Sociedad"El único momento de paz fue cuando lo detuvieron"
La situación de A.Y., una joven japonesa que llegó a vivir a la provincia de Salta para formar una familia, vuelve a generar preocupación por las denuncias de revictimización institucional y el temor cada vez más latente de que liberen a su agresor.
Según relató a Gente de Salta, afirma vivir una “pesadilla” que no termina, marcada por el miedo a su agresor -quien, pese a estar detenido, seguiría influyendo en su entorno y tendría pedidos de liberación por parte de su abogado- y por lo que describe como falta de acompañamiento efectivo por parte del Estado.
Entre los cuestionamientos más graves, señaló que el Polo Integral de la Mujer mantuvo contacto con el agresor en lugar de priorizar la comunicación con ella, lo que impidió que recibiera asistencia adecuada, incluso en cuestiones vinculadas al cuidado de su bebé como pañales o leche, que el organismo puede ayudar a conseguir.
También denunció irregularidades en el ámbito judicial. Indicó que la fiscalía no le permitió estar acompañada por su traductora de confianza, una persona bilingüe que —según explicó— no solo domina el idioma, sino que comprende las diferencias culturales. En su lugar, le asignaron otra intérprete que, según A.Y., no finalizó sus estudios y a quien debió repetirle frases hasta cinco veces. Esto, afirmó, la obligó a revivir reiteradamente los episodios de violencia sin sentirse comprendida.
De acuerdo con su relato, las fallas en la interpretación de sus declaraciones y el estrés acumulado derivaron en que desistiera de continuar declarando en una audiencia reciente, ante el alto nivel de angustia que le generó el proceso.
El caso pone el foco en la importancia de garantizar el acceso efectivo a la justicia para víctimas extranjeras, incluyendo el derecho a una traducción idónea, asistencia integral y un abordaje con perspectiva de género y sensibilidad cultural, para evitar situaciones de revictimización.
A.Y. indicó a este medio que el próximo 6 de marzo se celebrará una audiencia clave en la que el abogado de su agresor, Federico Higa, solicitará su liberación. “Si se vuelve a conceder la liberación, el mismo peligro puede repetirse”. A pesar de contar con una orden de restricción, el agresor, según su testimonio, continuó enviándole mensajes de acoso y difamación a su familia. "Solo después de su detención pude sentir, por primera vez, algo de tranquilidad" afirma.
Su temor no se limita a Salta. A.Y. expresa una profunda preocupación por su seguridad incluso si logra regresar a Japón. "Actualmente, él ha contratado a un abogado de origen japonés que posee residencia permanente en Japón... Este hecho, por sí solo, me genera un profundo temor: temo que puedan contactarme en Japón o que existan represalias".
La joven plantea interrogantes escalofriantes: "¿Qué sucederá si intenta vengarse? ¿Qué ocurrirá si ingresa a Japón? ¿Y si desarrolla conductas de acoso persistente?". En el peor de los escenarios, teme por su vida.
A.Y. describe la angustia de vivir en constante alerta, incluso en su propio país, donde no existe un sistema de custodia policial permanente las 24 horas. Además, advierte sobre el peligro potencial para otras mujeres: "Solicito que se reflexione seriamente antes de tomar una decisión que podría volver a exponer a víctimas a un peligro real".
Revictimización institucional: Una barrera más allá del idioma
El calvario de A.Y. no se limita a la violencia física y psicológica por parte de quien le prometió vivir una vida en familia en Salta. La joven denuncia graves fallas en el sistema judicial y la atención a víctimas de violencia de género en Salta. "Más que una simple barrera idiomática, sentí que estaba siendo vulnerada por las propias instituciones y el sistema legal que deberían protegerme" , asegura.
En ese sentido relata que el 13 de febrero de 2026, A.Y. fue citada a declarar por la Fiscalía de Violencia Familiar N.º 3 y la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual N.º 2. Sin embargo, la elección de la intérprete generó serias irregularidades.
Inicialmente, se designó al hermano de una persona que la había ayudado, lo que generó objeciones por parte de la defensa del agresor. En la segunda audiencia, la intérprete designada, si bien conocía el idioma japonés, utilizaba expresiones que no eran propias de un hablante nativo, lo que, según A.Y., impidió que sus declaraciones fueran transmitidas con precisión. Incluso, la persona que inicialmente iba a actuar como intérprete, presente en resguardo de sus derechos, informó formalmente que la interpretación no era completa, las preguntas de la fiscalía no se transmitían con exactitud y sus respuestas no eran traducidas de manera fiel.
A pesar de esto, en una nueva audiencia para evaluar su estado psicológico, se volvió a designar a la misma intérprete. "Cada vez que hablaba, se me decía reiteradamente: “Disculpe, ¿podría repetirlo?”. Incluso después de haber declarado durante cinco horas en la audiencia anterior, tuve que repetir múltiples veces los mismos hechos". A.Y. describe el impacto emocional de tener que revivir una y otra vez los hechos traumáticos, sin que fueran traducidos correctamente, lo que le impidió declarar con estabilidad.
Una cadena de fallas
A.Y. denuncia una serie de irregularidades que la llevaron a sentirse revictimizada por el sistema. Entre ellas, menciona que su primer abogado defensor actuó favoreciendo al agresor, el segundo no gestionó la devolución del dinero abonado ni la restitución de sus pertenencias personales, se difundieron datos personales y detalles del caso sin su autorización (incluyendo su nombre y domicilio en Japón), no se le entregó copia formal de la sentencia, el Polo Integral de la Mujer no le brindó apoyo efectivo (a pesar de que se afirmó lo contrario en los medios), hubo fallas en la actuación inicial de la policía y la fiscalía, y se elaboraron múltiples informes policiales con información falsa relacionada con el caso.
"La acumulación de estos hechos me lleva a sentir que no solo he sido víctima del agresor, sino también de fallas institucionales" , concluye A.Y. "Quien debía ser protegida terminó siendo expuesta y colocada en una situación aún más vulnerable". Hasta el día de hoy, la joven afirma vivir bajo un alto nivel de estrés, sin haber sido liberada de la revictimización institucional.