SociedadMas del 60% de adhesión
Este jueves culminaron las dos jornadas de reclamo impulsadas por la Agremiación Judicial de Salta, que contaron con la movilización de los empleados del Poder Judicial y del Ministerio Público de Salta en todas las dependencias salteñas para visibilizar su lucha, que busca revertir la pérdida del poder adquisitivo y equiparar los salarios con los de otras provincias de la región.
El Secretario General de la Agremiación Judicial de Salta, Matías Aramayo, manifestó que hay una creencia falsa en torno a los empleados judiciales sobre el dinero que perciben por su trabajo. “Todos creen que tenemos un gran sueldo y la realidad es que los judiciales salteños estamos entre los peores pagos de todo el país”, señaló en contacto con Ciudad Online.
Y agregó: “Hoy la mayoría de los compañeros no está pudiendo llegar a fin de mes y el futuro no es para nada alentador. Recién el martes nos convocaron al diálogo y tenemos la palabra de la Corte de Justicia de la Provincia, quien sostuvo que empezaran a trabajar para actualizar y mejorar nuestros salarios. Pero hasta que eso no ocurra seguiremos con nuestro reclamo. Esta semana lo hicimos por dos días pero de ser necesario vamos a profundizar la lucha”, manifestó Aramayo.
Desde el gremio aseguran que los trabajadores judiciales de Salta se encuentran entre los peor remunerados del país, incluso por debajo de provincias vecinas como Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca y Chaco. Según lo informado por el gremio, un empleado que recién ingresa al Poder Judicial percibiría alrededor de 815.000 pesos de bolsillo, mientras que un administrativo contratado cobraría cerca de 806.000 pesos y un trabajador de servicios generales unos 754.000 pesos.
Otros ítems a resolver
Además del aspecto salarial, los judiciales reclaman la regularización de empleados que permanecen contratados desde hace años, mayor estabilidad laboral y la apertura de una mesa específica para discutir las condiciones de trabajo propias del Poder Judicial.
Otro de los ejes del planteo está vinculado al proceso de modernización que atraviesa la Justicia salteña. Los trabajadores sostienen que la implementación de expedientes digitales y nuevas herramientas tecnológicas exige capacitaciones permanentes y una actualización de las condiciones laborales para poder responder a la creciente demanda del servicio judicial.