SociedadRetroceso en términos de derechos humanos
La Asociación de Psiquiatras de Argentina (APSA) rechazó el proyecto de Reforma del Régimen Penal Juvenil a través del cual el Gobierno Nacional propone la reducción de la edad mínima de responsabilidad penal, por entender que “carece de sustebnto científico” y constituye un “abordaje inadecuado desde la perspectiva de la salud mental”.
Así lo manifestó la comisión directiva de esta institución a nivel nacional, que consideró que es necesario “aportar una mirada fundada en la evidencia científica disponible sobre el desarrollo psiconeurobiológico durante la adolescencia y su implicancia en la atribución de responsabilidad penal” a la hora de trabajar en una iniciativa como la de la Reforma del Régimen Penal Juvenil, que la semana pasadsa obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados de la Nación.
“Consideramos que se trata de una respuesta que carece de sustento científico y constituye un abordaje inadecuado desde la perspectiva de la salud mental”, dijo el comunicado elaborado por APSA, que señala que esta posición “se sustenta en la evidencia científica disponible y en la experiencia clínica cotidiana”.
Asimismo, señalaron que, como Asociación de profesionales especializados en salud mental, consideran que “debemos aportar argumentos sólidos, sustentados en el conocimiento científico y la práctica clínica”, y agregaron que “la mente humana se organiza y madura a partir de relaciones confiables en dos períodos críticos: la niñez y la adolescencia”.
“Si bien niños, niñas y adolescentes (NNyA) pueden comprender reglas básicas, la anticipación de consecuencias jurídicas complejas y la apropiación del sentido profundo de la norma, exigen un grado de madurez que todavía no se encuentra plenamente consolidado en estas etapas del desarrollo”, resaltaron, al tiempo que precisaron que “la adolescencia es una etapa caracterizada por profundos cambios neurobiológicos, psicológicos y relacionales”.
El cerebro del adolescente no puede ser entendido como el de un adulto
En este sentido, acotaron que la evidencia acumulada en neurociencias “es clara al señalar que el cerebro adolescente no puede ser entendido como el de un adulto en miniatura, sino como un sistema en maduración con un desarrollo asincrónico entre distintas áreas cerebrales”.
“Las regiones involucradas en la regulación de los impulsos, la planificación, el control conductual y la anticipación de consecuencias fundamentalmente el área del lóbulo frontal, no alcanzan su madurez funcional y estructural sino hasta después de los 20 años”, indicaron.
Luego, explicaron que la diferencia de madurez cerebral entre los 14 y los 16 años “es sustancial”, determinando que “a mayor edad sea significativamente mayor la capacidad de motivar su conducta y tomar decisiones basadas en la norma social”.
“Esto impacta en la capacidad para planificar y ponderar las consecuencias de los actos”, dijeron, al tiempo que apuntaron que este dato resulta “central al momento de analizar la capacidad" de los adolescentes, para "comprender plenamente la gravedad, el alcance y las consecuencias de determinadas conductas en contextos reales”.
Por otro lado, señalaron que la neurociencia “distingue distintos modos de comprender y de tomar decisiones según los momentos en que estas se producen”.
Sobre esto, precisaron que, en contextos de “baja activación emocional, escaso estrés, ausencia de presión de pares y con tiempo para deliberar, los adolescentes pueden desplegar razonamientos comparables a los de los adultos”, en situaciones “vinculadas a la salud o al ejercicio del derecho al voto”.
Contextos de alta carga emocional
Sin embargo, los comportamientos que dan lugar a intervenciones del sistema penal “suelen producirse en contextos definidos por una alta carga emocional, urgencia, presión del grupo de pares y elevados niveles de estrés”.
Para APSA, en estos escenarios, los adolescentes presentan “limitaciones significativas para evaluar adecuadamente las consecuencias de sus actos, debido a la inmadurez de los sistemas neurales responsables de la autorregulación y el control inhibitorio”.
“Esta diferencia resulta clave para comprender por qué equiparar la responsabilidad penal plena con otras capacidades civiles constituye una analogía incorrecta desde el punto de vista científico”, expresaron, y apuntaron que las condiciones neurobiológicas bajo las cuales se producen los hechos delictivos en la adolescencia “no son equivalentes a aquellas en las que se toman decisiones reflexivas y planificadas”.
Asimismo, indicaron que diversos estudios “coinciden también en que la reducción de la edad de imputabilidad no se asocia con una disminución de los índices delictivos ni con mejoras sostenidas en la seguridad pública, pero sí con un aumento de la reiterancia y del deterioro psicosocial en jóvenes expuestos tempranamente a respuestas penales intensivas”.
“La evidencia disponible demuestra que el contacto temprano con el sistema penal y, en particular, con dispositivos de encierro, produce efectos perjudiciales” sobre la vida de los adolescentes y sobre la cohesión social, al tiempo que deteriora “el estado psíquico y emocional de los jóvenes” e interrumpe “procesos educativos, redes sociales positivas y proyectos de vida, lo que incrementa la reiterancia”.
Análisis con evidencia científica
Los especialistas remarcaron que la atribución de responsabilidad penal “debe ser analizada a la luz de la evidencia científica sobre el desarrollo psiconeurobiológico y no como una respuesta simplificada -a nuestro criterio- a problemáticas complejas”.
“Bajar la edad de imputabilidad implica desconocer esto y avanzar sobre una base conceptual que no se corresponde con lo que la ciencia hoy demuestra”, sostuvieron desde la comisión directiva de esa asociación.
Finalmente, en su pronunciamiento reafirmaron el “compromiso con la salud mental y con el cuidado de los derechos de niñas, niños y adolescentes, desde una perspectiva de derechos humanos, científica, ética y humanista”.
“Los argumentos expuestos en el presente permiten afirmar que proponer ‘penas de adulto’ para adolescentes y reducir la edad mínima de responsabilidad penal no solo constituye un retroceso en términos de derechos humanos, sino que además carece de sustento científico suficiente”, concluyeron.