EconomíaUna deuda del 2001
El oficialismo volvió a avanzar en el Senado con el proyecto que busca habilitar el pago de US$ 171 millones a dos fondos buitre que mantienen litigios contra la Argentina desde el default declarado a fines de 2001, después de haber conseguido una prórroga en la Justicia de Estados Unidos que extendió hasta el 30 de junio el plazo para cerrar el acuerdo y que, además, le permitió descomprimir la tensión parlamentaria que se había generado la semana pasada, cuando la iniciativa regresó a comisión por modificaciones técnicas incorporadas sobre el cierre de la sesión.
La extensión del plazo, que fue confirmada durante una reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado convocada para volver a discutir el expediente, apareció como una salida política y judicial para el Gobierno luego del traspié que sufrió en el recinto, donde distintos bloques cuestionaron que una adenda enviada por el Ministerio de Economía no hubiera sido distribuida previamente entre los legisladores que debían votar el proyecto.
Según explicaron funcionarios nacionales , el acuerdo involucra a Bainbridge Ltd. y Attestor Value Master Fund LP, dos acreedores que quedaron fuera de los canjes de deuda realizados por la Argentina tras la crisis económica de 2001 y que, a diferencia de la mayoría de los bonistas que ingresaron a las reestructuraciones posteriores, continuaron litigando durante más de dos décadas en tribunales estadounidenses para reclamar el cobro total de los títulos.
El entendimiento contempla un pago de US$ 104 millones a Attestor y de US$ 67 millones a Bainbridge, con una quita superior al 30% sobre los montos originalmente reclamados. El Gobierno sostiene que el acuerdo permitiría cerrar algunos de los últimos litigios activos vinculados al default y levantar medidas de embargo que aún pesan sobre activos soberanos argentinos en el exterior.
Durante su exposición ante los senadores, el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, explicó que la polémica adenda incorporada la semana pasada únicamente afectaba el acuerdo firmado con Attestor y que no modificaba ni los montos previstos ni las condiciones generales del entendimiento, por lo que intentó bajar el tono de las críticas que habían frenado la votación anterior.
Según detalló, la modificación consistió en actualizar el listado de bonos incluidos en uno de los anexos del acuerdo: se eliminaron títulos que ya no estaban en manos del fondo y se incorporó otro bono que sí integraba actualmente su cartera. “La adenda actualizó el listado de bonos para reflejar la situación de tenencia real”, señaló el funcionario.
Amerio también aseguró que los bonos excluidos no podrán ser utilizados para futuros reclamos judiciales porque ya fueron desestimados con efecto de cosa juzgada. Además, aclaró que la Argentina no tenía posibilidad de verificar previamente la titularidad de esos activos debido a que los bonos soberanos pueden cambiar de manos entre distintos tenedores en el mercado secundario.
Junto al procurador también expusieron el secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía, José Ignacio García Hamilton, y el subprocurador del Tesoro, Juan Ignacio Stampalija, quienes defendieron la corrección técnica incorporada al expediente y sostuvieron que el cambio no altera el contenido económico del acuerdo que el Gobierno intenta convertir en ley antes de que expire la prórroga judicial obtenida en Estados Unidos.
La semana pasada, el tratamiento del proyecto se había frustrado en el recinto luego de que distintos sectores de la oposición y aliados del oficialismo cuestionaran que las modificaciones al texto original hubieran aparecido pocas horas antes de la votación. El expediente terminó regresando a comisión y obligó al Gobierno a renegociar los tiempos judiciales en Estados Unidos.
Con el nuevo dictamen firmado y las dudas alrededor de la adenda parcialmente despejadas, el oficialismo ahora apunta a llevar el proyecto al recinto del Senado el próximo jueves para luego enviarlo a Diputados con margen suficiente antes del vencimiento fijado para el 30 de junio, en una negociación que el Gobierno considera clave para cerrar definitivamente uno de los capítulos que todavía siguen abiertos desde el default argentino de 2001.