En medio de cuestionamientos por el incumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad y una creciente tensión política, el Gobierno nacional envió al Congreso un proyecto que propone una reforma profunda del sistema vigente. La iniciativa, titulada “Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez”, ya ingresó por el Senado y plantea nuevas restricciones para acceder a beneficios, además de modificar criterios centrales de la asistencia estatal.
El envío del proyecto se da en un contexto atravesado por denuncias de irregularidades en el sistema y una crisis política vinculada a la investigación por supuestos pagos de coimas, que derivó en la eliminación de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). En paralelo, el Ejecutivo busca avanzar con una estrategia legislativa similar a la aplicada en otros temas: abrir el debate de una nueva ley mientras continúa sin implementar plenamente la normativa vigente.
Uno de los ejes principales del proyecto es la derogación de los artículos 5, 8, 9, 14 y 20 de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad (N° 27.793), lo que implica un retroceso respecto del alcance universal que había ampliado la cobertura en los últimos años. Según especialistas, esto significaría volver a un esquema previo, más restrictivo y centrado exclusivamente en la invalidez laboral.
Entre las medidas más relevantes, el texto establece un reempadronamiento obligatorio para todos los titulares de pensiones por invalidez. Los beneficiarios deberán acreditar nuevamente su condición médica, situación socioeconómica y antecedentes laborales. En caso de no cumplir con este requisito, la normativa prevé la suspensión automática de la pensión y la eventual pérdida del beneficio.
Además, se implementará un sistema de fiscalización más estricto, con cruces de datos entre distintos organismos públicos como ANSES, ARCA y SINTyS. Ante cualquier inconsistencia detectada, el Estado podrá suspender preventivamente la pensión, aunque se contempla el derecho a defensa por parte del titular.
En cuanto al monto de las pensiones, el proyecto fija el haber en el 70% de la jubilación mínima, pero elimina la facultad del Ejecutivo para otorgar adicionales por invalidez laboral o por residencia en zonas desfavorables. También introduce cambios significativos en la relación con el empleo: se establece la incompatibilidad absoluta entre la percepción de la pensión y cualquier trabajo formal, lo que impediría que personas con discapacidad accedan a empleo registrado sin perder el beneficio.
El proyecto también elimina incentivos para las empresas que contraten personas con discapacidad, suprimiendo programas de inclusión laboral y reconocimiento empresarial que estaban contemplados en la normativa vigente.
Otro punto clave es la modificación del sistema de financiamiento y prestaciones. La iniciativa elimina en la práctica el nomenclador nacional, que fijaba aranceles mínimos y condiciones homogéneas, y habilita acuerdos entre Nación, provincias y la Ciudad de Buenos Aires para la administración de fondos. Esto implica una desregulación del sistema, donde las obras sociales y prepagas podrán negociar directamente las prestaciones.
En materia de actualización, las pensiones quedarán atadas a la evolución del haber jubilatorio mínimo, mientras que los aranceles de las prestaciones se ajustarán de manera trimestral o por índice de inflación (IPC) en caso de demoras. También se incorpora una compensación de emergencia vinculada al IPC para los prestadores.
Desde el oficialismo argumentan que la reforma busca ordenar el sistema y evitar irregularidades, pero distintos sectores advierten que las medidas implican un endurecimiento de las condiciones de acceso y una reducción de derechos adquiridos.
La elección del Senado como cámara de ingreso responde a una estrategia política: el Gobierno considera que allí tiene mayores posibilidades de construir mayorías. Sin embargo, el debate promete generar tensiones incluso entre bloques aliados que el año pasado respaldaron la declaración de emergencia en discapacidad.
Con este escenario, la discusión parlamentaria se anticipa intensa, en un contexto donde organizaciones, prestadores y familias ya expresan preocupación por el impacto que podría tener la reforma en la vida de miles de personas.