Vuelta a la normalidad del colectivo nocturno
La buena noticia para los usuarios de colectivo es que hoy se restituye el servicio nocturno de colectivos. La confirmación fue efectuada al término de una reunión entre los titulares y representantes de las empresas concesionarias del servicio de colectivos y los miembros del directorio y el gerente general de SAETA. Por ende, las actividades educativas que habían visto modificados sus horarios, también retornan a la normalidad.
En este marco se acordó el levantamiento de la medida y la inmediata normalización del servicio tanto para días hábiles como inhábiles y los plazos en que se abonará el monto adeudado.
Este acuerdo se logró luego de numerosos encuentros en los que se abordó el impacto que tuvo en el sistema de transporte el alto nivel de gratuidades vigentes, la eliminación del subsidio al transporte del interior del país y el fuerte incremento en el valor de los combustibles, especialmente el registrado en los últimos cincuenta días.
Estuvieron presentes por SAETA, el presidente del directorio Claudio Mohr; los miembros del directorio Laura Montarcé, Paula Majul, Javier Solá y José Licuime; el gerente general Claudio Juri, la gerente legal Silvina González y por las empresas: por Tadelva SRL Sebastian Mijhel (corredor 1) ; por El Cóndor S.A., Álvaro Giménez (corredor 2); por San Ignacio SRL , Pablo Veyga (corredor 3) ; por Ale Hnos SRL, Gustavo Ale (corredor 5) ; por Transal SRL , Fabio Camacho y Pablo Ale(corredores 4 y 6); por Alto Molino SRL , Facundo Cornejo (corredor 7) y por Ahynarca S.A. , Walter Pérez (corredor 8) .
Qué hay detrás de la noticia
La crisis por la suspensión del servicio nocturno de colectivos en el área metropolitana dejó algo más que incertidumbre entre los usuarios. También expuso una situación difícil de explicar para el ciudadano común: ¿quién es realmente responsable cuando SAETA y el Gobierno aparecen en lados distintos de una misma negociación, si ambos forman parte del mismo esquema estatal?
Durante varios días, las empresas concesionarias fueron señaladas como las responsables de una medida que amenazaba con dejar sin transporte a miles de trabajadores, estudiantes y vecinos durante la noche. Que de hecho durante dos días ocurrió y con sendas manifestaciones en las calles. Sin embargo, con el correr de las horas quedó claro que el origen del conflicto era una demora en los pagos vinculados al sistema de transporte, una situación que involucraba directamente a SAETA y al Gobierno provincial, que no es ajeno a los recortes del Gobierno nacional.
Allí aparece la primera contradicción. SAETA no es una empresa privada ajena al Estado. Es una sociedad estatal creada para administrar y organizar el sistema de transporte metropolitano. Por eso, cuando desde distintos sectores se presenta el conflicto como una pulseada entre las empresas y SAETA, la sensación que queda es la de una discusión interna del propio sistema público, cuyos efectos terminan impactando exclusivamente sobre los usuarios.
La secuencia fue llamativa. Primero apareció la suspensión de servicios nocturnos. Luego llegaron las advertencias sobre las dificultades económicas del sistema. Más tarde se convocaron reuniones de urgencia. Finalmente, el Gobierno anunció un acuerdo, un plan de pagos y la restitución inmediata del servicio.
El problema es que para entonces el daño ya estaba hecho. Miles de usuarios habían pasado horas sin saber si podrían llegar a sus trabajos, gastando lo que no tienen para regresar a sus hogares o cumplir con sus actividades habituales.
La pregunta que inevitablemente surge es por qué se permitió que el conflicto alcanzara semejante nivel de tensión antes de encontrar una solución. Si la deuda era conocida, si las dificultades financieras no aparecieron de un día para otro y si existían canales de diálogo abiertos entre las partes, ¿era necesario llegar al borde de la suspensión para recién entonces activar los mecanismos de negociación?
Es allí donde aparecen las críticas más severas. Para muchos observadores, se repite una lógica cada vez más frecuente en la política: permitir que los problemas escalen hasta transformarse en crisis públicas para luego presentarse como quienes los resuelven.
La paradoja es aún mayor cuando el propio Estado ocupa varios lugares dentro de la misma escena. Por un lado, SAETA administra el sistema. Por otro, el Gobierno provincial interviene para destrabar el conflicto. Mientras tanto, las empresas concesionarias aparecen como las ejecutoras de la medida de fuerza. El resultado es un esquema de responsabilidades difusas donde el ciudadano no logra identificar con claridad quién tomó cada decisión y quién debe rendir cuentas.
Las empresas sostienen que los retrasos en los pagos afectan su capacidad operativa. SAETA argumenta que debe auditar kilómetros recorridos, validar servicios prestados y administrar recursos cada vez más escasos. El Gobierno, por su parte, señala la eliminación de subsidios nacionales, el aumento del combustible y el incremento de costos laborales.
Todos esos factores son reales y forman parte de una ecuación compleja. Sin embargo, ninguna de esas explicaciones modifica una realidad básica: el transporte público es un servicio esencial y los usuarios no deberían convertirse en rehenes de disputas administrativas, financieras o políticas.
Porque cuando una crisis se resuelve apenas horas después de alcanzar repercusión pública, la sensación que queda es que existían herramientas para evitarla mucho antes. Y cuando el Estado aparece simultáneamente como administrador, negociador y salvador del problema, el mensaje que recibe la sociedad se vuelve confuso.
Al final del día, los colectivos volverán a circular durante la noche y la normalidad regresará al sistema. Lo que permanece abierto es otro debate: si la política está gestionando los conflictos para prevenirlos o si simplemente espera a que el incendio se haga visible para aparecer con el extinguidor en la mano.