El miedo al crimen, la inmigración descontrolada y la presencia de bandas organizadas galvanizan el clima preelectoral en Chile

El ambiente en Chile se siente espeso, cargado de una inquietud palpable. A medida que se acercan las elecciones presidenciales del domingo, el país parece consumido por una ola de temor.

No es la esperanza de una nueva constitución ni el optimismo de la izquierda lo que domina la conversación, sino el miedo crudo al crimen, la inmigración descontrolada y la creciente presencia de bandas organizadas que, en pocos años, han echado raíces profundas en el tejido social chileno.

Las encuestas, como termómetros febriles, confirman esta sensación. La delincuencia ha escalado posiciones hasta superar a la economía, la salud e incluso la educación como la principal preocupación de los chilenos. 

Un contundente 63% así lo manifestó en la encuesta de Ipsos "¿Qué preocupa al mundo?" de octubre, un dato que sitúa a Chile en un alarmante segundo lugar entre 30 países, superando incluso a naciones con historias turbulentas como México, Colombia y Sudáfrica.

Aunque Chile aún se considera uno de los países más seguros de América Latina, las estadísticas pintan un panorama sombrío. La tasa de homicidios se ha más que duplicado, saltando de 2,32 por cada 100.000 habitantes en 2015 a 6,0 en 2024. Los secuestros, un delito que antes era prácticamente inexistente, alcanzaron un máximo histórico de 868 casos en 2024, y la Fiscalía General del Estado vincula un preocupante 40% de ellos con el crimen organizado.

Tiroteos a plena luz del día, asesinatos por encargo con la precisión fría de un relojero, desmembramientos brutales y secuestros extorsivos, escenas que durante mucho tiempo fueron una realidad distante en otras partes de América Latina, ahora se han convertido en una presencia amenazante en las calles chilenas. 

El impacto no se limita a la seguridad personal; incluso el crecimiento económico se ha visto afectado, a medida que las personas, presas del miedo, modifican sus hábitos cotidianos, evitando salir de noche o frecuentar ciertos lugares.

Este auge del crimen ha coincidido con una ola migratoria sin precedentes, principalmente de ciudadanos venezolanos. El número de venezolanos en Chile se disparó de 82.998 en 2017 a 669.408 en 2024, según los últimos datos del censo. Esta afluencia masiva ha alimentado una reacción negativa contra la inmigración, que se ha entrelazado inevitablemente con el debate sobre la delincuencia, creando una tormenta perfecta de ansiedad social.

Lucia Dammert, una socióloga de la Universidad de Santiago especializada en crimen organizado en América Latina, describe el impacto devastador de esta doble crisis. "El aumento significativo de migrantes y delincuencia tras la pandemia generó un doble impacto en un país acostumbrado a no sufrir ninguno de los dos. No nos hemos recuperado de estos golpes", dijo Dammert. "Y eso se refleja claramente en el debate político, que no ha logrado superar el impacto y está sacando provecho de estos problemas".

En este contexto de incertidumbre y temor, la contienda electoral del domingo enfrenta a Jeannette Jara, la candidata de la coalición gobernante de izquierda por el Partido Comunista, contra una serie de aspirantes de derecha. 

La mayoría de los analistas coinciden en que la elección se definirá en una segunda vuelta el 14 de diciembre, donde las encuestas dan como favorito al ultraderechista José Antonio Kast, conocido por su discurso duro contra la inmigración y la delincuencia.

Kast ha prometido expulsar a todos los inmigrantes indocumentados y ha presentado un plan draconiano llamado "Escudo Fronterizo" que incluye la construcción de un muro fronterizo de 5 metros de altura, complementado con zanjas de 3 metros de profundidad y vallas electrificadas, una propuesta que evoca imágenes de fortalezas medievales y despierta profundas divisiones en la sociedad chilena.

Ojos, muros y minas en la frontera

Si hay un lugar que se ha convertido en el epicentro de esta crisis migratoria y delictiva, son las áridas fronteras del norte de Chile con Perú y Bolivia. Un paisaje desolado, marcado por el sol implacable y la vastedad del desierto, que se ha transformado en un campo de batalla donde convergen la desesperación, la ilegalidad y el temor, según la agencia británica Reuters.

Colchane, un pequeño pueblo en la frontera con Bolivia, hogar de apenas unos cientos de ciudadanos, en su mayoría indígenas aymaras y ancianos, se convirtió en el centro de atención nacional cuando cientos de miles de migrantes, principalmente venezolanos, comenzaron a cruzar a Chile a través de la zona a partir de 2021. La tranquilidad ancestral de este rincón remoto se vio repentinamente perturbada por la llegada masiva de personas desesperadas en busca de una nueva vida.

