SociedadEl dolor y la espera a los pedidos de informes
La muerte de los operarios de Aguas del Norte sigue siendo motivo de investigación sin ningún tipo de respuestas concretas todavía, lo último que se conoce es que ingresó al Senado información proveniente del presidente de Aguas del Norte, COSAySA, Ignacio Jarsún, en respuesta a Resolución de Cámara de autoría del Senador Mashur Lapad, en relación al accidente y fallecimiento de operarios de la empresa.
Además, ingresó una nota de los padres de uno de los fallecidos, Miguel Aguirre y Carmen Flores, solicitando reunión con los senadores, que podría concretarse la semana próxima en horario a definir. También los familiares de la otra víctima se acercaron a Salta Capital en busca de respuestas.
Dos trabajadores de Aguas del Norte murieron y otros dos resultaron heridos tras un grave episodio laboral ocurrido el pasado 5 de mayo en el norte provincial, según surge de la documentación remitida por la empresa a la Cámara de Senadores de Salta en respuesta a un pedido de informes legislativo.
La información fue enviada oficialmente por el presidente de la compañía, Ignacio Jarsún, al vicegobernador y presidente del Senado provincial, Antonio Marocco, en el marco de la Resolución 65/2026.
Las víctimas fatales fueron Emmanuel Aguirre, de 24 años, y Raúl Omar Torres, de 42, ambos operarios del área de Operaciones que cumplían funciones como plomeros en las localidades de Rivadavia Banda Sur y La Unión.
Otros dos trabajadores sufrieron lesiones, Leonardo Sebastián Méndez, de 29 años, y Lisandro Federico Ruiz, de 40, quienes integraban el mismo sector operativo de la empresa.
El caso generó fuerte repercusión política y sindical, mientras crecen los cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad laboral y los protocolos aplicados en trabajos operativos de riesgo dentro de la empresa estatal. La familia de los fallecidos insiste en que no trabajaron nunca con el equipamiento adecuado ni las herramientas, de hecho el padre de Emmanuel contaba que usaba sus herramientas en ocasiones.
Ahora, con la documentación ya incorporada al expediente legislativo, el Senado provincial deberá analizar el contenido de los informes y determinar si avanza con nuevas medidas o pedidos de explicaciones vinculados a las circunstancias en que se produjo la tragedia.
Qué dice la respuesta de Aguas del Norte
Nada preciso. Es una respuesta oficial firmada por el presidente de la empresa, Ignacio Jarsún, en la que afirma haber pedido todos los informes pertinentes.
La empresa realizó “los pedidos de informe internos correspondientes” y adjuntó documentación elaborada por distintas áreas de la compañía. La Gerencia de Operaciones ordenó una reconstrucción interna de lo ocurrido aquel día. En ese marco, se solicitaron informes pormenorizados sobre:
- las tareas asignadas al personal,
- la modalidad de ejecución de los trabajos,
- los horarios,
- las instrucciones impartidas,
- el personal interviniente,
- y la disponibilidad de elementos de protección personal (EPP).
Uno de los documentos internos, firmado por el gerente de Operaciones, Flavio Nicolás Díaz, menciona expresamente que se pidió información detallada respecto de las tareas realizadas en La Unión y Rivadavia Banda Sur durante la jornada del 5 de mayo.
A su vez, el expediente incorpora una solicitud de “informe circunstanciado” dirigida al jefe operativo de Rivadavia Banda Sur, Marcos Cuellar, para que precise cómo se desarrollaron los trabajos de limpieza y desobstrucción del sistema cloacal donde ocurrió el hecho.
Qué dicen los descargos desde la postura de la empresa
La documentación incorporada al expediente legislativo por la tragedia ocurrida en Rivadavia Banda Sur expone la estrategia defensiva adoptada por Aguas del Norte en la que la empresa sostiene que la tarea donde murieron dos operarios “no estaba autorizada” y que los trabajadores habrían intervenido por fuera de las instrucciones impartidas oficialmente.
El eje de esa postura aparece en el informe firmado por Marcos Oscar Cuellar, responsable operativo de la zona, quien afirmó que la única orden dada el 5 de mayo consistía en reemplazar una bomba sumergible en la Estación de Bombeo N.º 1 de Rivadavia Banda Sur.
Según su descargo, durante la mañana se detectó que la bomba seguía fallando y se decidió trasladar otra desde la base operativa de La Unión. Para ello viajaron los operarios Raúl Torres y Lisandro Ruiz, quienes se sumaron al equipo local integrado por Emanuel Aguirre, Leonardo Méndez, Carlos Arroyo y José Rojas.
Cuellar asegura que nunca autorizó tareas dentro de una boca de registro cloacal, lugar donde finalmente ocurrió la tragedia. “Jamás se autorizó ni se me consultó intervención alguna en la boca de registro cercana a la estación de bombeo”, sostuvo en el informe interno.
El responsable operativo indicó además que recién cerca de las 19 horas tomó conocimiento del hecho, luego de recibir un llamado telefónico de Lisandro Ruiz “con un llanto desconsolado” informando la muerte de sus compañeros.
Uno de los puntos más sensibles del expediente aparece en la descripción de las medidas de seguridad. La empresa sostiene que los operarios sí contaban con elementos de protección personal, pero únicamente adecuados para el trabajo de reemplazo de bomba:
- casco,
- guantes,
- botas,
- ropa de trabajo,
- faja lumbar,
- y botines reforzados.
Sin embargo, la propia documentación reconoce que las tareas en espacios confinados —como cámaras cloacales o bocas de registro— requieren protocolos especiales, medición ambiental previa y equipamiento específico.
El informe técnico revela que la empresa dispone de:
- arneses de seguridad,
- y un detector multigás Altair 5X de la marca MSA,
destinados especialmente para intervenciones en espacios confinados.
No obstante, Aguas del Norte remarca que esos equipos “no guardan relación con la actividad autorizada por la compañía”, ya que oficialmente —según sostienen— nunca se ordenó ingresar a la boca de registro donde ocurrió el accidente.
En otro tramo clave, el expediente confirma que la empresa cuenta con Procedimientos de Trabajo Seguro (PTS) específicos para espacios confinados. La compañía argumenta que esos procedimientos “no resultaban operativamente aplicables” porque la tarea encomendada era solamente el recambio de bomba.
La documentación también confirma que, tras el hecho, se realizaron denuncias ante Asociart ART y se inició una recopilación interna de antecedentes administrativos y técnicos.
Mientras tanto, el caso continúa generando conmoción en Salta, no sólo por la muerte de Emmanuel Aguirre y Raúl Omar Torres, sino también porque los informes internos muestran una fuerte discusión sobre responsabilidades, protocolos y condiciones laborales dentro de la empresa estatal.
Si bien la documentación confirma que la empresa inició actuaciones internas y recopiló información técnica y administrativa, en la respuesta oficial elevada al Senado no aparecen conclusiones definitivas sobre eventuales responsabilidades ni precisiones públicas sobre las causas concretas que derivaron en la muerte de los trabajadores.