PolíticaDebate en el Congreso
En medio del debate por la reforma del Régimen Penal Juvenil, la diputada nacional de Unión por la Patria (UxP) Victoria Tolosa Paz lanzó duras críticas contra el proyecto impulsado por el oficialismo y reclamó “más seriedad, menos marketing y menos eslóganes” al momento de abordar el delito adolescente.
Al intervenir en el recinto como miembro informante del dictamen de minoría de su bloque, la legisladora bonaerense cuestionó especialmente a la ministra de Seguridad y referente de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, por instalar —según afirmó— una “campaña de marketing” en torno a la consigna “delito de adulto, pena de adulto”.
“Le puede servir para una campaña electoral, pero se aleja de lo que tenemos que hacer quienes tenemos la responsabilidad de sacar adelante este país”, sostuvo Tolosa Paz, marcando distancia con el enfoque punitivista del oficialismo.
La diputada explicó que la propuesta de Unión por la Patria establece que los adolescentes serán punibles entre los 16 y 18 años y que la pena máxima será de 10 años. “Parte de una pena proporcional, diferencial, con un sistema que los va a juzgar, defender y les va a dar una salida en base a la Constitución. Nos hacemos cargo de eso”, remarcó.
En ese sentido, insistió en que el problema de la delincuencia juvenil no puede resolverse con consignas simplificadas ni con cambios constantes en la edad de imputabilidad. “Este problema no se soluciona con consignas de marketing, cambiando la edad de punibilidad cada 24 horas como si fuera un juego de póker, sino con responsabilidad política”, afirmó.
Tolosa Paz también cuestionó la calidad técnica del proyecto presentado por el oficialismo. “Acaban de traer un pésimo proyecto, no van a resolver el problema y la Argentina, después de 45 años, necesita un régimen penal juvenil con una mirada diferente, con un Estado que no mire para otro lado”, concluyó.
El debate por la reforma del régimen penal juvenil vuelve así a instalarse en el centro de la agenda legislativa, con posiciones enfrentadas entre quienes promueven un endurecimiento de las penas y quienes plantean un enfoque integral que combine responsabilidad penal con garantías constitucionales y políticas de inclusión.
