Funcionarios nacionales, asesores de primera línea y dirigentes libertarios aparecen inscriptos en el Régimen Simplificado de Ganancias, una herramienta creada por la ley de Inocencia Fiscal. El Gobierno sostiene que se trata de una opción contable, pero el sistema reduce la información exigida por ARCA, activa una presunción de exactitud y puede bloquear revisiones fiscales hacia atrás.
La Casa Rosada rechaza que la adhesión implique, por sí sola, un blanqueo o una irregularidad. El argumento oficial es que se trata de una herramienta “contable-operativa”, recomendada por cada contador, para hacer más simple la presentación de Ganancias. Sin embargo, el régimen no solo simplifica el trámite: también reduce los datos que el contribuyente debe informar al organismo recaudador y puede activar un “tapón fiscal” sobre períodos anteriores.
Quiénes son los funcionarios adheridos
Además del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa Bettina Angeletti adhirieron al Régimen Simplificado de Ganancias, también figuran el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; Aimé “Meme” Vázquez, titular de la Unidad de Gabinete de Asesores; Felipe Núñez, asesor del ministro Luis Caputo y titular del Banco de Inversión y Comercio Exterior; Santiago Oría, director de Realización Audiovisual de la Presidencia; y el exdiputado nacional libertario José Luis Espert, según publicó La Nación.
En el caso de Adorni, la adhesión se conoció en medio de la expectativa por la presentación de su declaración jurada, con la que buscará justificar sus bienes y patrimonio en el marco de una investigación judicial. En tanto, Sturzenegger solicitó el alta el 7 de mayo de 2026; Aimé Vázquez, el 20 de mayo; Felipe Núñez, el 1 de junio; Santiago Oría, el 6 de abril; y Espert, el 9 de junio, siempre según la información publicada a partir de registros de ARCA.
La lista también muestra ausencias relevantes. De acuerdo con esa consulta, no figuran adheridos otros ministros del Gabinete, ni la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, ni la vicepresidenta Victoria Villarruel, ni el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
Qué permite el Régimen Simplificado
El dato político no está únicamente en la inscripción, sino en el tipo de beneficio que habilita el esquema. A diferencia del régimen general de Ganancias, el sistema simplificado no exige cargar desde cero toda la declaración jurada ni informar con el mismo nivel de detalle los consumos, el patrimonio al inicio del período y el patrimonio al cierre.
El régimen está disponible para personas humanas inscriptas en Ganancias que cumplan determinados parámetros de ingresos y patrimonio. Actualmente, los topes están fijados en hasta mil millones de pesos anuales de ingresos y hasta diez mil millones de pesos de patrimonio, aunque el Gobierno ya analiza eliminar esas restricciones en una reforma a la ley.
El “tapón fiscal”, la clave del beneficio
El punto más sensible es el llamado “tapón fiscal”. Si el contribuyente presenta la declaración y paga en término, ARCA presume la exactitud de lo declarado, salvo que aparezcan discrepancias significativas.
En la práctica, ese mecanismo puede impedir que el organismo revise declaraciones anteriores, investigue diferencias pasadas o avance con sanciones tributarias sobre fondos que no habían sido informados. Es decir, no se trata solamente de una declaración más simple, sino de una herramienta que puede cerrar hacia atrás discusiones con el fisco.
Ese es el aspecto que vuelve políticamente relevante la adhesión de funcionarios. El Gobierno sostiene que no hay blanqueo automático, pero la propia arquitectura del régimen lo vincula con la Inocencia Fiscal: ingresar al Régimen Simplificado es una instancia necesaria para acceder a los beneficios más amplios de ese programa.
La defensa del Gobierno
Desde Casa Rosada intentaron separar ambos planos. Según la explicación oficial, adherir al Régimen Simplificado no significa tener fondos para blanquear ni reconocer patrimonio no declarado. Se trataría, simplemente, de una decisión contable personal, tomada en función de la recomendación de cada contador.
“Cada uno elige si adherir a este régimen simplificado o no, en función de su situación contable personal”, fue uno de los argumentos difundidos desde el Gobierno. Otra fuente oficial sostuvo que el sistema está previsto por ley, es transparente y ya fue utilizado por miles de contribuyentes.
En el entorno libertario incluso denunciaron una “caza de brujas” contra funcionarios que, según esa postura, solo eligieron un procedimiento disponible para cualquier persona que cumpla con los requisitos. Sin embargo, esa explicación no elimina la pregunta central: por qué integrantes del propio Gobierno recurren a una herramienta que reduce controles patrimoniales y puede bloquear revisiones fiscales del pasado.
El límite judicial
El blindaje fiscal no equivale a una protección judicial absoluta. Especialistas citados por medios nacionales remarcaron que la adhesión al régimen no impide que un funcionario deba justificar el origen de sus bienes ante la Justicia si existe una causa por presunto enriquecimiento ilícito.
La ley puede liberar de acciones tributarias, aduaneras o administrativas, pero no borra la obligación de explicar la procedencia lícita del patrimonio. En otras palabras, ARCA puede presumir exactitud fiscal bajo ciertas condiciones, pero eso no necesariamente alcanza para despejar sospechas judiciales sobre el origen de los fondos.
Ese punto es especialmente sensible en el caso de funcionarios públicos. A diferencia de un contribuyente común, quienes administran recursos del Estado están sometidos a un estándar mayor de transparencia. Por eso, la discusión no se agota en si la adhesión es legal o no. La discusión es política.
Una ley que también flexibiliza delitos tributarios
La Inocencia Fiscal no solo creó el Régimen Simplificado de Ganancias. También modificó aspectos centrales del régimen penal tributario. Entre ellos, elevó los pisos de evasión simple y agravada, acortó plazos de prescripción y abrió la posibilidad de evitar procesos penales si el contribuyente regulariza deudas antes de una denuncia.
Además, el Gobierno analiza ampliar todavía más el alcance del esquema. Una de las modificaciones en estudio apunta a eliminar los topes de ingresos y patrimonio para ingresar al Régimen Simplificado. Otra busca aclarar que los pagos en efectivo realizados en escrituras públicas vinculadas a inmuebles sean compatibles con los requisitos del régimen.
Ese cambio tendría impacto directo sobre operaciones inmobiliarias realizadas con ahorros no declarados. Por eso, la polémica excede el caso Adorni y alcanza al corazón de la política fiscal libertaria: menos controles, más beneficios para quienes regularizan y un Estado con menor capacidad de revisar hacia atrás.