PolíticaEl rol de la Universidad y estudios ambientales
En un movimiento que marca un quiebre en la relación entre las provincias y la Casa Rosada, La Pampa se convirtió en la primera en llevar a la Justicia al gobierno de Javier Milei por la reforma de la Ley de Glaciares.
El gobernador Sergio Ziliotto presentó un amparo colectivo ambiental con el objetivo de frenar la aplicación de la norma y lograr que sea declarada inconstitucional. La demanda incluye además una medida cautelar para suspender de inmediato sus efectos.
Un gesto político con impacto nacional
La decisión no solo tiene alcance jurídico, sino también político: es la primera vez que una provincia judicializa directamente una de las reformas clave impulsadas por el Gobierno libertario.
Desde La Pampa sostienen que la ley representa un avance sobre derechos ambientales y un riesgo concreto para el acceso al agua.
“Estamos planteando la inconstitucionalidad y nulidad absoluta de esta ley”, afirmó Ziliotto.
El agua, en el centro de la disputa
El eje del reclamo es claro: el impacto sobre los recursos hídricos.
Aunque la provincia no cuenta con glaciares, depende de cuencas de origen glacial, especialmente del río Colorado, fundamental para el abastecimiento de agua de gran parte de su población.
Para el gobierno pampeano, la reforma implica un escenario directo de pérdida:
“Nos van a quitar derechos sobre el agua”, advirtió el mandatario.
Alianza con universidades y ambientalistas
El amparo fue presentado junto a la Universidad Nacional de La Pampa, la Fundación Chadileuvú y la Asamblea por los Ríos Pampeanos, lo que amplía el respaldo político y técnico del reclamo.
El planteo sostiene que la norma:
- Viola el derecho a un ambiente sano
- Afecta la disponibilidad y calidad del agua
- Implica un retroceso ambiental
Un frente que puede crecer
La movida de La Pampa podría no quedar aislada. Organizaciones como Greenpeace y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales ya trabajan en presentaciones judiciales similares.
El conflicto amenaza con escalar hacia una judicialización más amplia de la ley.
Nación bajo presión
El gobierno de Milei enfrenta así su primer gran desafío judicial en materia ambiental, con una provincia que decidió dar el paso y confrontar abiertamente.
Más allá del resultado en tribunales, el gesto político ya está hecho:
una provincia se animó a judicializar una de las reformas centrales del oficialismo.
Y en ese camino, podría no estar sola por mucho tiempo.