El Ente Regulador de Servicios Públicos de Salta puso bajo revisión el sistema mediante el cual 34 municipios cobran tasas e impuestos municipales a través de la factura de energía eléctrica de EDESA.
A través de la Resolución 666/2026, el organismo otorgó un plazo de 90 días para que las comunas regularicen y validen los convenios que les permiten utilizar la boleta de luz como mecanismo de cobranza.
La medida surge luego de observaciones realizadas por la Auditoría General de la Provincia, que detectó irregularidades en distintos acuerdos firmados entre municipios y la empresa distribuidora, muchos de ellos sin aprobación de los respectivos Concejos Deliberantes ni autorización previa del propio Ente Regulador, requisitos establecidos por la normativa vigente.
El titular del organismo, Carlos “Uluncha” Saravia, explicó que existe una fuerte preocupación por las constantes quejas de usuarios y por el impacto que estas tasas tienen sobre el monto final de las facturas.
“Son 34 municipios de la provincia de Salta que cobran sus impuestos colgados de la factura del servicio de energía eléctrica. Hay muchas quejas sobre esto y también algunas observaciones de la Auditoría General de la Provincia”, sostuvo en un video publicado en las redes del Ente Regulador.
En ese sentido, confirmó el inicio de un proceso de regularización que obligará a cada municipio a presentar la documentación correspondiente ante el Ente.
“Los municipios tienen tres meses para presentarse a los efectos de que los convenios sean validados, previa intervención también de los Concejos Deliberantes de cada uno de esos municipios”, indicó.
Desde el organismo, comunicaron que los municipios de General Pizarro y Seclantás ya avanzaron en este proceso de regularización.
"Desde el Ente invitamos al resto de los municipios a acercarse para recibir acompañamiento técnico y completar la documentación correspondiente”, concluyó.
Aumentos desmedidos
Saravia también apuntó contra incrementos que, según afirmó, no guardan relación con la inflación y terminan encareciendo las boletas de servicios esenciales: “Estamos preocupados con algunas subas que no se corresponden con la inflación y que engordan estas facturas y a veces hacen imposible el pago”, advirtió.
La resolución establece además que el Ente podrá revisar y hasta revocar las autorizaciones de cobro en caso de detectar aumentos desproporcionados en las tasas municipales que superen la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), en línea con la Ley Provincial 8457.
“Los municipios son libres de establecer el sistema de cobranza que quieran, pero no usando como vehículo nada menos que una factura de una persona que quiere pagar un servicio esencial y a veces no le alcanza para pagar otras cosas”, remarcó Saravia.
Qué puede pasar si no regularizan los convenios
El escenario podría representar un fuerte problema financiero para muchos municipios. En caso de no poder acreditar la legalidad de los convenios, el Ente Regulador ordenaría quitar las tasas municipales de las boletas de EDESA, lo que podría afectar seriamente una de las principales vías de recaudación diaria de las comunas.
En algunos casos, esa situación podría comprometer desde el mantenimiento del alumbrado público hasta el pago de salarios municipales, especialmente en localidades donde gran parte de la recaudación se canaliza a través de la factura eléctrica.
Para regularizar la situación, cada municipio deberá demostrar que los tributos incluidos en la boleta cuentan con ordenanzas vigentes aprobadas por los Concejos Deliberantes y convenios formalmente autorizados.
Los derechos de los usuarios
La resolución también pone el foco en los derechos de los consumidores y en la transparencia de la facturación. El Ente recordó que los usuarios tienen derecho a conocer exactamente qué conceptos están pagando y a exigir un desglose claro entre el consumo eléctrico y las contribuciones municipales.
Además, la normativa ratifica la posibilidad de solicitar el pago separado de los impuestos municipales y del servicio eléctrico. De esta manera, la falta de pago de una tasa comunal no puede derivar en el corte del suministro de energía.
Desde el organismo señalaron que el objetivo es que la factura de luz sea “un documento claro, veraz y ajustado a parámetros de razonabilidad económica”, evitando que cargos ajenos al servicio eléctrico terminen afectando la capacidad de pago de los usuarios salteños.