La tradición de coquear en el norte argentino es mucho más antigua que la legislación que hoy la condiciona. Sin embargo, durante décadas convivieron dos realidades difíciles de conciliar: por un lado, el Estado reconoce y permite el consumo tradicional de la hoja de coca; por otro, mantiene prohibida su importación y comercialización legal.

Esa contradicción, vigente desde hace casi medio siglo, es la que busca resolver un proyecto de ley presentado por los diputados nacionales jujeños Jorge Rizzotti y María Inés Zigarán, que comenzó a sumar respaldo entre legisladores del NOA.
La iniciativa propone establecer un marco legal para la importación, distribución y comercialización de la hoja de coca en estado natural, destinada al coqueo y a la preparación de infusiones, actividades que forman parte de la identidad cultural de Salta, Jujuy y otras provincias del norte.

Una contradicción que alimenta la informalidad
Actualmente, el consumo de hoja de coca no constituye un delito. No obstante, el Decreto 648/78, firmado durante la última dictadura militar, sigue prohibiendo su importación.
Como consecuencia, el mercado funciona mayoritariamente en la informalidad. La hoja ingresa al país por circuitos no autorizados, lo que da lugar a frecuentes operativos de secuestro y decomiso en rutas y pasos fronterizos, además de actuaciones administrativas y judiciales sobre un producto cuyo consumo está permitido.
Para los autores del proyecto, esta situación representa una anomalía jurídica que termina fortaleciendo el contrabando en lugar de combatirlo.

El respaldo de Salta
La propuesta sumó como cofirmante al diputado nacional salteño Bernardo Biella, quien consideró que la iniciativa constituye un paso necesario para reconocer legalmente una práctica social y cultural que lleva generaciones formando parte de la vida cotidiana del norte argentino.
"Me parece un proyecto superador que, sin lugar a dudas, baja barreras para que de esta manera se legalice la comercialización de la hoja de coca para su uso social y también ancestral", afirmó el legislador.
Biella sostuvo además que resulta contradictorio que el Estado permita consumir hoja de coca, pero mantenga prohibidos su ingreso al país, transporte y comercialización, una situación que termina favoreciendo la clandestinidad y la falta de controles.

Qué propone la iniciativa
El proyecto autoriza la importación legal de hoja de coca en estado natural, su almacenamiento, transporte y comercialización mediante comercios habilitados.
- Derogar el Decreto 648/78.
- Modificar la Ley 23.737 de Estupefacientes para excluir estas actividades del ámbito penal cuando se desarrollen bajo el régimen previsto.
- Crear un Registro Especial de Importadores.
- Implementar un sistema de licencias y controles fiscales, comerciales y sanitarios.
- Incorporar la hoja de coca al Código Alimentario Argentino para establecer estándares de calidad, inocuidad y trazabilidad.
Según los fundamentos de la iniciativa, en Argentina existen más de 1,5 millones de consumidores, por lo que una regulación permitiría transparentar un mercado que hoy opera mayoritariamente fuera de los canales formales.

Una discusión pendiente desde hace décadas
Es un debate que busca resolver, una vez más, una deuda legal con una práctica cultural que nunca dejó de existir y que sobrevivió a distintas etapas políticas, incluso a normas que hoy resultan difíciles de compatibilizar con el reconocimiento constitucional de la diversidad cultural y los derechos de los pueblos originarios.
No obstante, el proyecto también encuentra llamados a la cautela. El diputado nacional por Salta, Carlos Zapata manifestó una posición favorable a discutir la regulación, aunque advirtió que el Congreso deberá analizar cuidadosamente los compromisos internacionales asumidos por la Argentina en materia de estupefacientes antes de avanzar con una modificación del régimen vigente.

La iniciativa comenzará ahora su recorrido legislativo en las comisiones de la Cámara de Diputados. Si prospera, podría poner fin a una paradoja que lleva casi cincuenta años: que una costumbre ancestral y legal para quien la practica siga dependiendo de un circuito comercial que la propia legislación mantiene fuera de la ley.