En el Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo, una deuda silenciosa, pero significativa se acumula mes tras mes. El gobierno de Javier Milei adeuda más de US$300 millones en pagos a las empresas encargadas de producir el gas en la República Argentina, una cifra que refleja las tensiones entre el ajuste fiscal y las necesidades del sector energético. Los números son contundentes: el Estado debe el 45% de la factura de gas correspondiente a junio, equivalente a $150.000 millones, mientras que la factura de julio, que venció el último lunes, suma otros $360.000 millones. Trasladado al tipo de cambio mayorista actual de $1.430, la deuda total con las empresas gasíferas asciende a los US$350 millones.
La preocupación del sector no tardó en materializarse en reclamos formales. A través de la CEPH (Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos) y la CADE (Cámara Argentina de Energía), las principales productoras del país enviaron cartas dirigidas a María Tettamanti y Carlos Guberman, secretarios de Energía y de Hacienda respectivamente.
En estos documentos, las cámaras empresariales advertían con claridad que las deudas acumuladas "ponen en riesgo los planes de inversión". La figura de Guberman cobra particular relevancia en esta ecuación, ya que es precisamente el secretario de Hacienda quien tiene la potestad de autorizar los pagos hacia las productoras de gas, convirtiéndose en una pieza clave para destrabar la situación.
El malestar empresarial había comenzado a gestarse mucho antes, cristalizándose en un reclamo conjunto presentado en agosto por un grupo de peso pesado de la industria. Entre las firmas que alzaron la voz se encuentran nombres que resuenan en el sector energético argentino: YPF, TotalEnergies, Tecpetrol, Pan American Energy, Vista, Shell, Chevron, Pluspetrol y Pampa Energía. "La reiteración de estas faltas impacta severa y negativamente en el flujo de fondos previsto para las inversiones de nuestros asociados", manifestaron las productoras, argumentando nuevamente que el retraso sistemático en los pagos compromete seriamente sus proyectos de expansión y desarrollo.
Pero la cuestión trasciende el simple atraso en los pagos. Las empresas han centrado parte de su enojo en un aspecto técnico pero fundamental: el no reconocimiento por parte del Tesoro nacional de los intereses por mora ni las penalidades derivadas de los incumplimientos de las cláusulas "tomar o pagar" previstas en los contratos. Estas cláusulas, habituales en la industria energética, establecen que el comprador debe pagar por una cantidad mínima de gas, independientemente de si efectivamente lo consume o no, lo que genera obligaciones financieras adicionales cuando no se cumplen los términos acordados.
El contexto más amplio de la política energética gubernamental muestra un panorama de ajuste sostenido. Desde que inició el año hasta agosto, los subsidios al sector energético sumaron US$2.331 millones, una cifra que representa una caída significativa respecto a los US$4.823 millones acumulados durante 2023. Esta reducción de más del 50% en los subsidios energéticos forma parte de la estrategia de consolidación fiscal del gobierno de Milei, aunque genera tensiones evidentes con un sector que considera estos recursos esenciales para mantener sus operaciones y proyectar inversiones futuras.