Las escenas que se vivieron en Tartagal y Mosconi durante los años ’90, con despidos masivos, retiros voluntarios y economías regionales golpeadas por la privatización de YPF, encuentran hoy un eco en el presente argentino, aunque bajo un contexto distinto.
En aquel entonces, el eje del conflicto era la transferencia de una empresa estatal al capital privado. La discusión giraba en torno temas energéticos, el papel del Estado y las consecuencias, que recayeron directamente sobre los trabajadores petroleros. En el norte salteño, la privatización no solo implicó un cambio de dueño, sino un quiebre social que derivó en desocupación estructural y en las históricas puebladas o piquetes.
En la actualidad, el escenario es diferente en su forma, pero con consecuencias que muchos consideran similares en términos laborales. El cierre de fábricas en distintos puntos del país y la pérdida de puestos de trabajo se dan en un contexto de reestructuración económica, industrial y apertura de importaciones. Ya no se trata de la venta de empresas públicas, sino de dificultades en el sector privado para sostener la actividad y el empleo.
En el centro del debate aparece la reforma laboral, impulsada y aprobada con el argumento de modernizar el mercado de trabajo y fomentar la contratación. Desde el oficialismo señalaron que la flexibilización de ciertos esquemas va a reducir la litigiosidad y generar incentivos para la inversión. La oposición, en cambio, advirtió que puede implicar un recorte de derechos adquiridos, debilitando la protección de los trabajadores y favoreciendo a las empresas. Ahora, con la sanción obtenida en Diputados y Senadores, solo es cuestión de tiempo para ver cuál de los dos argumentos se condice con la realidad, una vez que se reglamente y se aplique.
Bajo este contexto, el paralelismo con los años ’90 surge por la incertidumbre que existe entre la gente. Así como en Mosconi y Tartagal la reconversión de YPF dejó a comunidades enteras sin su principal fuente de ingresos, hoy en distintas regiones industriales el cierre de plantas, como la de Fate, y la reducción de personal generan temor y bronca en el trabajador.

Si bien la diferencia de las épocas está en el origen del proceso de cambio, el foco central encuentra su punto de similitud en el empleo y la estabilidad de miles de familias que dependen de él.
El recuerdo de un exypefiano
Carlos Acuña trabajaba en la planta de YPF en Mosconi y contó a Gente de Salta que él se adhirió al plan de retiro voluntario presentado por la empresa desde el 1988. En su momento, recuerda que las indemnizaciones que ofrecían eran altas y que pudo retirarse con 30 mil dólares, en la época del famoso “uno a uno”.
“De a poco fueron reduciendo la planta de trabajadores con el retiro voluntario y yo en ese momento ya tenía mi familia. Mi esposa era también ypefiana y ella hizo uso del retiro voluntario en el '92 mientras yo lo hice un año después”. relató.
Acuña contó que en aquella época, Mosconi perdió mucho con la privatización de YPF. No solo con puestos de trabajo, sino también a posterior con las reducciones operativas que se fueron haciendo en la planta, algo que hizo que muchos negocios que operaban en el lugar quiebren o desaparezcan, ya que la actividad en el pueblo cayó de forma abrupta.
En su memoria quedó grabada la visita de Carlos Menem a la planta, en la antesala a la famosa interna del PJ que tuvo con Cafiero, dónde prometió que los puestos de la gente de Mosconi estarían a salvo si él asumía la presidencia. “Menem ni figuraba como candidato en ese entonces pero después no solo le ganó a Cafiero en la interna, sino que llegó a presidente y el resto ya sabemos como fue”, aseguró Acuña. Y añadió: “Hasta Juan Carlos Romero se llegó a dónde estábamos, pero es otro de los que no cumplieron con lo que nos dijo”.