Los residentes, acostumbrados a dejar sus puertas sin llave y sus coches en la calle, vieron cómo su mundo se desmoronaba ante una oleada de robos con allanamiento de morada e incluso el brutal asesinato de una mujer de 85 años en abril, un crimen que destrozó la confianza y sembró el miedo en la comunidad.

Jocely García, de 33 años, siempre había disfrutado de los humedales de gran altitud y azotados por el viento de Colchane, donde sus llamas pastaban libremente a ambos lados de la frontera. A principios de este año, contó que un hombre con acento extranjero intentó robar el coche de su hermano cuando pasó por allí una mañana.

“Nunca me había pasado nada parecido”, dijo García, con una mezcla de incredulidad y resignación. “Ya no puedes salir de casa sin cerrarla con llave; si tienes algo de valor, como un coche o una bicicleta, te lo roban”. Su testimonio es un reflejo del cambio profundo que ha experimentado Colchane, un pueblo que ha perdido su inocencia y se enfrenta a un futuro incierto.

El auge del crimen organizado

Raúl Arancibia, ex fiscal jefe de la región de Tarapacá, en el norte de Chile, recuerda con precisión el momento en que escuchó hablar por primera vez de "Tren de Aragua", una banda transnacional venezolana que se convertiría en una fuerza dominante en el mundo del crimen en la región.

Fue a finales de 2021, cuando la migración venezolana a Chile crecía exponencialmente, que dos mujeres fueron detenidas al cruzar la frontera con ketamina, una droga poco común en Chile en aquel momento. La investigación posterior reveló un entramado complejo que apuntaba a Pisiga, la ciudad boliviana al otro lado de Colchane, donde el Tren de Aragua ejercía un control férreo sobre la frontera y el flujo de migrantes.

El norte de Chile, con su extensa y porosa frontera que colinda con dos importantes países productores de droga, y su importante puerto libre de impuestos, era un territorio relativamente desconocido para las organizaciones criminales internacionales. Sin embargo, la inmigración a gran escala lo puso en su radar, transformándolo en un centro estratégico para sus operaciones ilícitas.

“Y cuando se trafica con personas, uno se pregunta: ¿por qué no traficamos con armas? Si ya se tiene el control y el conocimiento de las rutas, se expande el negocio”, explicó Arancibia, ilustrando la lógica fría y pragmática del crimen organizado.

Nuevos tipos de delitos, como la extorsión despiadada, la tortura sádica y los asesinatos por encargo, comenzaron a aparecer y se extendieron rápidamente por toda la región, sembrando el terror y desafiando las normas establecidas. “Ni siquiera los criminales chilenos estaban acostumbrados a ese tipo de violencia, por lo que tuvieron que adaptarse y volverse más violentos”, dijo Arancibia, describiendo un proceso de escalada que transformó el panorama delictivo chileno.

Arancibia afirma que intentó dar la voz de alarma en Santiago en 2021, advirtiendo sobre el peligro creciente del crimen organizado, pero sus advertencias no fueron escuchadas en ese momento. El gobierno central tardó en reaccionar ante la magnitud del problema.

Fue solo cuando el presidente Gabriel Boric asumió el poder en 2022, y los homicidios alcanzaron su nivel más alto, que el gobierno progresista se apresuró a aumentar el presupuesto para la policía, aprobar nuevas leyes, crear grupos de trabajo especializados para combatir el crimen organizado y desplegar al ejército en la frontera, en un intento desesperado por contener la ola de violencia.

El gobierno chileno afirma haber arrestado a cientos de miembros del Tren de Aragua y sostiene que la banda está a la defensiva. Tanto la administración actual como la candidata Jara argumentan que levantar las leyes de secreto bancario es un paso esencial para combatir el crimen organizado, permitiendo a las autoridades rastrear el flujo de dinero ilícito.

Los candidatos de derecha, por su parte, discrepan y optan por diversos grados de mano dura para combatir a las pandillas y frenar la migración, prometiendo medidas más drásticas para restaurar el orden y la seguridad en el país.

Para Dammert, centrarse demasiado en la frontera y en los grupos delictivos organizados internacionales desvía la atención de lo profundamente arraigado que se ha vuelto el problema. "A veces nos fijamos mucho en los grupos criminales transnacionales, pero nos olvidamos de mirar a los nuestros", dijo Dammert. "Al fin y al cabo, la mayoría de los presos son chilenos y la mayoría de las bandas están dirigidas por chilenos". Su advertencia resuena como un llamado a la reflexión, instando a Chile a enfrentar la complejidad del problema y a no buscar soluciones simplistas que ignoren las raíces profundas del crimen en la sociedad chilena.