propiedad y las garantías del debido proceso.
"La idea es que estos elementos, que muchas veces están secuestrados de manera inútil, puedan ser puestos a disposición de tareas investigativas o de agentes sanitarios", sostuvo el legislador, quien remarcó la necesidad de avanzar hacia una norma "realmente operativa" y adaptada al nuevo Código Procesal Penal.
La propuesta también contempla la posibilidad de destinar recursos provenientes de bienes decomisados al fortalecimiento de las investigaciones penales, buscando un equilibrio entre la eficiencia del sistema judicial y la protección de los derechos de las personas afectadas por medidas cautelares.
García Castiella destacó además que provincias como Tucumán y Jujuy ya avanzaron en reformas similares, por lo que consideró necesario que Salta actualice su legislación y adopte herramientas acordes a los nuevos paradigmas procesales.
Por qué se secuestran autos, motos y camionetas en Salta
El debate sobre la reforma contempla diferentes situaciones. Existen vehículos secuestrados en causas vinculadas al narcotráfico y otros delitos graves que no son restituidos a sus propietarios una vez dispuestos los decomisos judiciales. Sin embargo, también hay miles de vehículos retenidos por razones administrativas o judiciales que permanecen durante años bajo custodia mientras sus dueños resuelven su situación o, directamente, nunca vuelven a reclamarlos.
En la ciudad de Salta, las estadísticas oficiales muestran que la mayor parte de los secuestros vehiculares se producen por dos causas principales: alcoholemia positiva y falta de documentación obligatoria.
Entre los motivos más frecuentes para el secuestro de vehículos en Salta se encuentran:
- Conducir bajo los efectos del alcohol o sustancias prohibidas.
- Circular sin licencia de conducir, cédula del vehículo o seguro obligatorio vigente.
- Conducir vehículos con pedido de secuestro judicial por robo o causas penales.
- Utilizar vehículos para la comisión de delitos.
- Presentar documentación adulterada o irregularidades en chasis y motor.
- Abandonar vehículos en la vía pública.
- Cometer infracciones graves de tránsito o incumplir normas específicas de transporte.
Según datos difundidos por la Municipalidad de Salta, en algunos períodos recientes hasta el 85% de los vehículos secuestrados estuvieron relacionados con casos de alcoholemia positiva, convirtiéndose en la principal causa de retención vehicular en la capital provincial.
Del encuentro participaron los diputados Juan Pablo Cuéllar, Rodrigo García, Carlos Jorge, Héctor Vargas, Nicolás Taibo, Emanuel Ayón y Fabián Valenzuela, junto a la directora del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, Gabriela Buabse, y la coordinadora de Informática y Modernización de la Procuración, Patricia Aballay.
Tras la reunión, legisladores y autoridades de la Procuración acordaron conformar una agenda de trabajo conjunta para compatibilizar el proyecto legislativo con los aportes técnicos del Ministerio Público Fiscal y avanzar hacia una nueva Ley de Secuestros que permita agilizar procesos, optimizar recursos y fortalecer la investigación penal en Salta.