Ya con la promesa incumplida y él afuera de la empresa, Acuña decidió invertir su indemnización en una mesa de dinero. Una decisión que el terminó costando los 30 mil dólares que tenía, por una mala jugada que le hicieron los que manejaban esa mesa y su propio abogado, que en vez de defenderlo lo entregó. “Mi idea era la de montar un negocio propio con ese dinero y me metí a esta mesa de dinero que operaba con fondos y aval del Banco Nación. Pero al final me estafaron y cuando pensé que iba a recuperar lo invertido, mi abogado me traicionó”, recuerda.
Tras el tremendo golpe financiero y anímico que sufrió, Carlos no perdió tiempo lamentándose e hizo uso de sus habilidades para comenzar a generar ingresos con sus habilidades como perito mercantil y también con la experiencia que había obtenido trabajando en YPF. “Tenía una familia que sostener, así que me las arreglé. Trabajé en la municipalidad e incluso en los yacimientos de Acambuco y Balbuena”, afirmó.
Aunque por otro lado, Acuña recordó que no todos los exypefianos pudieron correr con la suerte de él. Muchos también cayeron en la estafa de la mesa de dinero y no se recuperaron más. “Muchos se enfermaron y murieron por la situación”, explicó con desazón.
La lectura de la situación actual
Carlos marca que la situación que le tocó vivir en aquel entonces, tiene muchas coincidencias con lo que se vive en la actualidad. Más allá de que no se trata de privatizaciones, todavía, la pérdida masiva de empleos es el factor común entre las dos épocas. Esto lo atribuye a que la calidad de los gobernantes es la misma.
“Hoy lo escucho hablar a Caputo y es el mismo discurso que utilizaba Cavallo cuando estaba con Menem, y eso que en aquel entonces Caputo seguramente estaba en pañales”, manifestó.
Y añadió: “En lo que respecta a Milei, ese tipo parece que no tiene patria, no tiene identidad. Para mi es un desastre, porque se ciega en cumplir un plan sin importarle las consecuencias que terminan pagando la gente común. Este gobierno es piramidal y a beneficios de unos pocos”.
A su vez, Acuña instó a que las personas dejen de ver a la política como una guerra entre bandos y se enfoquen más en el bien de la patria. “Hubo próceres que lucharon por la patria, por lo que hoy tenemos. Esto no es un Boca-River, la patria es lo que está en juego. En todo caso esto ya se convirtió en una lucha de los buenos contra los malos, que no quieren ver crecer al país”, concluyó.
Si sumamos un apartado comparativo sobre la protesta social, el contraste también es significativo.
De las puebladas y los piquetes a la regulación estricta de la protesta
En los años ’90, especialmente en Tartagal y Mosconi, la respuesta social frente a los despidos y la privatización de YPF derivó en formas de protesta que marcaron una época. Las “puebladas” y los primeros grandes piquetes surgieron como herramientas de visibilización ante la falta de respuestas institucionales. Los cortes de ruta, protagonizados por trabajadores despedidos y vecinos, no solo buscaban reclamar empleo, sino también instalar el conflicto en la agenda nacional. Aquellas acciones dieron origen al movimiento piquetero que luego se expandiría a otras provincias.

En ese contexto, si bien existía intervención judicial y presencia de fuerzas de seguridad, el fenómeno terminó consolidándose como un actor político y social de peso durante más de una década. El piquete se convirtió en un símbolo de resistencia frente al desempleo estructural.
En la actualidad, el escenario es distinto. Con la vigencia de normativas conocidas popularmente como “ley antipiquetes”, el derecho a la protesta se encuentra bajo un esquema más restrictivo en relación con la libre circulación. Las fuerzas de seguridad cuentan con mayores herramientas legales para intervenir ante cortes de calles o rutas, y el discurso oficial pone el foco en garantizar el tránsito y el orden público.
Para sectores críticos, esta regulación implica una limitación al derecho constitucional de manifestarse, especialmente en contextos de despidos y cierres de empresas. Desde el oficialismo y quienes respaldan estas medidas, en cambio, se sostiene que no se prohíbe la protesta, sino que se busca compatibilizarla con otros derechos, evitando bloqueos prolongados.