La Procuración del Tesoro de la Nación le solicitó a la Justicia de Estados Unidos suspender “de forma inmediata” el proceso de discovery, en el marco del juicio por la expropiación de la petrolera YPF.
El órgano que dirige el flamante procurador Sebastián Amerio le solicitó una moción de emergencia ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York para la suspensión de la etapa de exhibición y producción de documentos (discovery) del requerimiento de aplicación de sanciones y de la audiencia probatoria fijada para los días 21 al 23 de abril de este año.
Se trata de la medida que tomó la jueza Loretta Preska de solicitar comunicaciones electrónicas de funcionarios y ex funcionarios argentinos para determinar el vínculo entre la empresa YPF y el Estado argentino para luego intentar embargar activos del país y, de esta forma, sustanciar el pago de su sentencia.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, los abogados de la Argentina detallaron una presentación en donde explican la justificación para pedir la suspensión, basada en los “fundamentos sólidos” que existen para revertir la decisión apelada. Entre ellos señalan la “incorrecta apelación del derecho argentino” y el “fórum non conveniens”.
A su vez, advierten que la continuidad del discovery “ocasiona un prejuicio irreparable para la soberanía nacional”, pudiendo impactar en la “previsibilidad necesaria para el normal desarrollo de sus relaciones financieras”.
También se destacó que el interés público aconseja “evitar impactos en las relaciones exteriores” y “posibles ineficiencias procesales” si la decisión de fondo torna “abstractas” las controversias vinculadas a la ejecución.
“Cabe señalar que la Argentina ha cumplido ampliamente con las órdenes dictadas en el proceso, produciendo más de 117.500 páginas de documentación y facilitando aproximadamente 37 horas de testimonio de siete funcionarios de alto rango”. También destacó la entrega de más de 800 páginas adicionales y 86 notas de voz.
Sin embargo, los demandantes solicitaron que el país sea declarado “en desacato” y que se le impongan sanciones, las cuales Argentina consideró como “improcedentes y desproporcionales”.
En otro tramo de la presentación, se mencionó el respaldo que recibió el país del Departamento de Justicia norteamericano, el cual presentó ante el tribunal de la jueza Preska un documento a favor de la Argentina.