El nuevo Código Penal en Afganistán provocó controversia y repudio, ya que permite golpear a las mujeres e hijos. La normativa establece que, en caso de que los ataques provoquen moretones visibles o fracturas, la sanción será únicamente de 15 días de prisión.
El Artículo 32 establece que “si un esposo golpea a su esposa con violencia excesiva resultando en fractura, lesiones o la aparición de moretones en su cuerpo, y la esposa prueba su reclamo ante el juez, el esposo es considerado un criminal; el juez deberá sentenciarlo a quince días de prisión”.
El documento aprobado por el régimen del líder supremo Hibatullah Akhundzada dicta también que la sociedad afgana estará dividida en cuatro categorías: los clérigos, la élite, la clase media y la baja. En esa línea, el castigo por un delito ya no se medirá por su gravedad, sino por la posición social del acusado.

Esto significa que por el mismo delito, la primera y segunda categoría recibiría una simple advertencia. Para la clase media, una citación judicial y prisión, mientras que la clase baja recibirá directamente “amenazas y golpes”.
Además, el texto explica cómo deben aplicarse los castigos físicos. Por ejemplo, en caso de los latigazos, solo ese puede golpear hasta un máximo de 39 veces y no en una sola parte del cuerpo, así como tampoco en la cabeza o zonas sensibles.

Por otro lado, en varios artículos se menciona la palabra “esclavo” con frecuencia y los separa legalmente de la gente “libre”.
El código choca radicalmente con las normas internacionales de derechos humanos, al basarse en “confesiones” y “testimonios” sin investigaciones independientes, un marco propenso a la tortura.
La situación social del país agrava el escenario. El 85 % de la población vive con menos de un dólar al día, el 69 % enfrenta inseguridad alimentaria y solo el 6 % de las mujeres participa en el mercado laboral formal. Estos factores refuerzan la vulnerabilidad de mujeres y niños frente a la violencia doméstica.

