PolíticaRecinto en llamas
La tercera sesión del Concejo Deliberante de General Enrique Mosconi derivó en un fuerte revuelo político e institucional luego de que comenzara a circular en redes sociales una imagen del expediente 0058-26, presentado por la concejal Roxana Gauna, donde se menciona la posibilidad de iniciar un procedimiento de destitución por mal desempeño.
El debate se originó en el marco de dos pedidos de informe impulsados por separado, uno por Gauna y otro por el vicepresidente del Concejo, Sergio Antonio López, ambos vinculados a la ausencia de la intendenta Ana Guerrero Palma del ejido municipal sin comunicación formal al cuerpo deliberativo.
La palabra que encendió la polémica
En el proyecto 0058-26 de Gauna figuraba, dentro del articulado, un inciso donde se dejaba expresamente “reservada la facultad” del Concejo de iniciar el procedimiento de destitución previsto en el artículo 34 de la Carta Orgánica Municipal. La difusión de esa hoja generó interpretaciones inmediatas y acusaciones cruzadas.
Desde el oficialismo se afirmó que se había pedido la destitución de la intendenta. Sin embargo, en la sesión ambos expedientes, el 0058-26 y el 0060-26, fueron unificados en un solo texto que será presentado formalmente el lunes, debido al feriado provincial del 20 de febrero por la Batalla de Salta.
La postura de López
En declaraciones a Mosconi TV, el concejal Sergio Antonio López aclaró que en su proyecto no figuraba ninguna referencia a destitución.
“De mi autoría no había parte de destitución. La palabra aparece en el otro proyecto. En el mío no está”, sostuvo.
López explicó que para destituir a un funcionario se requiere un procedimiento específico con hechos administrativos comprobados y pasos formales previos, como una eventual comisión investigadora.
“Yo creo que en este caso es solamente pedir un informe. A un funcionario no lo podés destituir sin seguir los pasos correspondientes”, afirmó.
El edil también señaló que durante un cuarto intermedio solicitó que se retiraran los articulados que consideró excesivos, y confirmó que tras la unificación el texto final no incluyó un pedido de destitución.
Además, justificó su presentación en que el Concejo no recibió documentación oficial del Ejecutivo informando quién quedaba a cargo del municipio ante la ausencia de la intendenta.
El descargo de Gauna
Ante la polémica instalada en redes sociales, la concejal Roxana Gauna publicó un extenso descargo dirigido a la comunidad.
“Allí se afirma falsamente que he solicitado la destitución de la Intendenta Municipal”, expresó, y aclaró que su proyecto, luego unificado con el de López, es un pedido de informe en el marco de las atribuciones que otorga la Carta Orgánica.
Gauna sostuvo que en el texto aprobado no existe ningún pedido de destitución y detalló que el proyecto se limita a solicitar descargo formal, requerir documentación respaldatoria y ejercer el control político que corresponde al Concejo Deliberante.
La edil señaló que la propia intendenta manifestó públicamente en un medio radial que se encontraba fuera del país, en Santa Cruz de la Sierra, lo que generó dudas institucionales respecto al cumplimiento de los artículos 32 y 33 de la Carta Orgánica, que regulan la ausencia y el mecanismo de reemplazo.
“El artículo 26 inciso 15 establece claramente que el Concejo tiene la facultad de solicitar informes y ejercer control político. Eso es exactamente lo que estamos haciendo”, afirmó.
También cuestionó lo que consideró una tergiversación del proyecto y la instalación de una narrativa de destitución que, según indicó, no figura en ningún artículo resolutivo del texto unificado.
“No promovemos violencia, no promovemos desestabilización, promovemos institucionalidad, transparencia y cumplimiento de la Carta Orgánica”, expresó. Y concluyó con una definición política. “Como concejal, mi deber no es callar, sino controlar”.
Una sesión sin transmisión y más sospechas
A la controversia se sumó un elemento que amplificó la desconfianza. La sesión no fue transmitida en vivo por problemas de conexión a internet, lo que generó suspicacias entre vecinos que siguieron el debate a través de versiones parciales y capturas de documentos difundidas en redes sociales.
En ese contexto, el intercambio digital escaló rápidamente y derivó en ataques tanto a concejales oficialistas como opositores, alimentando un clima de confrontación.