Tras largos años de inestabilidad y múltiples desequilibrios, Argentina atraviesa un proceso de ordenamiento que, aunque aún frágil y dificultoso, representa un cambio radical de régimen en materia macroeconómica. La desaceleración de la inflación, el superávit fiscal y la progresiva corrección de los precios relativos son logros significativos cuyo valor no debe menospreciarse. Esta primera fase, de corte estabilizador, ha permitido recuperar cierta previsibilidad en las decisiones empresariales, un activo escaso y valioso en el mundo contemporáneo.
La estabilidad es condición necesaria para crecer. Y el crecimiento es una necesidad impostergable porque los números de los últimos años son dramáticos. En efecto, suponiendo que la economía crezca este año un 4,5%, el crecimiento promedio desde 2009 habrá sido sólo del 0,9%. Si se resta el crecimiento de la población, entonces la conclusión es que el PIB per cápita prácticamente no ha crecido desde ese año. Más increíble aún es que, con la excepción de los años 2021 y 2022 (donde en el primero la economía simplemente “rebotó” luego de la pandemia), la última vez que Argentina fue capaz de encadenar dos años consecutivos de crecimiento fue en 2010 y 2011.
Pero la estabilidad puede ser insuficiente para crecer. La historia económica argentina ofrece suficientes ejemplos de períodos de relativa calma, basados en cierta estabilidad macroeconómica, que no derivaron en crecimiento sostenido. El crecimiento de corto plazo (un par de años) puede surgir de la recuperación de la capacidad ociosa, la normalización de las expectativas o la recomposición del consumo. Pero el crecimiento de largo plazo requiere transformaciones más profundas, vinculadas a acumulación de capital y al aumento de la productividad.
Los motores del crecimiento sostenido ya no son ningún misterio. Las economías que logran mantener trayectorias de expansión prolongada lo hacen porque generan un entorno donde la inversión privada encuentra incentivos para innovar, emplear y escalar producción. Y la productividad aumenta cuando se incorpora tecnología (aspecto clave en tiempos de IA), se reduce la informalidad laboral, se promueve la competencia y se reasignan recursos hacia sectores más eficientes. “Ordenar las cuentas” no garantiza este proceso, pero sí otorga previsibilidad. Y en ese marco las mejoras en inversión y productividad son mucho más probables.
¿Qué se necesita, además de la estabilidad? Esencialmente, reformas estructurales. Es decir: cambios en las “reglas del juego”, instituciones y regulaciones. Su objetivo es modificar de modo permanente el modo como se asignan recursos para aumentar el PIB potencial del país. A diferencia de las políticas económicas de estabilización (como la fiscal y la cambiaria), estas reformas modifican el andamiaje en el que se basan las decisiones de consumo, inversión, innovación, empleo.
Estas reformas estructurales abarcan, en líneas generales, los ámbitos laboral, tributario y previsional. Luego de las elecciones del 26 de octubre, el gobierno pretende enfocarse en estas reformas e inicialmente planea hacerlo en el ámbito laboral. Es un paso muy importante, al menos por dos motivos. En primer lugar, por el cambio de la estructura del PIB, donde algunos sectores (particularmente, los servicios) tienen cada vez más peso. Y, en segundo lugar, porque la tecnología avanza en el mundo a un ritmo que redefine cadenas de valor y estructuras de empleo. Si Argentina aspira a integrarse productivamente a la economía global, necesita una estructura laboral que acompañe la innovación, no que la frene. La informalidad laboral, que afecta a más de la mitad de los trabajadores, limita la productividad, reduce la base tributaria y perpetúa la desigualdad. Sin reformas que simplifiquen los costos de contratación y modernicen las relaciones laborales, el país seguirá atrapado en un modelo que premia la supervivencia y penaliza el crecimiento.
Desde esta perspectiva, es simple entender por qué el debate actual sobre la reforma laboral adquiere una relevancia estratégica. No se trata de erosionar derechos ni de precarizar condiciones, sino de rediseñar un marco que promueva la creación de empleo formal y competitivo en un mundo que cambia velozmente. La rigidez del sistema actual desalienta la incorporación de jóvenes, de trabajadores con trayectorias intermitentes y de perfiles tecnológicos que requieren esquemas más flexibles. Reformar es, en última instancia, incluir: permitir que más argentinos accedan a la productividad, la capacitación y la protección social que sólo la formalidad ofrece.
La estabilización actual puede ser el punto de partida de una nueva etapa si logra complementarse con un ciclo de reformas estructurales que apunten a desatar la productividad. En este sentido, es importante señalar que estos cambios no se discuten en el vacío: dependen del orden macro, pero también del orden político. La estabilidad compra tiempo, y usarlo bien es un verdadero desafío. Sin ello, la economía argentina corre el riesgo de volver a su trampa habitual: estabilizar para luego estancarse. El desafío, entonces, es construir consensos para redefinir los incentivos que hoy condicionan el desarrollo. Argentina tiene talento, capacidad productiva y un sector privado que ha demostrado resiliencia en condiciones extremas. Pero sin un marco que premie la innovación, el empleo formal y la inversión de largo plazo, ese potencial seguirá encapsulado.
El crecimiento sostenible exige una arquitectura institucional que libere la energía productiva del país. La oportunidad está abierta. La pregunta es si esta vez lograremos aprovecharla.