Made in Consejo de Mayo
El gobierno nacional presentó el proyecto de Ley de Libertad Educativa, una iniciativa que propone una reorganización integral del sistema educativo argentino y que retoma varios de los lineamientos discutidos en el Consejo de Mayo.
La norma redefine el rol del Estado, amplía la autonomía de las instituciones escolares y habilita nuevas formas de escolarización.
“La evidencia internacional demuestra que los mejores resultados educativos están en directa relación con altos niveles de autonomía y libertad de los docentes, los directores, las familias”, señala el informe final del Consejo.
A diferencia de la Mesa Técnica de Reforma Laboral, que sesionó de manera semanal entre julio y noviembre, la Mesa Técnica de Educación tuvo un recorrido más acotado en el calendario y con menor frecuencia: se reunió de forma mensual entre septiembre y diciembre, donde surgieron los lineamientos que luego se plasmaron en el proyecto de ley.
Escolaridad obligatoria y estructura del sistema
El texto establece que la educación obligatoria se extiende desde los 4 años hasta la finalización de la secundaria, abarcando la Educación Inicial, Primaria y Secundaria. Si bien la educación inicial se reconoce desde los 45 días de vida, la obligatoriedad comienza a los cuatro años, ordenando un esquema que ya existía parcialmente en la práctica.
Autonomía institucional y contenidos mínimos
Uno de los ejes centrales del proyecto es la autonomía institucional, tanto para escuelas estatales como privadas. La ley habilita a las instituciones a definir su proyecto educativo, los métodos pedagógicos, la organización escolar y parte de los contenidos, dentro de un marco común de contenidos mínimos nacionales y jurisdiccionales definidos por el Estado y las provincias.
El esquema plantea que esos contenidos obligatorios puedan dictarse en una porción acotada de la carga horaria anual, mientras que el resto del tiempo deberá destinarse a los llamados “Espacios de Definición Institucional", donde cada escuela podrá desarrollar contenidos propios según su ideario y contexto cultural o territorial.
Horas de clase y calendario flexible
La ley fija pisos mínimos de horas anuales de clase: 540 horas para la educación inicial y 720 horas para la educación Primaria y secundaria.
A diferencia de esquemas anteriores, cada institución podrá definir su propio calendario escolar, siempre que respete esos mínimos, lo que apunta a garantizar un umbral común de tiempo pedagógico efectivo en todo el país.
Además, la educación básica, que incluye la inicial, la primaria y la secundaria, es declarada servicio esencial, lo que implica que durante conflictos o medidas de fuerza deberá garantizarse una continuidad mínima de clases.
El proyecto establece que las jurisdicciones deberán instrumentar mecanismos para asegurar esa prestación, en línea con uno de los puntos más debatidos dentro del Consejo de Mayo, según argumentaron en el documento paralelo de recomendaciones.
Nuevas formas de escolarización
El proyecto incorpora explícitamente modalidades alternativas de enseñanza, entre ellas la educación en el hogar y los entornos virtuales de aprendizaje, incluso aquellos gestionados por instituciones radicadas fuera del país.
Para estas modalidades la validez de los aprendizajes se garantizará mediante evaluaciones estandarizadas sobre los contenidos mínimos obligatorios.
Las familias deberán inscribir a los estudiantes en registros jurisdiccionales, diseñados para asegurar trazabilidad educativa sin controles invasivos sobre la vida familiar ni sobre la orientación pedagógica elegida.
De esta manera queda habilitado el “homeschooling”, que permite que las clases se den en los propios hogares y donde el rol de profesor lo podrían ocupar los mismos padres, aunque también podrían ser los docentes quienes recurran a la vivienda. Además, con la habilitación digital, los alumnos podrían instruirse sin pisar un aula.
Evaluación, ENES y publicación de resultados
La iniciativa refuerza la política de evaluación educativa permanente. Establece evaluaciones periódicas y crea el Examen Nacional de Educación Secundaria (ENES), de carácter voluntario, destinado a estudiantes que finalicen ese nivel.
El ENES busca funcionar como referencia académica para la continuidad de estudios, la inserción laboral y la identificación de trayectorias destacadas.
Asimismo, la autoridad educativa nacional deberá publicar anualmente los resultados de las evaluaciones censales por escuela, resguardando la identidad de estudiantes y docentes. La información se presentará en portales abiertos con fines informativos y de gestión, un punto que ya había sido impulsado desde el Consejo de Mayo como herramienta de transparencia y mejora del sistema.
Educación del exterior y oferta académica internacional
El proyecto incorpora la posibilidad de acceder a trayectos educativos ofrecidos por instituciones radicadas en el exterior, principalmente en modalidad virtual.
En el caso de las universidades extranjeras que deseen ofrecer carreras en la Argentina, la ley establece que deberán constituirse como entidades sin fines de lucro y cumplir los mismos requisitos académicos que las universidades privadas nacionales.
De este modo, el sistema pasaría de un esquema basado en acuerdos puntuales y dobles titulaciones a una apertura regulada, con control estatal sobre la oferta y la validez de las certificaciones.
Financiamiento y rol del Estado
En materia de financiamiento, la ley combina el sostenimiento pleno de las escuelas estatales con aportes regulares a instituciones privadas. Al mismo tiempo, habilita instrumentos de financiamiento por la demanda, como becas, bonos o “vales” equivalentes, destinados a garantizar la libre elección educativa bajo criterios de equidad.
Toda institución que reciba fondos públicos deberá presentar rendiciones anuales obligatorias, y la Nación deberá publicar información consolidada sobre inversión educativa, criterios de asignación y distribución de recursos entre jurisdicciones.
El documento del Consejo de Mayo, que funcionó como insumo técnico para esta propuesta, fundamenta la reforma en el bajo desempeño del sistema educativo. Allí se señala el estancamiento de Argentina en las pruebas internacionales PISA, los resultados adversos de las evaluaciones nacionales Aprender y las marcadas brechas socioeconómicas en los aprendizajes, además de la pérdida de días efectivos de clase por conflictos y desorganización del calendario escolar
En ese contexto, la Ley de Libertad Educativa propone un cambio de enfoque basado en mayor autonomía institucional, más información pública y mayor responsabilidad de los actores, combinando libertad curricular con evaluación y reglas comunes.