La Legislatura de la provincia de Salta aprobó por unanimidad el proyecto de ley que busca prevenir agresiones sexuales contra mujeres, niñas y adolescentes de pueblos indígenas. La iniciativa, impulsada por el senador oriundo de la comunidad Kolla, Walter Hernán Cruz, junto a Esteban D’Andrea, Dani Raúl Nolasco y Sonia Magno (MC), quedó sancionada en definitiva y fue girada al Poder Ejecutivo para su promulgación.
La norma tiene como objetivo central visibilizar, sensibilizar y educar para prevenir crímenes de odio vinculados a violencias sexuales contra integrantes de pueblos originarios en todo el territorio provincial. El primer intento de legislar sobre esta problemática ingresó años atrás con el polémico concepto de “chineo”, término que luego se buscó eliminar para evitar connotaciones culturales en delitos de extrema gravedad. Aquel proyecto no prosperó y la iniciativa actual atravesó un tratamiento prolongado en la Cámara de Diputados de Salta, hasta obtener finalmente la luz verde.
“Es una reivindicación histórica”
Luego de la sanción, Tuju Gea Zamora, hija de la histórica dirigente originaria Octorina Zamora, destacó que la aprobación de la ley representa:
“Una sensación de reivindicación de la lucha de las mujeres indígenas y del feminismo. También es una admisión del Estado salteño de que estas situaciones siguen vivas”.
Remarcó además que el camino fue impulsado durante años por organizaciones indígenas y feministas:
“Siempre dijimos que es necesario visibilizar lo que vienen denunciando las organizaciones”.
“No alcanza con visibilizar: hace falta reparación”
Zamora subrayó que la sanción es solo un primer paso, tras una larga lucha de la que su madre fue pionera:
“Además de la visibilización, necesitamos acción y reparación”.
En ese sentido, aseguró que las comunidades tendrán un rol activo en el seguimiento:
“Vamos a estar encima del proceso de principio a fin y seremos auditores de la ejecución de la ley junto a las comunidades”.
Datos, registro y políticas públicas
Por su parte, el senador Walter Cruz señaló que la implementación permitirá avanzar en información concreta:
“Que sirva de concientización y que, con su puesta en vigencia, empecemos a tener datos relevantes y certeros para cumplir con los objetivos de la ley”.
El proyecto establece la obligación de organismos estatales de registrar estos casos, una herramienta clave para dimensionar el problema y diseñar políticas públicas eficaces.
Un proyecto que superó resistencias
La iniciativa atravesó un proceso legislativo complejo. En Cámara de Diputados de Salta sufrió demoras y modificaciones, e incluso una versión anterior había perdido estado parlamentario.
Finalmente, desde el Senado y el trabajo en el área de Derechos Humanos se retomó el impulso:
“No querían abordar el tema, pero se tomó el toro por las astas”, resumieron desde el ámbito legislativo.
Un reconocimiento a las víctimas
La ley también fue definida como:
“Una caricia al alma de cientos de mujeres que padecen este flagelo”.
En el cierre del debate, se destacó la importancia de que el Estado asuma su responsabilidad, pida disculpas institucionales por las demoras y avance en la erradicación de estas prácticas.