SociedadProblema ambiental de décadas
Las obras de saneamiento más importantes de Salta —la ampliación de la planta depuradora sur de la capital y la construcción de la planta depuradora de Cafayate— atraviesan hoy un escenario crítico, pese a contar con financiamiento internacional confirmado desde 2022.
Ese año, el Banco Interamericano de Desarrollo anunció una inversión superior a 90 millones de dólares destinada a la provincia para obras de agua y saneamiento. El paquete incluía tres proyectos centrales: la ampliación de la planta depuradora de la ciudad de Salta, la construcción de una nueva planta en Cafayate y la instalación de sistemas de captación de agua para comunidades rurales en el departamento Rivadavia.
Según lo informado oficialmente, se trataba de recursos no reembolsables para la Provincia, orientados a mejorar la infraestructura sanitaria y el acceso al agua en distintos puntos del territorio. En ese marco, las iniciativas fueron presentadas como estratégicas para elevar la calidad de vida y atender problemáticas históricas.
En el caso de la planta depuradora sur, ya en 2022 se destacaba que la obra —largamente postergada— estaba en ejecución y que tendría impacto directo en más de 800 mil habitantes, además de contribuir al saneamiento de la cuenca del río Arenales.
Para Cafayate, en tanto, se proyectaba una obra integral que permitiría dotar de servicio cloacal a la totalidad de la ciudad, en una zona de alta sensibilidad ambiental y fuerte desarrollo turístico.
Sin embargo, a pesar de este impulso inicial y del respaldo financiero internacional, ambas obras registraron paralizaciones reiteradas, incluyendo interrupciones ya en 2024 y un freno más reciente que dejó los proyectos detenidos por completo esta semana.
El eje del conflicto vuelve a centrarse en la administración de los fondos. Aunque los recursos fueron gestionados para Salta, el Estado nacional —en su rol de garante— fue el encargado de licitar, adjudicar y ejecutar las obras. En ese contexto, desde la Provincia sostienen que los fondos existen y están comprometidos, pero no se liberan, lo que impide avanzar.
Así recorrían la obra en 2023
La pregunta que se instala es inevitable: ¿Qué ocurrió con esos más de 90 millones de dólares anunciados en 2022? La falta de ejecución efectiva reaviva cuestionamientos sobre la gestión de los recursos y el cumplimiento de los compromisos asumidos.
Mientras tanto, crece la presión política para que los legisladores nacionales por Salta intervengan y exijan la reactivación de las obras. El planteo apunta a que se trata de fondos ya asignados a la provincia, cuya paralización no solo retrasa infraestructura clave, sino que también compromete acuerdos internacionales.
“Necesitamos que los legisladores trabajen, que gestionen, que golpeen puertas. La política no funciona solo por Tik Tok ni redes sociales”, sostuvo el ministro de Gobierno, Ignacio Jarsún en declaraciones radiofónicas.
Las consecuencias de este escenario se reflejan especialmente en el plano ambiental. En la capital salteña, la contaminación del río Arenales continúa siendo una problemática estructural. Durante años, el curso de agua ha recibido efluentes cloacales con tratamiento insuficiente, generando altos niveles de contaminación orgánica y bacteriológica.
La ampliación de la planta depuradora sur fue concebida precisamente para revertir esta situación, incrementando la capacidad de tratamiento y reduciendo el impacto sobre el ecosistema. En Cafayate, por su parte, la falta de una planta adecuada mantiene latente el riesgo ambiental en una región clave para el turismo y la producción.
A más de tres años del anuncio del financiamiento internacional, ocasión en la que la Página Oficial de Argentina daba cuentas de que en 2025 estaría terminada, con obras frenadas, antecedentes de paralización y recursos sin ejecución clara, la situación expone una combinación de problemas administrativos y políticos que mantienen en suspenso soluciones urgentes para Salta.
La obra presenta un avance cercano al 60%, pero la empresa a cargo decidió detener los trabajos ante la falta de pago de certificados desde noviembre de 2025. La deuda acumulada asciende a unos 3.000 millones de pesos. “El martes se paralizó oficialmente. La empresa no puede sostener la obra sin cobrar, aunque la plata ya está disponible”, afirmó el ministro.
El desafío ahora no es solo técnico: es destrabar decisiones para que fondos ya comprometidos se traduzcan en obras concretas, en una provincia donde el acceso al saneamiento sigue siendo una deuda pendiente.