SociedadFraude millonario con múltiples agravantes
El mediático abogado salteño Santiago Pedroza quedó en el centro de una causa judicial que ya acumula más de 380 denuncias por un presunto esquema de fraude vinculado a la venta irregular de terrenos en la zona de Atocha, San Lorenzo, en el área metropolitana de Salta.
Según la investigación que encabeza el fiscal penal Ramiro Osorio, el letrado habría montado un sistema de cobros millonarios a familias vulnerables bajo la promesa de gestionar la adjudicación y habilitación de lotes que, en realidad, no eran aptos para viviendas.
El núcleo del caso radica en que los terrenos ofrecidos se encuentran en cercanías del río Arias, en una zona catalogada como inundable. De acuerdo a documentación oficial, la Provincia solo había autorizado el uso de esas tierras para actividades recreativas, como canchas de fútbol, pero no para urbanización ni construcción de viviendas.
Pese a ello, Pedroza habría comercializado los lotes como si contaran con viabilidad habitacional, generando una falsa expectativa en cientos de familias.
De acuerdo a testimonios y pruebas recolectadas:
- Se cobraban sumas iniciales de entre $35.000 y $200.000 por “gestiones administrativas”. De acuerdo a lo relevado por Gente de Salta, las gestiones fueron presentaciones de notas en la Municipalidad de San Lorenzo pidiendo audiencia con el Intendente.
- Luego se exigían pagos mayores, que iban desde $450.000 hasta cifras cercanas a los $8 millones.
- Muchas familias creían estar pagando cuotas por su terreno, cuando en realidad —según la acusación— abonaban únicamente supuestos “trámites” sin validez.
- El propio Pedroza habría reconocido estos cobros mediante recibos oficiales de su estudio jurídico.
Uno de los documentos clave en la causa es una nota donde solicita $1 millón adicional para “finalizar gestiones”, lo que refuerza la hipótesis fiscal de un esquema sistemático de recaudación sin respaldo legal.
Entre las irregularidades más graves denunciadas se encuentran:
- Venta múltiple de un mismo lote a diferentes personas.
- Promesas de gestiones ante organismos como Recursos Hídricos que nunca se concretaron.
- Entrega de documentación sin validez jurídica.
Esto dejó a unas 400 familias en una situación de extrema vulnerabilidad económica, muchas de ellas tras invertir todos sus ahorros. La mayoría no pertenece al municipio, ya que de haber sido así “probablemente no hubieran accedido a zonas que saben, se llenan de agua en verano”, agregó una fuente que prefiere resguardar su identidad a este medio.
Los damnificados fueron captados por una presunta red de intermediarios y punteros políticos, mencionando vínculos con la Cámara de Diputados como para asegurar sus confiabilidad, ya que Pedroza sigue vinculado a la misma desde la época en la que Santiago Godoy era su presidente.
Entre los nombres que surgen en los relatos figuran supuestos colaboradores y referentes territoriales que acercaban interesados a los loteos, generando confianza en las operaciones.
Ante la magnitud del caso, los denunciantes exigen la detención inmediata del abogado y cuestionan la lentitud judicial:
“En Ciudad Judicial ya conocen sus maniobras, pero sigue libre”, sostienen.
El temor principal es que el número de damnificados continúe creciendo si no se toman medidas urgentes.
La causa avanza con abundante prueba documental —recibos, notas firmadas y testimonios— que, según la fiscalía, demostrarían un patrón reiterado de conducta.
Mientras tanto, la comunidad espera definiciones judiciales en un caso que expone no solo un posible fraude millonario, sino también fallas en los controles sobre el uso del suelo y la intermediación en el acceso a la tierra.
Loteos irregulares, estafadores que se aprovechan de la necesidad, ríos que se llevan todo
La situación abre interrogantes directos una vez más sobre la responsabilidad del Estado en el control del uso del suelo, la intermediación irregular y la protección de familias vulnerables en Salta.
¿Cómo se sostuvo en el tiempo la venta masiva de terrenos no aptos para vivienda sin que organismos provinciales o municipales intervinieran de forma efectiva?
El expediente judicial deberá determinar responsabilidades penales individuales. Pero el caso deja expuesta una dimensión más amplia:
- Falta de control sobre el uso del suelo.
- Débil fiscalización de loteos y ventas.
- Ausencia de mecanismos preventivos para evitar fraudes masivos.
- Vulnerabilidad de familias que acceden a la tierra por fuera de circuitos formales.
Como en otros casos, la intervención estatal aparece cuando el daño ya está hecho: cientos de familias endeudadas, terrenos inutilizables y un esquema que funcionó durante meses —o años— sin freno.