Preocupación en Diputados sin colores políticos
Dos iniciativas legislativas ingresadas a la Cámara de Diputados de la Provincia de Salta ponen el foco en una preocupación creciente: la vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes frente a los riesgos digitales y las amenazas dentro del ámbito escolar. Dos proyectos fueron analizados este martes en la Cámara de Diputados, tendientes a poner un freno al descontrol de las redes sociales y uso de plataformas digitales por parte de los chicos y chicas en formación.
El primero, impulsado por los diputados Guillermo Kripper y Nicolás Taibo, propone regular el acceso y uso de redes sociales por parte de menores de edad. La iniciativa plantea prohibir el acceso a redes sociales a menores de 13 años y establecer un esquema de supervisión parental obligatoria para adolescentes de entre 14 y 16 años.
El proyecto se apoya en la protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes y amplía el abordaje más allá del grooming, contemplado en la Ley Mica Ortega, para incluir otros riesgos vinculados al entorno digital, como el impacto en la salud mental, la exposición a contenidos nocivos y situaciones de violencia online.
La propuesta también apunta a responsabilizar a las plataformas digitales mediante mecanismos de verificación de edad y medidas de protección, evitando que las sanciones recaigan sobre los menores. Sus autores sostienen que la regulación busca equilibrar el acceso a las tecnologías con la necesidad de garantizar un desarrollo saludable y seguro, tal como se implementa en otros países.
Kripper sostuvo que “el desastre que están causando las plataformas las tienen que atajar los profesionales de la salud, los docentes y, como pueden, los padres. Pero y las plataformas, ¿nadie las hace responsables? hay países que ya le dijeron ‘hasta acá’”.
A lo que el legislador Omar Exeni agregó que entiende que este tipo de legislaciones deben salir del Congreso, pero es que importante que Salta comience a hacer algo al respecto a través de mecanismos posibles como la tarea conjunta con los ministerios competentes.
En paralelo, un grupo de legisladores del bloque La Libertad Avanza (Eduardo Virgili, Nicolás Arce, Claudio Cansino, María Victoria Cayo, María Elena Davids, Fernanda Domínguez, Alejandro Esper, Franco Lastra y Sergio López) presentó un proyecto para crear el Sistema de Seguridad Escolar y Prevención de Amenazas. La iniciativa surge en un contexto marcado por amenazas de tiroteos y desafíos virales difundidos en redes sociales que generaron alarma en comunidades educativas del país.
El proyecto se estructura sobre cuatro ejes: prevención, protocolos unificados, seguimiento de casos y responsabilidades compartidas. Entre las medidas previstas se incluye la creación de un Programa Provincial de Convivencia Digital Escolar para abordar en las aulas el uso responsable de redes sociales, el impacto de los retos virales y las consecuencias legales de amenazas falsas.
Además, plantea implementar un protocolo único de actuación ante amenazas escolares y un registro provincial para monitorear cada caso hasta su resolución. El texto también hace énfasis en la responsabilidad de adultos, plataformas y adolescentes frente a situaciones que pongan en riesgo la seguridad escolar.
Ambos expedientes todavía no cuentan con dictámenes de comisión, pero reflejan una tendencia creciente dentro del debate legislativo: la necesidad de adaptar las políticas públicas a nuevas formas de vulnerabilidad que atraviesan la escolaridad y la vida cotidiana de adolescentes en entornos digitales.
Más allá de las diferencias partidarias e ideológicas, ambos proyectos dejan al descubierto una preocupación transversal dentro de la política salteña como lo es el impacto que las nuevas dinámicas digitales y sociales están teniendo sobre la salud mental, la seguridad y el desarrollo emocional de niñas, niños y adolescentes.
En ambos casos aparece un denominador común: la salud mental de chicos y adolescentes en pleno crecimiento. La preocupación ya no se limita únicamente al rendimiento escolar o a la seguridad física, sino también al impacto emocional y psicológico que generan los entornos digitales, la hiperexposición, los discursos violentos y los consumos virtuales sin control.
Las propuestas reflejan además un cambio de época en el debate legislativo. La política comienza a discutir cómo acompañar a una generación que crece conectada desde edades cada vez más tempranas, en un contexto donde las redes sociales dejaron de ser solo espacios de entretenimiento para convertirse también en ámbitos de presión social, hostigamiento, aislamiento y construcción de identidad.