SociedadDisputa por los montes nativos
Marta Herrera y Leonardo Pantoja, dos integrantes y líderes de la comunidad Wichí de Misión Chaqueña, fueron detenidos la noche del miércoles, cerca de las 23 horas. La detención se produjo luego de que se acercaran al destacamento policial para denunciar amenazas de muerte por parte de Claudio Ferrari, un empresario que compró un terreno en el medio del monte nativo en que habita de forma centenaria la comunidad originaria.
Según denunció el abogado Juan Carlos Vera, fueron apresados y trasladados a la Fiscalía de Embarcación “por orden de la fiscal (Gabriela Souto, de presunto parentesco con el empresario Ferrari) pero sin notificación previa”.
En la mañana del jueves, de acuerdo a lo que pudo averiguar Gente de Salta, fueron trasladados de la Fiscalía de Embarcación a Tartagal, acusados de lesiones leves. Tienen por lo menos 30 días de arresto por delante. “Lamentamos que no se tenga en cuenta el asunto étnico en los aspectos jurídicos, porque no se trata de un conflicto entre Juan y Pedro, son indígenas y criollos, el abordaje no puede ser el mismo que cualquiera”, expresó un allegado a los detenidos.
Estos referentes vienen hace por lo menos un mes resistiendo la ocupación y el desmonte del terreno, que fue comprado “en buena ley”, pero sin asesoramiento antropológico que vele por los derechos indígenas, a través de acampes y reclamos reiteradamente ignorados por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), organismo que debería garantizar el derecho ancestral de los pueblos originarios a sus tierras.
La escalada de conflicto fue advertida por Gente de Salta tras hablar con Pantoja días atrás, a raíz de los oídos sordos de quienes deberían interceder para evitar que se acreciente el hostigamiento por parte de Ferrari, incluyendo presentaciones policiales intimidatorias y amenazas verbales contra Herrera y otros miembros de la comunidad.
“Ferrari considera que el monte no sirve para nada, sólo para sacar los árboles y criar ganado o lo que él pretenda. Pero este territorio, para las comunidades, tiene otra función. De ahí sacan el alimento, las frutas, la algarroba, con la que hacen la harina, extraen medicina ancestral. Por éso el monte es importante, de la madera se saca lo necesario para hacer artesanías”, explica Vera en diálogo con ANRed. El abogado considera que “es un hecho gravísimo que el Estado Nacional, como garante de los derechos de las comunidades al territorio establecido en el Convenio 169 de la OIT y la Ley 24.071, no esté aplicando la normativa vigente”.
Ferrari ha alambrado todo lo que pudo, entre 4 y 6 km, y la comunidad ha reaccionado quitando los alambrados y postes, lo que fue generando un círculo de conflictos.
El ingeniero Alejandro Deane, quien conoce el territorio de cerca y a las comunidades involucradas, se puso en contacto con un funcionario correspondiente al área de asuntos indígenas de la provincia y se dirigen en la mañana de este jueves a Embarcación, donde están los detenidos.
“Gómez Almaraz tiene la buena predisposición y entiende que el conflicto es de índole antropológico y hay que involucrar ésta área en la toma de decisiones que atañe a los originarios”
Además, Deane le dijo a Gente de Salta que las dos posibles soluciones son la expropiación del terreno por parte del Estado o la compra por parte de otro particular en común acuerdo con el propietario y la firme determinación de destinarla a las comunidades; pero antes requiere que la Justicia o el Estado tomen intervención para que el propietario decida vender, entendiendo que esa tierra no le sirve a él como sí a los originarios milenarios de la zona.