Las sesiones extraordinarias del Congreso se extenderán hasta fines de febrero y el Gobierno nacional apuesta a obtener la media sanción de la reforma laboral en el Senado en los primeros días del mes. En ese escenario, Salta emerge como una de las provincias con mayor peso en la estrategia de negociación del oficialismo, en un contexto de gestos políticos dirigidos a gobernadores considerados dialoguistas.
Según trascendió en los últimos días, el Ejecutivo avanzó en acuerdos con distintas provincias para asegurar respaldo parlamentario. En el caso de Salta, el entendimiento incluye la asignación de cargos en la Auditoría General de la Nación (AGN), donde ya fue designada la ex diputada Pamela Calletti, un organismo clave en el control del gasto público y de fuerte valor institucional, que refuerza la gravitación política de la provincia en el esquema nacional.
Mientras el oficialismo busca acelerar el trámite legislativo, sindicatos y gobiernos provinciales endurecen sus posiciones frente a una iniciativa que promete generar un debate intenso. La reforma laboral es uno de los pilares del programa económico del presidente Javier Milei, con el objetivo de flexibilizar normas vigentes para promover el empleo formal, aunque despierta resistencias por su impacto en los convenios colectivos y en el rol de las organizaciones sindicales.
La senadora Patricia Bullrich, principal referente del oficialismo en la Cámara alta, se refirió al tema durante el fin de semana en Mar del Plata, donde encabezó un encuentro con empresarios del turismo y el comercio. “Estamos acá para destrabar empleo en blanco”, sostuvo, y ratificó que el Gobierno no está dispuesto a modificar el espíritu del proyecto, aunque dejó abierta la posibilidad de consensuar ajustes técnicos con la CGT. “Si no cambia el espíritu del proyecto, podemos conversar”, advirtió.
En paralelo, la CGT refuerza su ofensiva política y legislativa para frenar los artículos más sensibles del proyecto, mientras los senadores de distintas provincias evalúan el impacto territorial de la reforma. En Salta, el debate se cruza además con la preocupación por la agenda fiscal y el rol del Estado nacional en el financiamiento provincial.
En ese sentido, volvió a escena la discusión por la reforma tributaria. Aunque no fue incluida en el temario original de las extraordinarias de diciembre, el Gobierno decidió retomar la iniciativa de manera segmentada. El primer tramo incluiría cambios vinculados a sociedades y al impuesto a las Ganancias, dejando para más adelante una reforma integral del sistema.
La estrategia genera inquietud en varias provincias, incluida Salta, por el eventual impacto en la coparticipación federal y en los recursos disponibles para las administraciones locales. Con ese telón de fondo, el posicionamiento de los senadores salteños será clave en una negociación que combina reformas estructurales, gobernabilidad y equilibrio fiscal.
Con febrero como mes decisivo, Salta se consolida como un actor relevante en la trama política que el Gobierno necesita ordenar para avanzar con su agenda legislativa y sostener el delicado equilibrio rumbo a 2026.
Una salteña asumió en la AGN en medio de la disputa política por el control del organismo
La Auditoría General de la Nación (AGN) volvió a completar parte de su estructura con la asunción de tres nuevos auditores designados por la Cámara de Diputados en la madrugada del último jueves del 2025. Entre ellos se encuentra la ex diputada nacional por Salta, Cinthia Pamela Calletti, cuyo nombramiento refuerza la presencia de la provincia en uno de los organismos clave de control del Estado nacional.
Junto a Calletti asumieron Rita Mónica Almada, en representación de La Libertad Avanza, y Juan Ignacio Forlón, por Unión por la Patria. Las designaciones, sin embargo, no estuvieron exentas de polémica: el PRO quedó fuera del reparto de cargos y su jefe de bloque en Diputados, Cristian Ritondo, presentó un amparo judicial para que se declare la inconstitucionalidad de la resolución que habilitó los nombramientos.
Desde ese espacio cuestionan que no se haya respetado el criterio de proporcionalidad política que establece la ley para la conformación de la AGN, lo que abrió un nuevo frente de conflicto institucional en el Congreso.
Un lugar estratégico para Salta
La llegada de Calletti a la AGN representa un hecho relevante para Salta, ya que se trata de un organismo con fuerte peso institucional y político. La Auditoría General de la Nación depende del Congreso y es la encargada de ejercer el control externo sobre la Administración Pública Nacional, auditando el uso de los recursos del Estado y la ejecución del presupuesto.
Creada en 1992 por la Ley de Administración Financiera e incorporada a la Constitución nacional en la reforma de 1994, la AGN se diferencia de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) en que no responde al Poder Ejecutivo, sino al Legislativo, y realiza controles “ex post”, es decir, una vez ejecutadas las políticas públicas.
Según la normativa vigente, el organismo debe contar con siete auditores con mandatos de ocho años. Tres son designados por la Cámara de Diputados, tres por el Senado, respetando la composición política de cada cuerpo, y el séptimo —que ejerce la presidencia— es propuesto por el principal bloque opositor, tal como lo establece el artículo 85 de la Constitución.
Fin de una etapa de parálisis
Hasta la reciente designación, la AGN atravesaba una situación crítica: funcionaba únicamente con su presidente, el peronista Juan Manuel Olmos, luego de que vencieran los mandatos de los representantes parlamentarios sin que se alcanzaran acuerdos para su renovación.
Especialistas en control público destacan que la AGN cumple un rol central en la auditoría de organismos clave como la AFIP, la ANSES, la deuda pública y la ejecución general del presupuesto nacional. Además, el Plan de Acción Anual del organismo debe ser aprobado por la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, presidida por el diputado Miguel Ángel Pichetto.
En ese contexto, el desembarco de una ex legisladora salteña en la Auditoría no sólo implica mayor representación provincial en el esquema nacional de control, sino también un nuevo actor con incidencia en un momento en el que la transparencia, el gasto público y la gobernabilidad ocupan un lugar central en la agenda política.