Política"La transparencia, la legalidad y la libertad no se negocian"
El Gobierno de la provincia de Entre Ríos informó este martes el hallazgo de dispositivos de grabación de audio y video ocultos en dependencias oficiales, entre ellas la oficina del gobernador Rogelio Frigerio y la Secretaría General de la Gobernación, a cargo de Mauricio Colello. Desde el Ejecutivo calificaron el episodio como un hecho “gravísimo” y sin antecedentes desde el regreso de la democracia.
El propio mandatario provincial confirmó la situación a través de sus redes sociales y aseguró que ya se realizaron las denuncias correspondientes ante la Justicia.
“Hoy encontramos tres dispositivos de espionaje en mi oficina y en la Secretaría General de la provincia. Hicimos las denuncias penales y abrimos las investigaciones internas correspondientes”, sostuvo Frigerio.
En ese mismo mensaje, el gobernador remarcó que el episodio no frenará el rumbo de su gestión: “En Entre Ríos se terminaron las prácticas oscuras del pasado. La transparencia, la legalidad y la libertad no se negocian. No nos van a frenar en los cambios y transformaciones que iniciamos en diciembre de 2023”.
Denuncia penal e investigación interna
Tras el hallazgo, las autoridades provinciales dispusieron dos acciones inmediatas. En primer lugar, se presentó una denuncia penal para que la Justicia investigue quiénes colocaron los dispositivos, desde cuándo estaban instalados y con qué finalidad.
En paralelo, se ordenó la apertura de una investigación administrativa interna, con el objetivo de determinar posibles responsabilidades y eventuales complicidades dentro de la estructura del Estado provincial.
El operativo que permitió detectar los dispositivos se llevó a cabo luego de que surgieran sospechas en el seno del Gobierno provincial. Según explicaron fuentes oficiales, conversaciones privadas de funcionarios comenzaban a circular públicamente en muy poco tiempo, lo que despertó alertas sobre una posible filtración sistemática de información.
En el procedimiento intervino personal especializado de la Policía de Entre Ríos, que constató la existencia de los aparatos y confirmó que estaban destinados a la grabación de audio y video.
En un comunicado oficial, el Ejecutivo entrerriano advirtió que este tipo de prácticas “constituyen un delito grave” y que “atentan contra la institucionalidad, la privacidad, la seguridad y el normal funcionamiento de las autoridades democráticamente electas”.
“El espionaje ilegal, el control y la persecución política fueron prácticas que durante muchos años se naturalizaron en Entre Ríos. Ese tiempo se terminó”, sostuvo el texto.
El trasfondo político y el mensaje del oficialismo
El comunicado también enmarcó el episodio en un proceso más amplio de transformación institucional iniciado hace más de un año. “Hace más de un año que la provincia decidió cambiar de rumbo, terminar con las mafias, con los sótanos del poder y con los mecanismos ilegales que operaban en las sombras”, afirmaron desde el Gobierno.
En esa línea, remarcaron: “No vamos a mirar para otro lado. No vamos a encubrir. No vamos a relativizar”.
La intención de las autoridades entrerrianas es avanzar a fondo con la investigación para determinar quiénes colocaron los dispositivos, a quiénes respondían y qué uso se le dio a la información obtenida.
“La transparencia, la legalidad, la libertad y el respeto por las instituciones no se negocian. Después de 20 años de prácticas mafiosas enquistadas en el Estado, Entre Ríos está en un proceso de saneamiento profundo. Y ese proceso no se va a detener”, concluyó el comunicado oficial, en referencia al período en el que el Partido Justicialista gobernó la provincia.