PolíticaNoticias falsas financiadas con fondos públicos
Tras haber quedado sin fueros el pasado 10 de diciembre, el exdiputado nacional Emiliano Estrada deberá presentarse ante la jueza federal de Garantías 2 de Salta, Mariela Giménez, el próximo jueves 18 de diciembre, para la audiencia de formalización de la investigación y de imputación, en el marco de la causa que por peculado y abuso de autoridad se lleva en su contra.
“La Cámara la confirmó a la señora juez en el rol de juez de Garantías de esta causa. Fuimos notificados ayer, a las 4 de la tarde”, dijo el fiscal federal Carlos Amad a Gente de Salta, tras lo que reveló que el viernes 5 de diciembre él había solicitado nuevamente la convocatoria a la “audiencia de formalización de la investigación, con citación a este señor, y en el día de hoy nos fijaron la audiencia para el jueves 18".
El representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) detalló que ese día, a las 8 de la mañana, Estrada “se va a tener que presentar a la audiencia de formalización de la investigación y de imputación, obviamente”, y expresó: “esperamos que esta vez concurra, porque ya no tiene fueros en donde ampararse”.
El exlegislador, a través de su defensa, había recusado a la jueza, con la intención de llevar la causa a los tribunales de Comodoro Py, en la ciudad de Buenos Aires, pero la Cámara Federal rechazó esa presentación y confirmó a Giménez, tras lo que se fijó la nueva audiencia, a la que Estrada llegará como un ciudadano común, desprovisto de los fueros que hasta ahora le habían permitido sortear los laberintos de la justicia.
El fiscal explicó que, en caso de no presentarse a esa nueva audiencia, él puede pedir la detención de Estrada para llevarlo ante la jueza interviniente.
Las acusaciones lo señalan al exdiputado como el artífice de una maquinaria de creación de noticias falsas, financiada con fondos públicos, y su inmunidad parlamentaria le permitió hasta ahora postergar su comparecencia ante la justicia.
Estrada, recordado como uno de los nueve economistas que visitaron a Cristina Fernández de Kirchner en su residencia, habría dado instrucciones precisas a sus asesores, cuyos salarios eran costeados por el Congreso de la Nación, para orquestar una campaña de desprestigio a través de TikTok y otras redes sociales, con videos de contenido difamatorio que apuntaban a instalar la idea de un “Estado narco” en Salta, además de lanzar descalificaciones contra empresarios y adversarios políticos.
Pedido de desafuero
A fines de noviembre, la Cámara Federal de Casación Penal convalidó el pedido de desafuero que lo mantenía al margen de la justicia, teniendo en cuenta que era legislador nacional, pero concluyó su mandato en la Cámara Baja sin que esta solicitud pueda llegar al recinto para su tratamiento.
El peso de la evidencia en su contra se incrementó cuando dos de sus ex colaboradores, Florencia Arias Bustamante y Javier Alonso Allemand, admitieron su participación en los hechos, por lo que fueron condenados en un juicio abreviado, que se desarrolló en la órbita de la Justicia provincial salteña.
La investigación contra Emiliano Estrada continuó su curso en el Juzgado Federal 2 de Salta, bajo la subrogancia de Mariela Giménez, mientras que Amad, con paso firme, impulsó la citación del entonces legislador a una audiencia de formalización.
En esta instancia crucial, el imputado es informado detalladamente de las sospechas que recaen sobre él, lo que le permite preparar una estrategia de defensa.
La fecha original para esta audiencia clave estaba fijada para junio, pero Estrada no se presentó amparado en sus fueros, obstruyendo así el avance del proceso judicial.
A partir de ese momento, se desencadenó una serie de maniobras legales y políticas con el objetivo de lograr su desafuero.
Los antecedentes en el Congreso
El miércoles 15 de octubre, la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados se reunió en un ambiente de alta tensión y, tras un debate extenso y acalorado, los legisladores decidieron pasar a un cuarto intermedio para deliberar sobre la solicitud de desafuero del diputado salteño de Unión por la Patria.
Esta decisión, tomada a pocos días de las elecciones del 26 de octubre, le concedió un respiro temporal.
La solicitud tomó por sorpresa a muchos en el Congreso, quienes incluso desconocían el pedido formalizado por la jueza federal de Salta, en junio.
La revelación generó una onda expansiva. El propio presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoranz, reaccionó de inmediato y solicitó que el cuerpo se constituyera en comisión para analizar en profundidad el pedido contra Estrada.
La defensa kirchnerista y las acusaciones cruzadas
Sin embargo, Rodolfo Talhaide, de Unión por la Patria, emergió como un defensor del legislador salteño, construyendo una narrativa que lo presentaba como víctima de una persecución política.
Según Talhaide, la ausencia de Estrada en la audiencia imputativa no fue "una simple ocurrencia", sino el resultado de objeciones presentadas con respecto a la competencia del juzgado interviniente.
"El pedido de desafuero está recurrido, por lo que no se encuentra firme y no corresponde", argumentó Talhaide en ese momento, quien no se conformó con la defensa técnica y lanzó una acusación que resonó en todo el recinto.
Al encuentro de la Comisión de Asuntos Constitucionales fue convocado el salteño para que esgrima su defensa y, finalmente, se defina el pedido de desafuero que pesaba sobre él por los delitos de peculado y abuso de autoridad tras descubrirse el armado de cuentas fakes, con recursos del Estado nacional y con intenciones de difamar a políticos, empresarios y periodistas, entre otros.
Pero el legislador no concurrió y por entonces continuó en campaña junto al exgobernador Juan Manuel Urtubey.
Llegó el día de las elecciones y Estrada perdió en las urnas, por lo que dejó de ser diputado y con ello perdió los fueros que le facilitaban la posibilidad de esquivar a la justicia.