¿Quiénes son los responsables?
En medio del impacto que generó en San Ramón de la Nueva Orán la muerte de dos efectivos por hantavirus, las familias de los gendarmes dieron un paso clave y confirmaron que avanzarán con denuncias judiciales por abandono de persona y falta de cobertura médica.
Se trata de Nélida Romero, madre del cabo Mauro Ponte, y Judith González, esposa del sargento primero Darío Molina, quienes se mostraron juntas por primera vez en una conferencia de prensa donde oficializaron las acciones legales.
Ambas serán representadas por el abogado Alejandro González, hermano de Judith y cuñado de Molina, quien además asumirá la defensa de Romero, que semanas atrás había manifestado a Gente de Salta no contar con representación legal.
El letrado confirmó que avanzarán con presentaciones individuales y conjuntas. “Vamos a hacer un juicio por daños y perjuicios, por abandono de persona y muerte en contra de la obra social”, sostuvo, al apuntar directamente contra IOSFA por incumplimiento en las prestaciones médicas.
Además, indicó que continuarán con un amparo colectivo en el fuero federal para garantizar la cobertura total de salud para el personal de Gendarmería Nacional Argentina.
“Estuvimos cuatro días tirados en el hospital”
Tras el fallecimiento del sargento Molina a principios de abril, hasta el momento no había trascendido el derrotero del gendarme hasta su triste final. Sin embargo, durante la conferencia Judith González relató los momentos previos al fallecimiento de su esposo y apuntó contra la atención recibida. Contó que “nunca se comunicaron” desde la obra social y que permanecieron varios días sin respuestas.
Según su testimonio, su esposo fue directamente al hospital San Vicente de Paul y fue dado de alta pese a su estado de salud y debió ser reingresado horas después en condiciones críticas. “Lo mandaron a mi casa deshidratado. Al otro día no podía respirar, tenía los pulmones tapados”, relató acongojada, y agregó que poco después sufrió un infarto. “Hay mucho abandono de persona en el hospital”, afirmó.
Un reclamo que crece
El caso derivó en una fuerte reacción en la comunidad. Familiares, efectivos en actividad y retirados impulsan reclamos contra la obra social y ya reunieron cerca de 500 firmas para un petitorio.
Las denuncias no se limitan a Orán. Según indicaron, hay situaciones similares en otras provincias como Formosa, Chaco, Mendoza, Misiones, Jujuy y Tucumán, con cuestionamientos por falta de cobertura en tratamientos de alta complejidad.
El letrado González afirmó que la obra social dice tener presencia en más de 20 provincias, pero “solo funciona bien en dos y Orán no es una de ellas”.
En este contexto, se anunció una nueva movilización para este domingo, a las 17, con concentración en el Hospital San Vicente de Paul y posterior marcha hacia la sede de IOSFA.
El reclamo apunta a que el caso no quede impune. “No queremos que se vuelva a repetir que por falta de atención o de una ambulancia se pierda una vida”, expresaron, en un mensaje que busca visibilizar la situación que atraviesan las familias de las fuerzas de seguridad.