EconomíaPiden intervención política
En el marco del plenario del Parlamento del Norte Grande, que reunió a vicegobernadores, legisladores y empresarios de diez provincias, el sector industrial no solo pidió avanzar en leyes de emergencia para una actividad que describen como crítica, sino que también solicitó mediación política ante la ARCA por una práctica que —advierten— no hace más que profundizar la crisis financiera de las empresas.
En el Palacio Legislativo de Tucumán, representantes del sector industrial del norte, incluidos los de Salta, expresaron el malestar sobre los embargos de la ARCA, que se originan en deudas impositivas —incluso ante atrasos de pocos días— pero cuya modalidad de aplicación es la que genera mayor preocupación. Según explicaron, el mecanismo permite bloquear simultáneamente todas las cuentas bancarias de una empresa por el monto total adeudado, lo que en la práctica implica inmovilizar sumas muy superiores a la deuda original.
“Debés $500 mil y te retienen hasta $2,5 millones si tenés cinco cuentas”, graficó el vicepresidente de la Unión Industrial de Salta, Julio Fazio, para Gente de Salta.
A ese escenario se suma un dato que sintetiza la magnitud del problema: de 16 sectores industriales, 14 muestran caídas en su nivel de actividad, lo que refleja una retracción extendida en casi todo el entramado productivo.
En paralelo, la industria opera con elevados niveles de capacidad ociosa, que en algunos casos rondan el 50%. En términos concretos, hoy se produce prácticamente la mitad de lo que podría generarse en condiciones normales, en un contexto atravesado por la caída del consumo, la falta de liquidez y las dificultades para sostener la cadena de pagos.
Con ese telón de fondo, el planteo del sector buscó despegarse de un reclamo de tipo prebendario y enfocarse en la necesidad de sostener la actividad y el empleo. En esa línea, las entidades industriales del Norte Grande avanzaron en la declaración de emergencia del sector y solicitaron el impulso de un proyecto de ley que contemple medidas fiscales y financieras para amortiguar el impacto de la crisis.
El pedido fue canalizado ante representantes políticos de diez provincias, con la intención de abrir una instancia de trabajo conjunto que permita atender las asimetrías estructurales de la región y evitar un deterioro mayor del entramado productivo, en un contexto donde cada caída de actividad tiene efectos que, en muchos casos, resultan difíciles de revertir.
Entre los planteos, el sector también incluyó una serie de reclamos vinculados a la carga impositiva y a los costos operativos. En particular, cuestionaron la existencia de mecanismos que funcionan como “aduanas internas” en algunas provincias —como el caso de Misiones—, donde el ingreso de mercadería implica controles y pagos adicionales que encarecen la circulación de productos dentro del país.
A nivel local, señalaron que prácticas similares se replican en algunos municipios mediante tasas de ingreso, como ocurre en distritos como Tartagal, donde las empresas deben abonar cargos para poder comercializar sus productos. Según advierten, este tipo de esquemas suma presión sobre los costos en un contexto donde la rentabilidad ya se encuentra afectada.
En esa misma línea, el sector planteó la necesidad de revisar el sistema de retenciones y saldos a favor de Ingresos Brutos, al considerar que muchas empresas terminan financiando al Estado al pagar impuestos por adelantado, lo que agrava los problemas de liquidez en un escenario de caída de la actividad.
El planteo fue presentado ante legisladores de Salta y el vicegobernador Antonio Oscar Marocco, en un contexto en el que el sector busca trasladar el reclamo al plano político y avanzar en medidas que permitan contener el deterioro de la actividad.