MundoAl igual que Argentina
En un giro que tensiona su histórica tradición progresista, Suecia anunció que impulsará un proyecto de ley para reducir la edad de responsabilidad penal a los 13 años en casos de delitos graves, como homicidios o violaciones, con penas previstas de al menos cuatro años de prisión. La iniciativa se alinea con debates que hoy atraviesan a varios países, incluida la Argentina, donde el presidente Javier Milei promueve una reforma similar.
El anuncio fue realizado por el Gobierno sueco en un contexto que las propias autoridades definieron como de “urgencia”. “Las medidas que implementamos deben reflejar esa seriedad”, afirmó el ministro de Justicia, Gunnar Strömmer, al señalar que durante el último año 52 menores de 15 años estuvieron involucrados en investigaciones por asesinato o intento de asesinato.
Detrás de la propuesta aparece una crisis de seguridad inédita para el país nórdico, marcada por el crecimiento de pandillas vinculadas al narcotráfico, que utilizan a niños y adolescentes como ejecutores de delitos violentos. La estrategia, según reconocen las autoridades, se apoya en la baja punibilidad de los menores y en las dificultades del Estado para intervenir de forma temprana.
Qué plantea la reforma
El proyecto establece que la nueva edad de imputabilidad entre en vigencia el 3 de julio próximo y tenga carácter experimental por cinco años, plazo tras el cual la legislación será revisada. “La idea es que en ese tiempo hayamos avanzado tanto en prevención que podamos elegir entre volver al límite de 15 años o hacer permanente el de 13”, explicó Strömmer.
De acuerdo con la iniciativa, los adolescentes de 13 y 14 años recibirían penas significativamente menores a las de los adultos. Un joven de 13 años cumpliría una décima parte de la condena de un adulto, mientras que uno de 14 recibiría una quinta parte. En casos de homicidio, esto podría traducirse en penas de uno a dos años o de tres a cuatro años, respectivamente. Aun así, los jueces conservarían la posibilidad de aplicar medidas alternativas al encierro.
Actualmente, en Suecia los menores de 15 años que cometen delitos graves quedan bajo la órbita de los servicios sociales, que pueden disponer su alojamiento en familias de acogida, centros especializados o el regreso al hogar familiar.
¿Más castigo o más protección?
La iniciativa reavivó un debate sensible: ¿endurecer las penas protege a la sociedad o vulnera los derechos de la infancia? Para muchos especialistas, el riesgo está en responder con lógica punitiva a un fenómeno que tiene raíces sociales profundas.
“El problema no es la edad penal, sino la utilización sistemática de niños por parte de organizaciones criminales adultas”, advierte el abogado y especialista en derechos de niños, niñas y adolescentes Andrés Gil Domínguez.
“Bajar la imputabilidad puede generar una sensación de respuesta rápida, pero corre el riesgo de castigar a las víctimas más jóvenes de esas estructuras, en lugar de desarticular a quienes se benefician de ellas”.
El experto subraya que el derecho internacional es claro en este punto. “La Convención sobre los Derechos del Niño establece que el encierro debe ser el último recurso y por el tiempo más breve posible. La clave está en la prevención, la protección y la intervención temprana, no en adelantar el sistema penal”.
Una discusión que trasciende fronteras
El caso sueco, según la agencia internacional EFE muestra cómo incluso los países con Estados de bienestar consolidados enfrentan dilemas complejos frente al avance del crimen organizado. La utilización de menores como “soldados” interpela no solo a la Justicia, sino también a las políticas sociales, educativas y de cuidado.
Mientras el proyecto avanza en el Parlamento sueco, la discusión vuelve a instalarse con fuerza en la agenda internacional: qué hacer con los chicos que delinquen, pero, sobre todo, qué hacer antes de que el delito los capture. La respuesta que dé Suecia en los próximos años podría convertirse en un precedente observado de cerca por el resto del mundo.