Sin rastros ni pistas firmes sobre el supuesto reto viral de TikTok que habría desencadenado pintadas en los baños de colegios de Salta —y otros puntos del país—, fuentes vinculadas a la educación y la seguridad digital comienzan a considerar otra línea de investigación, con un antecedente reciente y preocupante: “True Crime Community”, es decir, grupos que consumen y, en algunos casos, replican contenidos vinculados a crímenes reales, mismo estilo de comunidad al que pertenecía el estudiante que abrió fuego en su escuela en San Cristobal, Santa Fe.
A esa misma hipótesis acaba de sumarse un caso en Córdoba, donde un adolescente de 13 años vinculado a amenazas escolares participaba de estas comunidades digitales, el mismo entorno que ya había aparecido en la balacera de la escuela de Santa Fe, confirmó el ministro de seguridad de esa provincia. En paralelo, dentro de Salta, rige una normativa que limita el uso de celulares en las escuelas, aunque su aplicación -que podría prevenir la viralización de “retos”-, según explican expertos en seguridad digital, no es uniforme.
Sobre este tipo de casos, el criminólogo especialista en ciberseguridad Rodrigo Álvarez, integrante de la ONG Argentina Cibersegura, advierte que estas comunidades digitales operan captando a adolescentes en espacios cotidianos —como videojuegos o redes sociales— y los exponen de forma progresiva a contenidos cada vez más extremos, en un proceso que puede derivar en la normalización e incluso en la réplica de conductas violentas fuera del entorno virtual.
En relación a la normativa que regula el uso de celulares en las escuelas, Jael Bischof, lic. en Criminalística, docente e integrante de Fundación LEA, advierte que su aplicación en Salta presenta dificultades concretas. A partir de un relevamiento realizado en el marco de un proyecto de protección digital de la UCASAL, explicó que, si bien en algunas instituciones la medida se respeta, en otras no se aplica con la misma rigidez, en parte por limitaciones estructurales.
“En muchos casos, los estudiantes terminan usando el celular como herramienta de estudio, porque no hay materiales en formato físico o no se pueden costear las copias”, explicó, al tiempo que remarcó que la falta de infraestructura condiciona cualquier intento de aplicar estas restricciones de manera efectiva, casos que se pueden observar, generalmente, en centros de gestión estatal, el mismo tipo de administración en las que se registran las amenazas de tiroteos.
En secundaria, explicó, el uso del celular está restringido pero resulta difícil de controlar en la práctica. Frente a eso, en provincias como Buenos Aires ya se analizan medidas más directas, como inhibidores de señal o bloqueos de acceso a redes dentro de las escuelas.
MPF: 6 detenidos
En contacto con el Ministerio Público Fiscal, Gente de Salta pudo confirmar que, hasta el momento de esta redacción, la cantidad de personas involucradas en las amenazas escaló a al menos seis, en el marco de investigaciones que se desarrollan en distintas fiscalías de la provincia.
En uno de los casos, correspondiente al Colegio Walter Adet, fuentes vinculadas a la institución indicaron que un ordenanza habría observado el ingreso de tres alumnos al sector donde posteriormente se detectó la inscripción. Al ser consultados, los estudiantes habrían manifestado que se trataba de “un reto”.
A estos episodios se suman dos alumnos detenidos en la Escuela de Educación Técnica República de la India, en la capital salteña, donde además se realizaron requisas domiciliarias y se procedió a la retención de teléfonos celulares, así como un menor demorado en Rosario de la Frontera por un hecho de similares características ocurrido en el Colegio 5009, con intervención del Juzgado de Menores 3.
Desde el Ministerio Público señalaron que el resto de las líneas de investigación se mantienen bajo reserva. “Todo lo demás es objeto de investigación, no se puede adelantar nada”, indicaron.