Sectores advierten un vaciamiento silencioso
Un proyecto de ley impulsado en la Cámara de Diputados de la Provincia de Salta abrió una fuerte polémica entre organizaciones vinculadas a los derechos humanos y la perspectiva de género. La iniciativa propone modificar la integración y el régimen de funcionamiento del Observatorio de Violencia contra las Mujeres y del Comité Provincial de Prevención de la Tortura, estableciendo que las representantes designadas por los poderes del Estado desempeñen sus funciones ad honorem.
La propuesta ingresó bajo el expediente Nº 91-53.922/26 y cuenta con la firma de legisladores del bloque oficialista Todos por Salta, entre ellos Esteban Amat Lacroix, Gustavo Orozco, Juan José Esteban y Guillermo Kripper, entre otros.
La iniciativa plantea modificaciones sobre dos leyes provinciales:
- la Ley 7863, que creó el Observatorio de Violencia contra las Mujeres;
- y la Ley 8024, que regula el Comité Provincial de Prevención de la Tortura.
En el caso del Observatorio, el proyecto propone que las representantes designadas por el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, cumplan sus funciones sin remuneración.
Además, respecto del Comité de Prevención de la Tortura, la propuesta elimina incompatibilidades que actualmente impiden a sus integrantes realizar otras actividades remuneradas, salvo docencia e investigación.
Los fundamentos del proyecto sostienen que, ante un contexto de “recursos estatales limitados”, resulta necesario optimizar gastos públicos y contribuir al equilibrio fiscal.
En el Observatorio
El proyecto establece que las representantes designadas por:
- el Poder Ejecutivo,
- el Poder Judicial,
- el Senado,
- y la Cámara de Diputados,
deberán ejercer sus funciones sin cobrar remuneración.
El organismo fue creado para producir información, diagnósticos e informes sobre violencia de género y desigualdades estructurales, con el objetivo de orientar políticas públicas.
En el Comité contra la Tortura
La reforma también dispone que los representantes designados por:
- el Poder Ejecutivo,
- la Cámara de Diputados,
- y el Senado,
pasen a desempeñarse ad honorem.
Sólo conservarían remuneración los dos integrantes provenientes de organizaciones de derechos humanos. Además, se elimina el régimen de incompatibilidades que actualmente impide a los miembros desarrollar otras actividades remuneradas, salvo docencia o investigación.
“Sólo podrán hacerlo quienes tengan respaldo económico”
Las principales advertencias giran alrededor del impacto real que puede tener convertir estos cargos en funciones gratuitas. Fuentes consultadas señalaron que las tareas desarrolladas en ambos organismos requieren de profesionales capacitados que no pueden sostenerse desde el voluntariado, desconociendo el nivel de responsabilidad institucional que implica.
En la práctica, sostienen, sólo podrían asumir cargos sin salario personas que ya cuenten con ingresos propios, respaldo económico o estructura institucional previa. Lejos de democratizar la participación, el esquema podría restringirla.
El rechazo de la Red de Comunicadoras de Salta
La iniciativa generó una rápida reacción de la Red de Comunicadoras de Salta, que este 11 de mayo difundió un duro comunicado cuestionando la propuesta legislativa.
“El Observatorio de Violencia contra las Mujeres no es un organismo accesorio ni prescindible”, señalaron las comunicadoras, quienes advirtieron que la medida implica un debilitamiento institucional en una provincia que mantiene vigente la emergencia por violencia de género desde hace 12 años.
Según expresaron, el trabajo que realizan las integrantes del organismo requiere:
- formación especializada,
- responsabilidad pública,
- compromiso técnico,
- articulación institucional,
- producción de diagnósticos,
- y seguimiento de políticas públicas.
En ese marco, sostuvieron que convertir esos cargos en funciones ad honorem “desconoce el valor del trabajo especializado en materia de género y derechos humanos”.
“Sin recursos no hay políticas públicas efectivas”
El comunicado también cuestiona la lógica de considerar que las tareas vinculadas al cuidado, la prevención de las violencias y la defensa de derechos puedan sostenerse sin reconocimiento económico.
“La violencia contra las mujeres continúa siendo una problemática urgente en Salta, por lo tanto, la respuesta del Estado no puede ser el ajuste sobre uno de los organismos que generan herramientas para enfrentarla”, afirmaron.
Desde la Red de Comunicadoras de Salta reclamaron a diputados y senadores provinciales que revisen la iniciativa y advirtieron que cualquier reforma vinculada al Observatorio debería apuntar a fortalecerlo y no a precarizarlo.
“Si ambas Cámaras renuevan cada dos años la emergencia por violencia de género, resulta imprescindible que en esta oportunidad actúen en consecuencia y rechacen cualquier iniciativa que debilite las herramientas institucionales creadas para enfrentar esa problemática”, expresaron.
Sin dictámenes de comisión
Hasta el momento, el proyecto no cuenta con dictámenes de las comisiones de Mujer, Género, Diversidades, Niñas, Niños, Adolescentes y Familia; Derechos Humanos y Personas Mayores; Hacienda y Presupuesto ni Legislación General.
El debate se instala en un contexto donde distintas organizaciones sociales, feministas y de derechos humanos vienen reclamando mayores recursos para políticas de prevención y asistencia frente a la violencia de género en la provincia.
El riesgo de un vaciamiento silencioso
Las críticas apuntan además a que el eventual ahorro fiscal sería mínimo frente al costo político e institucional.
“El problema no es solamente cuánto se ahorra. El problema es qué mensaje se envía cuando el ajuste empieza por organismos vinculados a violencia de género y derechos humanos”, resumió una de las fuentes consultadas
En el caso del Comité Provincial de Prevención de la Tortura, las preocupaciones son similares, aunque suman otro elemento: la situación institucional actual del organismo. Rodrigo Solá dejó el cargo en diciembre tras asumir funciones nacionales; el mandato de Cristina Cobos venció en febrero y varios cargos continúan pendientes de regularización. Existe riesgo de acefalía y cuestionan que no se hayan realizado concursos o mecanismos de renovación antes del vencimiento de mandatos.
También generó preocupación la redacción que exige que las organizaciones de derechos humanos estén “reconocidas legalmente”, ya que podría excluir a espacios históricos con trabajo territorial pero sin personería jurídica formal.