SociedadYa llegó a las primarias en Salta
La escalada de amenazas de tiroteos, pintadas intimidatorias y circulación de armas en escuelas argentinas dejó de ser un problema exclusivamente pedagógico para convertirse en un conflicto judicial y económico. Frente a este escenario, distintas provincias comenzaron a avanzar con una misma lógica: trasladar el costo de las falsas alarmas a los padres de los menores involucrados. Sin embargo, la respuesta no es uniforme y abre interrogantes sobre su efectividad.
En Salta siguen apareciendo y ya llegaron a la primaria, los padres de los diferentes grupos de WhatsApp debaten largas horas si mandar o no a sus hijos, lo que se torna tedioso, estresante para los padres, alumnos y maestros. “No mandarlos es alimentar este falso monstruo que se nos va a volver en contra a la hora de incentivar a la asistencia de los chicos a clases”, sostiene como común denominador el eje de las posturas de adultos en Salta.
En el caso de multas, el caso más contundente se registra en Santa Fe, donde el gobierno provincial resolvió que, una vez comprobada la autoría, los responsables deberán afrontar el costo total de los operativos de seguridad. Según estimaciones oficiales, cada intervención puede demandar entre cinco y seis millones de pesos, al contemplar la movilización de policías, bomberos y equipos de emergencia. La medida surge tras un pico de 65 amenazas en un solo día, muchas de ellas difundidas dentro de los propios establecimientos educativos.
En la misma línea, Córdoba formalizó un protocolo que establece el recupero de los gastos operativos ante cada falsa amenaza. El procedimiento incluye la cuantificación de recursos humanos y materiales utilizados y la posterior intimación de pago a los adultos responsables. De no cumplirse, el Estado puede avanzar con acciones judiciales. “Ese costo no puede seguir recayendo sobre toda la sociedad”, sostuvieron desde el Ministerio de Seguridad.
Mendoza, en tanto, adopta un enfoque diferente pero igualmente severo. Allí, la discusión no pasa tanto por una multa económica directa sino por la responsabilidad legal de los padres. En casos de delitos cometidos por menores —como portar armas o generar situaciones de riesgo— los adultos pueden enfrentar consecuencias penales por incumplimiento de sus deberes de cuidado, e incluso ser considerados responsables indirectos en hechos de mayor gravedad.
La tendencia también se replica, con matices, en otras jurisdicciones. En Mar del Plata, la Justicia ya dispuso en casos concretos que los padres afronten los costos de los operativos, mientras que en Corrientes se advierte que las amenazas serán investigadas como intimidación pública y que los adultos pueden ser responsables civiles por los daños ocasionados. En la Ciudad de Buenos Aires, en cambio, no se aplicaron sanciones económicas, aunque se reforzaron los protocolos escolares y el trabajo coordinado con la Justicia.
Para especialistas en convivencia escolar, el fenómeno excede la coyuntura. En diálogo con Cadena 3, el experto Alejandro Castro Santander advirtió que el país reacciona “tarde y de forma espasmódica” ante una violencia que ya es estructural en América Latina. Señaló, además, la influencia de comunidades digitales donde se glorifican hechos como masacres escolares, lo que agrava el escenario y complejiza la prevención.
Las medidas, sin embargo, generan debate. Mientras algunos sectores consideran que impactar en el bolsillo familiar puede funcionar como un disuasivo inmediato, otros advierten que se trata de respuestas reactivas que no abordan el problema de fondo: la salud mental adolescente, la convivencia escolar y el rol de las familias en entornos atravesados por la violencia y la virtualidad.