PolíticaInterna en San Lorenzo
La concejal de San Lorenzo, Agustina Rodríguez Laconi, cuestionó las declaraciones del edil Juan Pablo Dávalos y rechazó que exista una campaña de desprestigio en el marco de la denuncia por presunta falsificación de documento público, además de “querer confundir a la gente”. La respuesta es en el marco de una denuncia que el concejal Aldo Gonza, hermano del condenado y expulsado de la función pública de por vida, Ernesto “Kila” Gonza, realizó en contra de Dávalos.
En diálogo con Gente de Salta, Rodríguez Laconi afirmó que el requerimiento de documentación realizado el pasado 23 de diciembre en el Concejo Deliberante no fue solicitado por ningún concejal, sino dispuesto por la Justicia. “Un allanamiento o una medida de este tipo solo puede ser ordenada por un fiscal o un juez. No existe la posibilidad de que un concejal lo disponga”, expresó.
La edil manifestó su sorpresa por las expresiones de Dávalos, quien había calificado el procedimiento como una “opereta” política. “Después de 14 años en una banca, debería comprender cómo funciona la división de poderes. Decir que alguien ‘mandó a allanar’ es, claramente, querer confundir a la gente”, sostuvo.
Lo que el concejal Dávalos expresó en su momento, en diálogo con Gente de Salta, y a la vez denunció fue lo que considera una “persecución política”, al mismo tiempo sugirió que tanto Aldo Gonza, denunciante, como otros concejales están involucrados en una maniobra para desprestigiarlo. Juan Pablo Dávalos fue uno de los principales denunciantes del Kila Gonza, el exintendente de San Lorenzo que fue condenado en primera y segunda instancia por la Justicia de Salta por fraude a la administración pública y peculado de trabajos y servicios.
La aboigada Rodríguez Laconi remarcó además que no es la denunciante en la causa, sino Aldo Gonza y negó cualquier intención de afectar la imagen de otro edil. “Si se habla de una campaña de desprestigio, debería demostrarse dónde está. La denuncia fue presentada por otro concejal y la investigación está en manos de la Justicia”, afirmó.
En ese marco, indicó que distintos funcionarios administrativos del Concejo Deliberante ampliaron las denuncias y aportaron nuevas pruebas al expediente judicial de la causa por supuesta falsificación de documentos públicos en contra del concejal Dávalos, un delito “muy grave” en palabras de Rodríguez Laconi y que, “está penado por el código, que va desde un mes a seis años, tiene pena de prisión”.
Según explicó, estas presentaciones se produjeron en el contexto de la investigación que motivó el requerimiento de actas y legajos durante el allanamiento al Concejo Deliberante el pasado 23 de diciembre. Por último, la concejal sostuvo que el debate debe centrarse en el proceso judicial y no en interpretaciones políticas. “Las responsabilidades las determina la Justicia. Los concejales no investigan ni ordenan allanamientos”, volvió a repetir Laconi sobre el rol de cada actor.
Si bien no son los concejales, ni mucho menos, los que ordenan un allanamiento, sí los que denuncian, como fue el caso de Dávalos contra el Kila, incluso, el de Aldo Gonza contra justamente Juan Pablo Dávalos. Además, es de público conocimiento que Laconi es una férrea opositora al concejal Dávalos, junto por supuesto con los hermanos Gonza. En la sesión que debían definir si Ernesto “Kila” Gonza podía asumir como concejal, fue el voto positivo de ella, Rodríguez Laconi, de los hermanos Gonza y el de Carlos Maldonado el que lo habilitó. Una semana más tarde la Justicia ratificó la condena e inhabilitación del edil y exintendente.
