SociedadA casi nueve años de la tragedia
El juicio por el hundimiento del ARA San Juan ingresó en su tramo decisivo luego de que el Ministerio Público Fiscal solicitara penas de entre cinco y tres años y medio de prisión para cuatro exoficiales superiores de la Armada Argentina, acusados de incumplimiento de los deberes de funcionario público y estrago culposo agravado por la muerte de los 44 tripulantes del submarino.
Durante los alegatos realizados ante el Tribunal Oral Federal de Río Gallegos, los fiscales Julio Zárate, Gastón Franco Pruzán, Lucas Colla y la representante de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), María Garmendia, reclamaron cinco años de prisión para el contralmirante retirado Luis Enrique López Mazzeo y para el excapitán de navío Claudio Javier Villamide. También solicitaron cuatro años de cárcel para el capitán de navío retirado Héctor Aníbal Alonso y tres años y seis meses para el capitán de fragata retirado Hugo Miguel Correa.
Además de las penas de prisión, la fiscalía pidió la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, junto con las costas del proceso y las sanciones accesorias previstas por la ley.
Según la acusación, los cuatro imputados conocían las deficiencias técnicas que presentaba el submarino y, pese a ello, autorizaron su operación sin que se hubieran cumplido los ciclos de mantenimiento correctivo establecidos por la normativa vigente ni las recomendaciones técnicas realizadas por especialistas.
Durante su exposición, los fiscales sostuvieron que el hundimiento ocurrido el 15 de noviembre de 2017 no fue un hecho imprevisible ni inevitable. Por el contrario, afirmaron que existieron múltiples señales de alerta que fueron desatendidas por quienes tenían la responsabilidad de garantizar la seguridad, el alistamiento y el sostenimiento operativo de la nave.
"Lo sucedido no fue un hecho instantáneo ni fortuito. Hubiera podido evitarse", sostuvo la fiscalía al reconstruir la cadena de decisiones que precedieron a la tragedia.
El debate oral, iniciado en marzo de 2026, permitió reconstruir el historial técnico del ARA San Juan desde su reparación de media vida iniciada en 2007 hasta su última misión. A lo largo de las audiencias se expusieron informes técnicos, registros de mantenimiento y testimonios que revelaron diversos desperfectos acumulados durante años.
Los fiscales remarcaron que cuando el submarino emprendió su última travesía había superado ampliamente los plazos reglamentarios para las tareas de mantenimiento planificado exigidas por el fabricante. También señalaron que la nave zarpó desde la Base Naval Mar del Plata en octubre de 2017 con serias deficiencias técnico-operativas.
La causa busca determinar responsabilidades penales por una de las mayores tragedias de la historia reciente de las Fuerzas Armadas argentinas. El hundimiento del ARA San Juan, ocurrido en el Atlántico Sur, provocó la muerte de sus 44 tripulantes y generó una profunda conmoción nacional que aún mantiene vigente el reclamo de verdad y justicia por parte de los familiares de las víctimas.
Con los alegatos de la fiscalía concluidos, el juicio entra en su etapa final y se espera que en las próximas semanas continúen las exposiciones de las defensas antes de que el tribunal dicte sentencia.