SociedadGraves irregularidades
Aguas Blancas, en el norte de Salta, es un punto estratégico de frontera con Bolivia. Reconocida por ser uno de los pasos más utilizados para el transporte ilegal de mercadería y tráfico de estupefacientes, la localidad también revela un problema menos mediático, pero igualmente grave: la informalidad en servicios básicos como luz y agua.
Un relevamiento realizado por el municipio local dejó al descubierto una situación insólita: el 100% de los vecinos que viven al costado de la ruta principal, desde el ingreso hasta el puente internacional, están conectados de manera ilegal a los servicios de luz y agua. En el interior de la localidad, estimaciones preliminares indican que al menos la mitad de los hogares podría encontrarse en la misma condición.
El interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, denunció una grave situación de descontrol territorial y robo de servicios públicos en distintos sectores de la localidad, lo que afecta directamente a los vecinos que sí pagan agua y electricidad.
Según explicó, dos kilómetros antes de llegar a Aguas Blancas, sobre los márgenes de la Ruta Nacional 50, terrenos pertenecientes a Vialidad Nacional se encuentran usurpados. En esa zona, todas las viviendas están conectadas de manera ilegal a la electricidad y el agua se provee de forma precaria, mediante un camión cisterna que reparte hasta la entrada del pueblo.
La situación se agrava desde la entrada del pueblo hasta el área de Migraciones y el tinglado de Aduana, donde también se detectaron usurpaciones. En ese sector pasa el acueducto principal, el cual fue perforado de manera ilegal por los vecinos asentados allí, provocando que el agua no llegue a quienes pagan regularmente el servicio. Además, en esos terrenos se realizaron loteos sin autorización municipal.
Zigarán señaló como responsable de la venta irregular de estas tierras a Gastón Gardei, hijo del propietario de la finca, quien comercializa lotes sin servicios ni aval legal. Desde el municipio se advierte a la población que no compren terrenos, ya que la Municipalidad no brindará servicios en esos asentamientos.
Tres grupos de afectados
El interventor identificó tres grandes grupos de afectados:
- Usurpadores sobre terrenos de Vialidad Nacional, con conexiones ilegales de electricidad. Estos casos están judicializados y a cargo del juez Montoya, quien, según Zigarán, no toma decisiones desde 2017, permitiendo que la situación se agrave.
- Asentamientos posteriores a la entrada del pueblo, donde no solo se roba electricidad sino también agua.
- Vecinos que viven dentro del pueblo, quienes sí pagan, pero sufren cortes constantes. Allí se detectó además un grupo que robaba electricidad en el sector del Palmar y el polideportivo.
Actualmente, Aguas Blancas cuenta con solo siete medidores eléctricos para el alumbrado público. Como consecuencia del consumo ilegal, el municipio recibió una deuda de 30 millones de pesos con Edesa, que recientemente fue renegociada para ser pagada en 18 meses. Más de la mitad del pueblo se encuentra colgado de la electricidad sin abonar el servicio.
Para detectar conexiones clandestinas, el municipio colocará temporizadores en el alumbrado público, lo que provocará cortes de luz durante algunas horas del día y permitirá identificar a quienes están colgados ilegalmente.
Regularización y medidas inmediatas
Zigarán explicó a Gente de Salta que el crecimiento del pueblo se dio durante años mediante compraventas sin registrar en Catastro ni Inmuebles, lo que derivó en conexiones ilegales al alumbrado público y mangueras clandestinas de agua. Aclaró que no se trata de un mal servicio, sino de una sobre exigencia: “Si producís agua para 100 personas y consumen 200, nunca va a alcanzar para los que pagan”.
Advirtió que quienes usurpan se quedarán sin agua, mientras que dentro del pueblo los vecinos deberán regularizar su situación dominial y realizar estudios de factibilidad con Aguas del Norte, además de afrontar las obras necesarias para acceder legalmente a los servicios.
Como medida inmediata, desde mañana el municipio instalará chulengos de agua para abastecer a los vecinos que viven dentro del pueblo.
“En cuanto a quienes compraron lotes a Gastón Gardei, deberán reclamarle a él la provisión de servicios, ya que el municipio no se hará cargo”, enfatizó Zigarán.
Aguas Blancas demuestra que la frontera no solo es un espacio de contrabando y delitos complejos, sino también un territorio donde la informalidad cotidiana puede poner en riesgo la vida de los vecinos y comprometer el funcionamiento de servicios esenciales.