En Cachi sí, en Las Costas no
Este jueves, en el Senado de la Provincia se dieron dos situaciones relacionadas a los pueblos originarios que destapan algunas contradicciones por falta de legislaciones claras y permanentes al respecto.
Por un lado, los descendientes de la comunidad Lule que pretendían defender su territorio en Las Costas, donde crían animales y viven desde hace décadas, vieron avasallada su lucha y finalmente los legisladores le entregaron a la Provincia la posibilidad de dar en comodato las tierras al club Tigres, el que por su parte afirma que no destruirá las viviendas.
Por otro, en Cachi la situación fue diferente y corrió a favor de los diaguitas calchaquí, aunque pasaron dos semanas a la intemperie y se evalúa arremeter judicialmente conta la jueza que los desalojó.
Finalmente, tras varias reuniones entre las partes y la última reunión en el Senado de la Provincia que solicitará la emergencia en asuntos territoriales indígenas, la Justicia ordenó la restitución de las viviendas a las familias de la comunidad diaguita calchaquí de Las Pailas, en el departamento Cachi, sin embargo, no hay paz hasta tanto no haya definiciones más concretas y permanentes.
Fueron dos semanas de angustia para muchas familias, despojados de sus viviendas y pertenencias, lo que generó una fuerte movilización social, reclamos institucionales y cuestionamientos al procedimiento judicial.
La medida fue confirmada por la abogada de la comunidad, Verónica Huber, quien informó que la magistrada interviniente dispuso la restitución de las viviendas a las familias desalojadas el pasado 12 de junio en el paraje San Gabriel. La resolución se conoció horas después de una reunión plenaria celebrada en el Senado provincial, donde legisladores recibieron a los representantes de la comunidad y analizaron alternativas para revertir la situación.
Según explicó Huber, el operativo afectó a más de 60 personas, entre ellas 18 menores de edad, cuatro adultos mayores de 70 años, una persona con discapacidad y otra bajo tratamiento médico crónico. La letrada sostuvo que la orden judicial original hacía referencia al desalojo de un sector de aproximadamente cuatro hectáreas vinculado a un contrato de pastaje, pero que la ejecución terminó extendiéndose sobre la totalidad del predio ocupado por la comunidad.
"Había una sentencia que ordenaba el desalojo de un potrero de cuatro hectáreas donde había vacas y una hectárea estaba sembrada, y la jueza firmó una orden por la que se concretó el desalojo de sesenta personas", afirmó.
Durante el plenario del Senado, los integrantes de la comunidad denunciaron que el operativo, realizado con un importante despliegue policial, provocó la pérdida del acceso a viviendas, cultivos, animales de cría y al sistema comunitario de provisión de agua, además de afectar a personas mayores y menores de edad.
En ese marco, el senador por Cachi, Manrique Burgos, sostuvo que el caso de Las Pailas no debe interpretarse como un hecho aislado, sino como una problemática estructural vinculada a la ausencia de herramientas legales específicas para garantizar los derechos territoriales de los pueblos originarios.
El legislador indicó que, tras recibir múltiples denuncias, llamados y testimonios de integrantes de la comunidad, quedó en evidencia que el alcance del operativo habría excedido lo que originalmente se interpretaba como objeto de la sentencia judicial. Asimismo, señaló que el proceso debe analizarse a la luz del marco normativo nacional y de los tratados internacionales que reconocen y protegen los derechos de los pueblos indígenas.
"Este desalojo tiene que ver con un proceso más amplio y debemos analizarlo dentro del marco normativo nacional y de los tratados internacionales vigentes. Avanzar en una legislación integral permitirá evitar que vuelvan a repetirse situaciones de falta de respeto a la diversidad cultural", expresó el senador.
Burgos también confirmó que, junto con otros legisladores, impulsará una iniciativa para establecer la suspensión de desalojos de comunidades originarias y avanzar en una legislación provincial que reconozca y proteja los derechos territoriales indígenas.
"Hoy recibimos a los desalojados de Las Pailas y trabajaremos en una ley de suspensión de desalojos. Reconocer y proteger los derechos de los pueblos originarios es un acto de justicia", afirmó.
La decisión del Senado provincial de intervenir institucionalmente se tradujo en el compromiso de impulsar mecanismos legislativos y de intermediación parlamentaria para evitar nuevas situaciones similares. Además, se anunció la presentación de un proyecto de ley para declarar la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras ocupadas ancestral y tradicionalmente por comunidades indígenas en el territorio salteño.
Horas después de la reunión legislativa y de una movilización realizada frente a la Legislatura provincial, Huber confirmó que la Justicia había ordenado la restitución de las viviendas a las familias desalojadas. La abogada explicó que la medida debía ejecutarse con intervención de los jueces de paz de Seclantás y Cachi.
Para la representante legal de la comunidad, la restitución constituye un avance importante, aunque advirtió que persisten daños materiales y personales ocasionados durante las dos semanas que las familias permanecieron fuera de sus hogares, soportando temperaturas bajo cero y sin acceso a sus pertenencias.
Asimismo, Huber confirmó que presentarán un pedido de jury contra la jueza María Fernanda Diez Barrantes por avanzar con acciones por daños y perjuicios derivados del procedimiento.
La letrada sostuvo además que la disputa territorial excede el episodio del desalojo y forma parte de una demanda histórica de reconocimiento de los derechos ancestrales de la comunidad sobre las tierras que ocupan desde hace generaciones.
"Las comunidades poseen estas tierras desde hace mucho antes de la constitución del Estado argentino. El derecho que tienen sobre el territorio es innegable", sostuvo.
Mientras se concreta el regreso efectivo de las familias a sus viviendas, el caso de Las Pailas se convirtió en un punto de inflexión para el debate sobre la protección de los derechos territoriales indígenas en Salta y abrió el camino hacia una posible reforma legislativa destinada a evitar nuevos conflictos y garantizar el respeto a la diversidad cultural y a los derechos reconocidos constitucionalmente.
*(Foto de portada gentileza de Diego Chalom, en la manifestación que unió a los Lules y a los Diaguita Calchaquí en la Legislatura este jueves)