EconomíaHay temor en el ambiente
El proyecto de adecuación de la Ley de Glaciares (26.639), que se discute en el Congreso, sumó el respaldo del Instituto Argentino de Derecho para la Minería (IADEM), que sostiene que la iniciativa no implica un retroceso ambiental sino una actualización necesaria para dotar al régimen de mayor precisión jurídica y fortalecer un federalismo ambiental más eficaz. Sin embargo, organizaciones ambientalistas y especialistas advierten que cualquier modificación podría debilitar una de las principales herramientas de protección de las reservas estratégicas de agua del país.
Argumentos a favor de la adecuación de la Ley de Glaciares
Desde el IADEM señalaron que, tras más de una década de vigencia, la ley presenta definiciones imprecisas que derivaron en interpretaciones contradictorias, conflictos de competencias y un escenario de incertidumbre jurídica tanto para las provincias como para los sectores productivos. En ese sentido, sostienen que un derecho ambiental efectivo requiere normas claras, operativas y previsibles. “La claridad normativa no disminuye la protección ambiental, la fortalece”, afirmaron.
El instituto remarcó que la Constitución Nacional establece un equilibrio entre los presupuestos mínimos de protección ambiental, que corresponden al Congreso (artículo 41), y el dominio originario de los recursos naturales, reconocido a las provincias (artículo 124). En esa línea, valoraron que el proyecto incorpore una mayor participación provincial en la gestión y protección de los glaciares, al considerar que el conocimiento técnico y territorial resulta clave para una aplicación más eficaz de la norma.
Críticas y preocupaciones de ambientalistas
No obstante, desde el ámbito ambiental expresaron reparos frente a la iniciativa. Distintas organizaciones y especialistas en derecho ambiental advierten que la revisión de conceptos centrales —como la definición de ambiente periglaciar— podría abrir la puerta a interpretaciones más flexibles que habiliten actividades extractivas en zonas sensibles. Señalan además que la Ley de Glaciares fue concebida como una norma de presupuestos mínimos precisamente para fijar límites claros a nivel nacional y evitar presiones económicas locales sobre ecosistemas estratégicos.
En ese marco, los críticos subrayan que los glaciares y áreas periglaciares cumplen un rol clave en la regulación hídrica y en la mitigación del cambio climático, por lo que cualquier modificación debe evaluarse bajo el principio de no regresión ambiental. También reclaman mayor participación ciudadana y transparencia en el debate parlamentario, así como estudios de impacto acumulativo que contemplen escenarios de largo plazo.
Desde el IADEM rechazaron estas objeciones y aseguraron que el proyecto no habilita discrecionalidades ni debilita la tutela ambiental. Por el contrario, afirmaron que la adecuación legislativa busca superar ambigüedades, brindar seguridad jurídica y fortalecer la protección efectiva de los glaciares como reservas estratégicas de agua, en línea con un federalismo de concertación.
El debate continúa en el Congreso, en un contexto donde la tensión entre desarrollo productivo, protección ambiental y reparto de competencias vuelve a ocupar un lugar central en la agenda pública.