No tienen "Paz"
Bolivia vivió este lunes una jornada marcada por bloqueos de rutas y carreteras en seis de sus nueve departamentos, en el marco de protestas impulsadas por distintos sectores sociales contra la eliminación de la subvención a los combustibles. La medida forma parte del paquete económico dispuesto por el Gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira para hacer frente a la crisis que atraviesa el país.
De acuerdo con un informe de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), se registraron al menos 20 puntos de bloqueo activos, con mayor concentración en los departamentos de La Paz, Oruro, Cochabamba y Chuquisaca, y en menor escala en Santa Cruz y Beni. Esta situación afecta seriamente la circulación en el eje central del país y las conexiones con regiones productivas y zonas fronterizas.
Las manifestaciones son encabezadas por trabajadores fabriles, transportistas, mineros, campesinos y organizaciones afiliadas a la Central Obrera Boliviana (COB), que resolvió convocar a un paro general indefinido. El principal reclamo es la derogación del Decreto Supremo 5503, que elimina el subsidio a los carburantes y establece un nuevo esquema de precios internos.
En La Paz, el secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, brindó un discurso en las inmediaciones de la plaza Murillo —zona fuertemente resguardada por la Policía— y ratificó que la medida de fuerza se mantendrá hasta lograr la anulación del decreto.
La normativa fue promulgada la semana pasada y forma parte de un conjunto de reformas económicas que también contemplan un aumento del salario mínimo, modificaciones en beneficios sociales como la Renta Dignidad y el Bono Juancito Pinto, además de un “Perdonazo Tributario” para deudas acumuladas hasta el 31 de octubre de 2025.
Desde el Ejecutivo sostienen que estas decisiones son indispensables para enfrentar la falta de divisas y el deterioro de las finanzas públicas. En Riberalta, en el departamento de Beni, este lunes se cumplió el tercer día consecutivo de bloqueos, con reclamos que combinan el rechazo al decreto con problemáticas regionales, como la baja del precio de la castaña, principal actividad económica de la zona.
En el oriente boliviano, las protestas comenzaron temprano en el municipio de San Julián, en Santa Cruz. En la capital departamental, la falta de microbuses se hizo sentir, ya que el transporte público atraviesa su cuarto día de paro. Los sindicatos reclaman un aumento de tarifas para compensar el encarecimiento del combustible.
Ante este panorama, el alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández, informó un acuerdo parcial con trufis y minibuses para establecer una tarifa provisoria de tres bolivianos, aunque advirtió que se aplicarán sanciones a quienes mantengan la medida de fuerza.
En La Paz, si bien el transporte urbano volvió a circular tras un entendimiento inicial con el Gobierno, persisten denuncias por cobros excesivos. La actividad en la sede gubernamental también se vio alterada por una multitudinaria marcha de mineros que recorrió el centro político del país en rechazo al decreto.
Cochabamba presenta una situación dispar: mientras la Federación Departamental de Cooperativas de Transporte (Fecotrac) aceptó un acuerdo con el Ejecutivo, el transporte libre mantiene bloqueos y se declaró en estado de emergencia, al asegurar que quedó fuera de las negociaciones y exigir una actualización tarifaria.
“El decreto no fue consensuado con ninguna organización a nivel nacional. No hubo convocatoria al diálogo con los dirigentes sindicales”, expresó el dirigente fabril Limbert Fernández, desde un corte instalado en la ruta que conecta Cochabamba con Oruro y La Paz, uno de los corredores más importantes del país.